Por OCCRP, MCCI, Quinto Elemento Lab y Rise Project
En 2004, el rumano Filip Sardaru hizo una emotiva petición al gobierno de Canadá para que su familia, que huía de persecuciones en su país, fuera aceptada como refugiada.
“Suplicamos su protección lo antes posible, porque queremos proteger a nuestros hijos de la dura vida que tuvimos cuando teníamos su edad, una vida que nos aterrorizó para siempre”, imploró Sardaru a las autoridades de inmigración en su solicitud de asilo de 2004.
Pero, casi una década después de migrar exitosamente a Canadá, volvió a Craiova, una ciudad en el suroeste de Rumania, para trabajar con un grupo del crimen organizado que, según los expertos, opera una de las mayores redes globales de estafas con cajeros automáticos.
“Les rogamos que nos ofrezcan protección lo antes posible, porque queremos proteger a nuestros hijos de la dura vida que llevábamos a su edad, una vida que nos marcó para siempre”, imploró Sardaru a las autoridades de inmigración en su solicitud de asilo de 2004.
Con el tiempo, terminaría arrastrando a su hija Alisa a la vida criminal en la que estaba inmerso.
Sardaru, que pertenece a la comunidad minoritaria romaní, le describió a las autoridades migratorias canadienses el negocio que él y algunos amigos lanzaron para tratar de escapar de su “profunda miseria”. Tenían que pagar sobornos, escribió, para obtener la licencia de apertura de un bar que atendía a los romaníes, que a menudo eran rechazados en otros establecimientos.
Según Sardaru, su nuevo negocio fue un éxito pero la policía siguió acosándolo, exigiendo el pago de sobornos y bebidas gratis. El 18 de octubre de 2003, los agentes de policía “irrumpieron” en el bar y dispararon, obligándolo a saltar por una ventana. Se rompió la clavícula, según escribió en su solicitud de asilo.
A fines del año siguiente, Sardaru vivía en Montreal con su esposa. Su hija Alisa llegó al poco tiempo.
Los registros muestran que Sardaru también solicitó asilo en Gran Bretaña y en Argentina en 1998 y su esposa hizo los mismo en Portugal en 1997 y en Irlanda en 1999 y 2002.
No cabe duda de que los romaníes se enfrentan a una persecución en Rumania y en otros lugares de Europa. Es por eso que países como Canadá aceptan a algunos como refugiados.
“Muchos funcionarios rumanos niegan el alcance de la pobreza y, en especial, la discriminación sistémica y profundamente arraigada contra los más pobres, en particular los romaníes, como lo ilustran los casos de desalojos forzosos y abusos policiales”, dijo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos en un informe de 2016.
Aunque por la discriminación muchas familias romaníes se mantienen sumidas en la pobreza, los Sardaru no estaban entre ellas. De hecho, Sardaru compró docenas de casas, apartamentos y terrenos en Rumania entre 2002 y 2013.
Sardaru parece haber usado la inmigración como una manera de introducir personas en países donde podrían perpetrar delitos como la trata de personas, el fraude y las estafas con cajeros automáticos. La exitosa empresa criminal de Sardaru fue descubierta por los fiscales rumanos que investigaban a la banda de la Riviera Maya, uno de los grupos de skimming más grandes del mundo. La policía cree que Sardaru trabajó con ellos para llevar cómplices a Estados Unidos, donde podrían usar las tarjetas clonadas.
Si bien la mayoría de sus integrantes vienen de Craiova —y no de la comunidad romaní— la sede de la banda está en la Riviera Maya de México, una región que atrae a millones de turistas. Fiscales rumanos señalan que la organización fue creada alrededor de 2012 por Florian Tudor, otro nativo de Craiova.
Para ese entonces, Sardaru ya llevaba varios años traficando personas. Una habilidad que Tudor rápidamente usó. La operación de Sardaru se sobreponía a las actividades de la banda de Tudor en la Riviera Maya. Y, al mismo tiempo, fue precursora como descubrieron periodistas que revisaron cientos de registros judiciales rumanos y estadounidenses.
La organización criminal de Tudor acabaría robando unos 1,200 millones de dólares, principalmente a turistas en México que usaron cajeros automáticos que habían sido adulterados para copiar información de sus cuentas.
Con sus víctimas estadounidenses, la banda buscaba sacar el dinero de los cajeros directamente en Estados Unidos. Pues muchos bancos de ese país suelen congelar las cuentas cuando se usan tarjetas al extranjero sin notificación previa. La banda necesitaba gente de confianza para hacer esos retiros y buscaron compatriotas rumanos. Para evitar restricciones de visado era necesario que entraran ilegalmente cruzando la frontera. Y esa era la especialidad de Sardaru.
En relación con la banda de Sardaru, los fiscales rumanos rastrearon 295 casos de trata de personas solamente en 2012 y 2013.
Inicialmente, los fiscales construyeron un caso contra Sardaru, por crear un grupo criminal para traficar personas. Pero no lograron presentar esos cargos por un polémico cambio en la ley rumana en 2014, que prohíbe procesar casos por ese delito cuando se comete afuera de las fronteras del país.
Sin embargo, en 2015 condenaron a Sardaru a ocho meses de prisión por ayudar a un delincuente que huía de la justicia a entrar ilegalmente a Estados Unidos. No lo acusaron por su rol en la banda de la Riviera Maya, que sigue operando hoy en día.
Los bandidos de los cajeros
Después de que Tudor montara su banda alrededor del año 2012, sus integrantes se dispersaron por el mundo, robando información de cuentas bancarias y retirando cantidades relativamente menores a la vez.
