Desacuerdos políticos en localidad indígena de Oaxaca dejan una veintena de muertos

Reportes de tortura y gente calcinada en una masacre en San Mateo del Mar; el alcalde lo atribuye a crimen organizado mientras que pobladores comunitarios acusan al edil de orquestar la matanza.

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Quince personas, por lo menos, fueron masacradas en una localidad indígena de Oaxaca, y las autoridades comunitarias del pueblo y los líderes políticos del municipio, enfrascados en una disputa política desde hace un año, se están culpando mutuamente.

Las víctimas, trece varones y dos mujeres, fueron torturadas y quemadas vivas la noche del domingo, según la fiscalía estatal oaxaqueña. Es el segundo caso de violencia en la zona en los últimos dos meses.

Ese antecedente y lo sucedido el domingo, según una ONG de Oaxaca, es muestra de que en esa localidad "se vive una guerra en contra del pueblo".

La masacre comenzó en un filtro de revisión erigido por personas de la comunidad de Huazantlán del Río, con el que buscan evitar posibles contagios de COVID-19.

Huazantlán es parte clave del municipio de San Mateo del Mar, pues desde ahí pasa el acceso a varias de las oficinas del gobierno local. También es un sitio con población ikoot, uno de los grupos indígenas que en México se puede regir constitucionalmente según sus usos y costumbres.

San Mateo está inmerso en una fuerte disputa política desde el año pasado, cuando el presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa fue desconocido por seis comunidades y por varias de las agencias municipales de San Mateo, al considerar que su designación en 2019 fue ilegítima al no respetar esos usos y costumbres.

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Los grupos que desconocieron a Ponce Hinojosa formaron la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots, y nombraron como "alcalde único" a otro hombre, Esteban Antillón.

Es por ese desacuerdo político que lo sucedido en el retén el 21 de junio cambia según quién lo cuenta, en lo que se realiza la investigación oficial anunciada por la fiscalía estatal.

Integrantes de la Guardia Nacional en San Mateo del Mar, Oaxaca, el 22 de junio de 2020.Reuters

El gobierno municipal de Ponce Hinojosa afirma que personas de la comunidad, asistidas por el crimen organizado, comenzaron la rencilla mortal al congregarse en el filtro. Afirma también que las dos mujeres que fueron asesinadas habían estado manifestándose por presuntos abusos de integrantes de la unión.

En cambio, la unión comunitaria acusa al gobierno municipal de trabajar con un grupo armado para comenzar provocaciones. Según los líderes comunitarios, ese grupo armado presuntamente vinculado a Ponce abrió fuego cerca del filtro sanitario, justo cuando integrantes de las comunidades estaban por comenzar una asamblea.

Camino a Huazantlán, "nos encontramos que la carretera estaba bloqueada con llantas en llamas. Cuando intentamos desalojar el paso, comenzaron los disparos", denuncia la llamada alcaldía única comunitaria en un comunicado.

El grupo comunitario fue a pedir ayuda para desplazarse a Huazantlán de cualquier modo y "con presencia de la Guardia Nacional y la policía municipal, se genera un enfrentamiento con el grupo armado", según su comunicado.

La unión comunitaria denuncia entonces que los elementos de seguridad pública, como la guardia, "lejos de mantener el orden y garantizar la seguridad de las personas [...] se abrieron paso entre la gente que les pedía ayuda" y los abandonaron.

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La fiscalía estatal de Oaxaca dijo que se está investigando lo sucedido y el gobernador Alejandro Murat, cuya oficina está a 125 millas (205 kilómetros) de San Mateo del Mar, dijo que enviaría a gente. 

Sin embargo, horas después sucedió un devastador terremoto de magnitud 7.5, con epicentro en Oaxaca, y la atención se alejó de San Mateo del Mar.

Sin embargo, ahí continúa el conflicto político, atizado por las muertes irresueltas.

A falta de que se aclarare el hecho, lo sucedido en Huazantlán suma a niveles crecientes de violencia a lo largo de México.

La delincuencia y los asesinatos siguen escalando aun en medio de la pandemia del coronavirus, por la cual ya han muerto más de 21,000 personas en el país y se revirtieron algunas reaperturas pues no se avizore una disminución de la curva de contagios.

Aunque hay una baja de crímenes como secuestro y robo, en lo que va del año se han registrado 18,000 homicidios en México y los delitos sexuales han aumentado.

En total, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder en diciembre de 2018 prometiendo atender las causas de esa violencia, 53,600 personas han sido asesinadas. Incluyendo miles de mujeres y niñas en casos de feminicidio que a principios del año desataron enormes protestas y un paro nacional.

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