Estados Unidos elimina el reglamento que agilizaba los permisos de trabajo a solicitantes de asilo, ¿qué significa?

La medida, que entrará en vigor el próximo 21 de agosto, se suma a otras restricciones que ha venido imponiendo el gobierno de Trump desde su llegada al poder para eliminar alivios migratorios en la frontera sur. Expertos aseguran que ahora su Administración aprovecha la pandemia de coronavirus para reducir todavía más las peticiones de asilo.

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/ Source: Telemundo
By María Peña

WASHINGTON.— La administración Trump publicó este lunes un nuevo reglamento que elimina el límite de 30 días que tenían las autoridades para procesar los permisos de trabajo para solicitantes de asilo, argumentando que necesita más tiempo para investigar posibles casos de fraude migratorio.

El reglamento, que entrará en vigor el próximo 21 de agosto, se suma a otras restricciones que ha venido imponiendo su Gobierno desde 2017 para disuadir las solicitudes de asilo y otros alivios migratorios en la frontera sur.

Hasta ahora, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por su sigla en inglés), ha tenido un límite de 30 días para tramitar los formularios I-765 para los permisos de trabajo que obtienen los solicitantes de asilo.

Al cabo de ese período, USCIS debía notificar al solicitante sobre si su permiso de trabajo fue aprobado o denegado, pero con el nuevo reglamento, se elimina ese límite de días.

Tania, de Honduras, carga a su hijo Erick en Ciudad Juárez, en un intento por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Xinhua News Agency/Getty Images

La administración Trump justifica el cambio al asegurar que el reglamento impedía una investigación exhaustiva sobre posibles casos de fraude en las solicitudes de asilo. Se prevén cambios adicionales a lo largo de la semana.

USCIS señaló que en el año fiscal 2017, el proceso de adjudicación de permisos de trabajo para solicitantes de asilo excedió los 30 días, y el 78% de las solicitudes fueron procesadas dentro de un periodo de 60 días.

La agencia no pudo precisar el costo de contratar a más agentes federales para procesar el enorme rezago de solicitudes de asilo, “y por lo tanto no hemos calculado el gasto que se evitaría” si no se implementa el nuevo reglamento.

Para efectos prácticos, el nuevo reglamento causará demoras en el procesamiento de los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo.

En declaraciones a Noticias Telemundo, Steve Yale-Loehr, co-director de la clínica de asilo y profesor de leyes migratorias de la Facultad de Leyes de la Universidad de Cornell, consideró que el nuevo reglamento “no es más que otra restricción para los solicitantes de asilo”.

De esta manera, los solicitantes de asilo no tienen más remedio que acatar la nueva restricción, “a menos que surja un litigio para frenar la puesta en marcha del nuevo reglamento”, precisó Yale-Loehr.

La Administración “definitivamente está tratando de disuadir a la gente a que solicite asilo, pero si eres un solicitante de asilo legítimo, una persona que huye de la persecución, no te va a preocupar cuánto tiempo les tome darte un permiso de trabajo. Lo único que le preocupa a un solicitante de asilo es huir de una situación” de peligro, observó.

Por su parte, Andrea Cárcamo, abogada sénior del Centro para Víctimas de la Tortura, advirtió de que no le sorprendería si la eliminación del plazo de 30 días podría provoque que, al final, los solicitantes de asilo no reciban un permiso de trabajo del todo.

“Una demora o freno total en la emisión de permisos de trabajo para los solicitantes de asilo tendrá consecuencias perjudiciales y duraderas para la salud de sobrevivientes de la tortura y trauma severo" porque un permiso de trabajo disminuye síntomas de estrés postraumático y les ayuda a prosperar, explicó.

Un permiso de trabajo "les da un sentido de recuperar el control en sus vidas, y satisfacción al saber que pueden enviar dinero a sus familias que aún enfrentan peligro, además de que les permite mantener su mente ocupada para evitar recuerdos de tortura", enfatizó. 

Es que el Congreso, perennemente dividido sobre la política migratoria de Estados Unidos, no ha aprobado ningún proyecto de ley propuesto por la administración Trump para restringir la inmigración legal, y lograr que aprobase fondos para el muro y la seguridad fronteriza ha sido una lucha cuesta arriba. De modo que ha impuesto restricciones tanto en el proceso de asilo como en el sistema de visas legales a través de proclamaciones o medidas administrativas que no requieren la venia del Congreso.

El reglamento más reciente

El lunes pasado, la Administración publicó otro reglamento que impuso más restricciones a los solicitantes de asilo, de manera que los jueces puedan denegarles el asilo sin audiencia previa.

Ese reglamento interino, sujeto a un periodo de comentarios públicos por 30 días, prohíbe el asilo a migrantes que hayan transitado por un tercer país, como México o Guatemala, antes de llegar a la frontera sur de Estados Unidos, por lo que tendrá un gran impacto en migrantes del Triángulo Norte, y de países como Venezuela.

En esa ocasión, la Administración Trump argumentó que la crisis humanitaria en la frontera sur se debe principalmente a contrabandistas que cobran para pasar ilegalmente a migrantes económicos.

Una vez que se ponga en marcha, ese reglamento, que aplicará para quienes llegaron a la frontera sur a partir del 16 de julio de 2019, estaría violando las leyes de Estados Unidos y el derecho internacional, según activistas.  

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