La Corte Suprema da la razón a Trump y respalda la deportación rápida de inmigrantes sin derecho a recurrir a un tribunal de justicia

Los magistrados consideran constitucional la expulsión de inmigrantes de forma expedita y sin derecho a recurrir ante un tribunal de justicia cuando no pasan la primera prueba de “miedo creíble” a la persecución.

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/ Source: Telemundo
By María Peña

WASHINGTON.— La Corte Suprema ha dado luz verde este jueves a las deportaciones rápidas de ciertos solicitantes de asilo, al considerar constitucional que no tengan derecho a recurrir ante un tribunal de justicia si no pasan la primera prueba de "miedo creíble" a la persecución. 

Por siete votos a favor y dos en contra, la Corte Suprema ha respaldado así las tesis del presidente, Donald Trump, con un dictamen que puede afectar a cientos de miles de solicitantes de asilo.

El dictamen en el caso de un inmigrante de Sri Lanka supone un nuevo endurecimiento de las restricciones de asilo por parte de la Administración, que ha venido desmantelando el sistema de asilo.

En concreto, el dictamen emitido por el juez Samuel Alito aplica a personas detenidas en o cerca de la frontera sur y que no logran demostrar que tienen un caso de asilo legítimo en una vista preliminar.

No podrán impugnar su deportación en un tribunal federal mediante una petición de "habeas corpus", es decir, el proceso para presentar pruebas y defender sus casos. Así, podrán ser expulsados sin supervisión judicial. 

La Corte Suprema cuenta con cinco magistrados vitalicios conservadores y cuatro progresistas. Sólo dos de estos últimos votaron en contra del dictamen: Sonia Sotomayor y Elena Kagan, las dos jueces de corte progresista y nombradas por el entonces presidente Barack Obama.

Sotomayor y Kagan argumentaron que el dictamen impide que el sistema judicial "cumpla con su obligación constitucional de resguardar la libertad individual". 

Los tribunales de Inmigración dependen del Departamento de Justicia y, por lo general, siguen así las directrices de la Casa Blanca.

De inmediato, grupos defensores de los inmigrantes consultados por Noticias Telemundo, entre éstos la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU, por su sigla en inglés), rechazaron el dictamen, al insistir en que toda persona tiene el derecho constitucional a defender sus casos en los tribunales. 

Lee Gelernt, un abogado de ACLU, explicó que, bajo este fallo, el gobierno podrá deportar a cualquier solicitante de asilo que no logre demostrar "miedo creíble", privándolo de otros remedios legales.

"El Congreso tiene que corregir la ley para que las cortes puedan revisar estos casos, pero también se tiene que resguardar el proceso de entrevistas sobre miedo creíble, para que los solicitantes puedan pasar esa fase sin siquiera ir a una corte", señaló Gelernt, cuyo grupo representó al inmigrante. 

"La Administración Trump está tratando de desmantelar todas las protecciones en el proceso de (vistas sobre) miedo creíble, y la gente en la frontera debe tener el derecho de acudir a un tribunal federal como cualquier otro ciudadano, porque la Constitución no hace distinción sobre su estatus migratorio... el Congreso debe permitir que las cortes federales puedan revisar un fallo negativo en ese proceso", enfatizó.

Por su parte, Anwen Hughes, subdirectora para asuntos legales de Human Rights First, dijo que el fallo es preocupante, tomando en cuenta que la propia Corte citó estadísticas de que el 77% de los solicitantes de asilo en vías de deportación logran demostrar "miedo creíble". 

"En meses recientes hemos visto que el número de personas que pasan esa etapa en realidad es mucho menor. El restablecimiento de las protecciones para los solicitantes de asilo debe ser una prioridad para el Congreso", afirmó Hughes.

En el año fiscal 2020,  por ejemplo, el número de casos favorables sobre "miedo creíble" bajaron en un 50% a sólo el 37%, un contraste respecto a las tasas de aprobación de casos durante los gobiernos de Barack Obama y George W. Bush, que rondaron el 78%, según un análisis de Human Rights First.  

