Los dreamers respiran, pero millones de inmigrantes siguen en vilo por estas decisiones de Trump

Repasamos las medidas críticas del Gobierno contra los migrantes, a quién afectan y cómo pueden depender, como DACA, de decisiones judiciales.

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/ Source: Telemundo
By Francesco Rodella

La decisión de la Corte Suprema de anular la cancelación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) supone un revés judicial formidable contra el Gobierno de Donald Trump, cuyas políticas de mano dura contra los inmigrantes han sido generalmente contestadas ante la justicia por defensores de los derechos civiles. 

Estas son otras medidas adoptadas por la Casa Blanca en los últimos meses contra los inmigrantes: 

▶️Veto temporal a la entrada de inmigrantes en medio de la pandemia

En abril, Trump firmó una orden ejecutiva que suspendía temporalmente, a partir del día 23 de ese mes y por dos meses, la entrada de inmigrantes sin visa válida o de solicitantes de green cards que estuvieran fuera del país. El mandatario justificó la medida como necesaria en medio de la crisis sanitaria del coronavirus y no descartó que ese plazo se pudiese ampliar.

La medida aplica a solicitantes de residencia permanente que estén en el exterior, según explica la orden ejecutiva. Además, impide la reunificación familiar de residentes legales que solicitan a sus cónyuges e hijos en el exterior. 

Hay exenciones para cónyuges de ciudadanos estadounidenses, sus hijos naturales menores de 21 años o posibles hijos adoptados, a residentes legales, y a miembros de las Fuerzas Armadas y sus cónyuges e hijos.

También se permitió el ingreso a profesionales de la salud clave y sus familias, así como a solicitantes de green cards bajo el programa de inversionistas EB-5, y a inmigrantes con visas especiales o que sean críticos para los intereses nacionales del país. 

La medida tampoco afectó a los miles que ya viven y trabajan en Estados Unidos y han iniciado trámites de ajuste migratorio para la residencia permanente, ni a los que tienen visa temporales, como estudiantes o portadores de visas H-1B o H-2A, entre otros. 

La Asociación de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés) y otros grupos interpusieron a finales de mayo una demanda para proteger a estadounidenses de una posible separación de sus hijos y familiares aún fuera del país "por décadas" a causa de esta prohibición temporal.

Los demandantes alegan que la prohibición "obligará a muchos niños a retroceder años, incluso décadas, en su proceso de solicitud de visa" si cumplen 21 años y "pierden su capacidad de inmigrar inmediatamente a Estados Unidos, mientras la prohibición está vigente".

"Si la prohibición sigue vigente, estos hijos e hijas de residentes legales permanentes y padres ciudadanos de Estados Unidos podrían tener que esperar años, o incluso décadas, antes de emigrar" al país, resaltaron.

▶️Restricciones críticas para los solicitantes de asilo

La administración Trump ha tomado varias medidas para hacer más difícil obtener asilo en el país. 

En enero de 2019, instituyó un programa —conocido como Quédate en México y cuyo nombre formal en inglés es Migrant Protection Protocols (MPP)— que ha obligado desde entonces a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar en el país vecino la resolución de sus casos por parte de las cortes de inmigración. 

La medida fue una respuesta a la llegada de caravanas de miles de migrantes que huían de la violencia en Centroamérica y se puso en marcha en virtud de un acuerdo con el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador. 

Las autoridades migratorias de Estados Unidos han justificado la implementación de Quédate en México como un mal necesario ante el pico de llegadas. Pero esta decisión ha expuesto a miles de personas a la precariedad e inseguridad de la vida en la zona fronteriza del norte de México, gravemente afectada por la violencia del crimen organizado. Hasta abril, unos 65,000 migrantes han sido tratados bajo este programa, según el programa TRACK de la Syracuse University

A lo largo de 2019 se ha restringido ulteriormente el derecho a pedir asilo, por ejemplo con la decisión avalada por la Corte Suprema de poder rechazar solicitudes de personas que pasaron por otro país considerado seguro antes de llegar a Estados Unidos y no lo hicieron allí.

La administración Trump también emitió una regla que busca prohibir el derecho a asilo a personas con condenas por delitos menores. Expertos vieron muy probable la aprobación de esta medida tras la fase de comentarios públicos. 

Y en junio el Gobierno ha publicado una nueva regla que permite a los jueces, entre otras cosas, rechazar peticiones de asilo sin audiencia del solicitante ante una corte. Abogados de inmigración y activistas aseguran que esta medida hace casi imposible obtener la protección internacional. La regla está sometida a un periodo de revisión pública antes de entrar en efecto. 

Además, desde  marzo la Administración cerró temporalmente a viajes no esenciales la frontera sur, lo que ha impedido desde entonces formular nuevas solicitudes. Más de 40,000 migrantes, entre ellos menores, han sido expulsados desde entonces a México de forma rápida y sin ser escuchados. 

 

▶️Regla de carga pública que complica la obtención de la green card

En febrero de este año el Gobierno implementó una regla de carga pública por la cual puede negar la residencia permanente (green card) a los inmigrantes que reciban ciertos beneficios públicos.

Bajo esta regla, inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos serán definidos como una “carga pública” si reciben “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de tres años, según explicó en su momento Ken Cuccinelli, actual subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional. 

La medida hace más difícil el acceso a la green card o a la ciudadanía para inmigrantes legales que han usado servicios como asistencia alimentaria (estampillas de comidas), vales de vivienda, o programas de salud que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.

El documento añade un umbral sobre el uso de esas ayudas en “monetizables” y “no monetizables”, para evaluar si un extranjero ha hecho uso excesivo de los apoyos. Ello quiere decir que a un inmigrante se le podrá negar una visa o un cambio de estatus migratorio bajo el argumento de que podría convertirse en una carga pública, a pesar de que no haya recibido ningún beneficio público.

En marzo, la administración dijo que esta regla no se aplicaría a migrantes afectados por el coronavirus

▶️Desafío al programa TPS

Otro programa migratorio al que Trump ha intentado poner fin es el de Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), que garantiza temporalmente a migrantes en condición irregular procedentes de países con conflictos en curso, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias la posibilidad de quedarse en Estados Unidos sin ser deportados, permisos de trabajos y de viaje. 

Durante décadas, el país renovó de manera automática el TPS, pero el presidente Donald Trump quiso acabar con algunos de esos permisos. En enero de 2018, retiró el TPS a casi 200.000 salvadoreños, después de hacer lo mismo con unos 60.000 haitianos amparados con este beneficio, 5.000 nicaragüenses y 56.000 hondureños, estos últimos en mayo de ese año.

Tras ser desafiada esta decisión en los tribunales, el futuro del programa quedó en la incertidumbre. A finales del año pasado, la administración Trump anunció la prórroga hasta el 4 de enero de 2021 del beneficio migratorio para El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como para otros países.

Aún se espera que se concluyan los procedimientos judiciales que pueden determinar la finalización o la continuidad de este programa. Un año atrás, la Cámara de Representantes con mayoría demócrata y apoyo republicano aprobaron una legislación para normalizar la situación de beneficiarios de TPS y DACA, pero la mayoría republicana del Senado se ha rehusado hasta ahora a someterla a debate y votarla. 

Con información de EFE.

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