Militares colombianos admiten haber violado a una menor de edad. Ella no fue la única: hay al menos 100 casos más

El caso de la niña indígena ha causado indignación en Colombia, y ahora el Ejército reconoce que ha recibido al menos 118 denuncias de abuso sexual. Muchos de los soldados acusados siguen activos.
Una protesta en Bogotá el 29 de junio de 2020.
Una protesta en Bogotá el 29 de junio de 2020 en contra del abuso sexual de una menor, cometido por militares que se declararon culpables.Reuters
/ Source: Telemundo

La admisión de inmediato causó escándalo: un grupo de militares reconoció que habían abusado sexualmente de una niña indígena a finales de junio. Y días después se dio a conocer otro caso, muy similar. Después quedó claro el aparente patrón: se han denunciado violaciones de más de 100 soldados contra menores de edad, según reconoce el mismo Ejército de Colombia.

"Dolorosamente, quiero comunicarle a todos los colombianos" que "hemos realizado una verificación detallada desde el año 2016 de 118 integrantes de la fuerza relacionados en casos de presuntos actos sexuales contra menores", dijo Eduardo Zapateiro, jefe del ejército.

"Esto nos obliga a revisarnos interiormente", añadió durante una conferencia de prensa este miércoles, después de recriminaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De los 118 militares que han sido acusados, solo 45 fueron retirados del servicio activo, mientras que los demás están siendo investigados, según el general.

Manifestaciones en Bogotá el 30 de junio de 2020.EFE

"Todos los casos se presentan en situaciones diferentes y ameritan su estudio individual", dijo Zapateiro. "Por lo tanto, los procesos para cada uno son diferenciados".

Es decir, aseguró que el que algunos soldados acusados sigan activos "no significa impunidad. Significa que hemos actuado en lo que nos permite el marco legal".

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El general colombiano reconoció lo sucedido en una conferencia de prensa después de días de recriminaciones y protestas, y tras reportes de organizaciones civiles que sugieren que podría haber muchos más casos.

Se "deben iniciar investigaciones prontas, creíbles y ejemplares. Esta conducta es aborrecible y debe ser condenada con el mayor rigor", denunció José Miguel Vivanco, abogado chileno que dirige la oficina para las Américas de Human Rights Watch.

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Hasta el momento se sabe poco sobre los casos, pues Zapateiro dijo que no puede "estar dando información y revictimizando a las personas que han caído en este flagelo".

De los abusos conocidos, los dos más recientes fueron en contra de dos adolescentes de diferentes etnias indígenas.

Las sobrevivientes son una niña de la comunidad nukak makú de 15 años que fue llevada a la fuerza a un campamento del Ejército en septiembre pasado, y quien quedó con secuelas severas psicológicas, según la investigación recogida por la revista Semana. Y una niña de la etnia embera chamí de 14 años, que fue secuestrada a finales de junio por siete militares que ya se declararon culpables.

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Aunque una de las vejaciones sucedió hace varios meses, fue hasta este junio que se dio a conocer, gracias a las denuncias de las niñas y al trabajo de defensores de derechos humanos que hicieron escándalo. Lograron que se desatara la indignación y ahora piden apurar las investigaciones.

"Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación investigue sin dilación y esclarezcan estos hechos que ya llevan mas de ocho meses sin aclarar”, dijo Luis Fernando Arias, de la Organización Nacional Indígena Colombiana, a Associated Press.

El reconocimiento de estos abusos militares se suma a diversos escándalos vinculados a las fuerzas armadas colombianas.

Empezando por una investigación que sigue en curso sobre malos usos de la inteligencia militar, con presuntas escuchas ilegales a 130 ciudadanos, entre ellos políticos opositores y periodistas.

El año pasado, además, se reportó que el Ejército había dado una orden para duplicar la cantidad de supuestos criminales abatidos, una "cuota" que habría resultado en civiles asesinados por las fuerzas armadas.

La revelación causó estruendo al parecerse a las acciones de "falsos positivos", ejecuciones de personas a las que soldados supuestamente les plantaban armas o que las hacían parecer como integrantes de grupos armados como las FARC o el ELN.

Hay también números crecientes de asesinatos de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, homicidios atribuidos por el gobierno a grupos armados pero que en su mayoría se mantienen impunes.

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Respecto a las violaciones sexuales, Zapateiro condenó los casos que se han hecho públicos a la vez que intentó desvincular a las fuerzas armadas.

"Ningún soldado es entrenado en la institución para atentar contra los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes", aseguró este miércoles.

Zapateiro indicó que los hechos son atribuibles a "factores humanos individuales que no siempre pueden ser controlables".

Sin embargo, activistas e investigadores afirman que no es así, como Adriana Benjumea del grupo Corporación Humanas, un centro de derechos humanos y acciones en temas de género.

"Hay complicidad incluso de los superiores", dijo Benjumea a EFE, al asegurar que los altos mandos son quienes negocian con familiares de víctimas "cuando encuentran que sus muchachos cometen un delito de estos en un territorio".

Zapateiro prometió que trabajará para que no se repitan estos delitos, con protocolos como los que ya existen, al igual que capacitaciones, como las que ya se han dado a tres mil integrantes de las fuerzas.

Aseguró que hay tolerancia cero en cuanto a violencia contra las mujeres, niños y niñas.

Editado por Marina E. Franco.

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