En el dictamen de 98 páginas,  la máxima corte del país falló en contra de Vijayakumar Thuraissigiam, un inmigrante de la minoría támil de Sri Lanka que fue detenido en 2017 cerca del puerto de entrada de San Ysidro (California).

El hombre huyó de su país tras ser víctima de secuestro y una paliza, pero las autoridades de asilo determinaron que éste no había demostrado un “miedo creíble” a la persecución si fuese deportado, y un juez de Inmigración respaldó esa decisión.  

Thuraissigiam impugnó esa decisión ante un tribunal federal, argumentado que no tuvo oportunidad de defender bien su caso ante los tribunales de Inmigración, que funcionan bajo la órbita del Departamento de Justicia, no del sistema judicial federal.

En general, los tribunales federales no tienen autoridad para revisar las decisiones de deportaciones exprés que emiten los jueces de Inmigración.

No obstante, el Noveno Circuito de Apelaciones había dictaminado que, bajo la Constitución, el Congreso no podía impedir el acceso a los tribunales federales de migrantes con casos como el Thuraissigiam. El dictamen de hoy anula ese otro fallo, y la Corte Suprema tiene la última palabra.

La Convención Internacional contra la Tortura, a la que Estados Unidos se sumó como país signatario en 1988, durante la Administración Reagan, prohíbe la deportación de personas que puedan ser víctimas de la persecución.

Los inmigrantes que alegan que pueden ser torturados pueden presentar su caso ante un oficial de asilo y, si éste les niega el caso, entonces pueden solicitar una revisión ante un juez de Inmigración.

Sin embargo, la Administración Trump argumentó ante la Corte Suprema que ni el Congreso ni la Constitución han dado a los inmigrantes en cuestión el derecho a que un tribunal federal revise una orden de deportación en su contra.

Según un estudio de 2015 del Centro para Víctimas de Tortura,  el 44% de los refugiados y solicitantes de asilo en EEUU han sido víctimas de tortura y, según activistas, las condiciones de inseguridad en Centroamérica dejan en claro la urgencia de protegerlos.

Con este fallo, la Corte Suprema “le hace eco a una Administración que ha sido como el peor ejemplar en el desprecio de las personas extranjeras, especialmente de países latinoamericanos… es un grave retroceso en el plano de derechos humanos”,  dijo Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, un grupo defensor de los inmigrantes en Chicago (Illinois).

La Corte Suprema está compuesta por una mayoría de jueces conservadores que se ciñen a una interpretación original de las leyes y no necesariamente a la interpretación contemporánea de la intención de la ley, se quejó Chacón.

Una ley migratoria de 1996 da vastos poderes a los jueces y oficiales migratorios sin que sus decisiones sean revisadas por cortes superiores y, según Chacón, sólo el Congreso puede corregir ese “error” que genera, a su juicio, "interpretaciones equivocadas" de la Constitución.

Desde 2004, durante la Administración Bush, las autoridades de Inmigración pueden deportar de forma expedita a inmigrantes indocumentados detenidos en un área de hasta 100 millas de la frontera y si entraron en los últimos 14 días.

La Administración Trump ha intentado ampliar esa política desde julio de 2009, de manera que se pueda expulsar del país a cualquier persona detenida en cualquier parte de Estados Unidos si entraron ilegalmente en los últimos dos años.

Ese caso, sin embargo, continúan en litigio en los tribunales federales.

En ese sentido, Tom Jawetz, vicepresidente de política migratoria del Centro para el Progreso Estadounidense, advirtió de que si las cortes le permiten a Trump ampliar a nivel nacional las deportaciones expeditas -con o sin acceso al debido proceso, pondrían en peligro los principios de justicia y del imperio de la ley en el país, y perjudicarían en particular a las minorías.

En general, la máxima corte se ha situado de parte de la Administración Trump en muchos casos migratorios, por lo que sorprendió que la semana pasada fallara en contra de la forma en que Trump canceló DACA para más de 650,000 dreamers.

La Corte Suprema aún tiene pendiente emitir dictámenes en 13 casos, incluyendo uno relacionado con el derecho al aborto. Es más que probable que los jueces extiendan su sesión hasta el mes próximo, algo que no ha ocurrido desde 1996, según un blog de la corte.

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