A menudo, el dinero se mandaba a personas en Rumania, incluyendo a Sardaru, según documentos oficiales. Parte del efectivo se lavó, principalmente a través de propiedades en Craiova y en Quintana Roo, en México.
La banda tenía un grupo de personas, llamados los “recaudadores”, que viajaban por el mundo sacando efectivo gracias a la información de las tarjetas obtenida con el skimming. Alisa, la hija de Sardaru, y su compañero Sorin Velcu eran recaudadores de la banda de la Riviera Maya. Junto con otros dos rumanos, la pareja fue condenada en Indonesia tras ser sorprendida con tarjetas bancarias clonadas.
Tras obtener información de las autoridades rumanas, la policía indonesia los arrestó en marzo de 2019 en Bali. Pero solo los encarcelaron siete meses, sin saber que formaban parte de una red criminal que robaba cientos de millones de dólares anuales a víctimas del mundo entero.
La temporada de Alisa tras las rejas, en Bali, fue solo un episodio más de la vida criminal en la que ingresó de la mano de su padre. A los 24 años, ya la habían detenido por lo menos tres veces en Estados Unidos. Una por robo y las otras dos por entrar ilegalmente.
Velcu, su compañero, también entró ilegalmente a Estados Unidos, según documentos judiciales. En 2005 lo arrestaron por cruzar a Texas desde México.
Después de cumplir una condena en Indonesia en 2019, Velcu fue arrestado en Rumania por ser miembro de un grupo del crimen organizado, por extorsión y por porte ilegal de arma de fuego. Les dijo a los fiscales que se había ido de Rumania en 2005, a los 20 años, y que se había establecido en Canadá como refugiado.
En 2007, Velcu y Alisa fueron atrapados tratando de cruzar ilegalmente de Canadá a Estados Unidos, junto con su hijo de dos años. Alisa tenía 16 años en ese entonces.
Finalmente ella logró viajar a Estados Unidos como parte de la operación de su padre, traficando personas de Rumania a México y luego a través de la frontera norte. Registros judiciales muestran que fue condenada en febrero de 2013 por intentar cometer un robo en una tienda de comestibles el verano anterior en el condado de Okeechobee, Florida, a los 21 años.
El fallido intento apareció en la primera plana de Okeechobee News, que lo calificó como un “audaz robo a una tienda” y publicó fotos de Alisa y de otras cuatro mujeres rumanas con los uniformes amarillos de la prisión.
Las aspirantes a bandidas incluían la prima de Alisa, Amanda Iancu, de 19 años, quien conducía el vehículo de escape, una minivan Dodge Caravan. En la foto también sale Maria Dumitru, de 25 años, integrante de la banda de la Riviera Maya que sería detenida seis años después en el aeropuerto de Cancún con 40,000 dólares en efectivo.
Maria está casada con Gheorghe Dumitru, uno de los principales miembros de la banda. En una llamada telefónica a su suegra, que fue grabada por fiscales rumanos, Alisa dijo que Dumitru y Tudor coordinaron el robo de cajeros automáticos de 2019 en Indonesia. Los fiscales también grabaron cuando hablaba con la esposa de Tudor en Rumania.
El Okeechobee News citó un video de vigilancia del intento de robo en Florida en 2012, que muestra al grupo dentro del mercado La Fiesta, un edificio de concreto rojo y naranja. Tiene un logo de Coca-Cola en un lado de la entrada y un mural de temática mexicana al otro. Ellas distrajeron a los empleados para poder acceder a la oficina, informó el periódico.
Como parte de la trampa, Alisa, quien estaba embarazada, fingió estar a punto de parir. Pero una empleada del hospital en donde más tarde la examinaron declaró al medio local que eso no era cierto, diciendo que "no estaba cerca de dar a luz". Otros tres involucrados en el intento de robo escaparon del arresto, informó el periódico.
Al otro lado del Río Grande
Por su papel en el intento de robo, Alisa fue sentenciada a un año, nueve meses y 13 días de libertad condicional, a partir del 6 de diciembre de 2012. El Departamento de Correccionales de Florida la registró como fugitiva y no está claro adónde fue después de huir de la justicia. Un documento de una corte estadounidense registra su deportación a Rumania el 30 de marzo de 2015.
El mismo documento muestra que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Roma (Texas) detuvo a Alisa el 6 de octubre de 2015. Había cruzado el Río Grande, que es parte de la frontera con México y llega a tener 80 metros de ancho entre las ciudades de Roma y Ciudad Miguel Alemán, en el estado mexicano de Tamaulipas. Parece que usó la red de tráfico de su padre en ese intento.
Aunque el cambio en la ley rumana en 2014 impidió que los fiscales acusaran a Filip Sardaru de tráfico de personas, el caso que construyeron en su contra muestra cómo funcionó su operación, así como su relación con el grupo criminal que ejecutó la millonaria estafa de los cajeros.
El grupo de Sardaru llevaba gente a Cancún, donde la banda de la Riviera Maya tenía su sede y donde contaban con al menos un agente de inmigración corrupto que aceptaba sobornos. Los rumanos eran recogidos en el aeropuerto y llevados en autobuses a ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali y Ciudad Miguel Alemán.
Después de un par de días en bus, llegaban a hoteles donde la banda había alquilado habitaciones. Luego, coyotes mexicanos los llevaban a pie a través de la frontera. Les ordenaron que, en caso de ser capturados por las patrullas fronterizas de Estados Unidos, borraran todos los mensajes de sus teléfonos antes de arrojarlos, al igual que las tarjetas SIM.
Un rumano que fue traficado les dijo a las autoridades mexicanas que la banda le pagó 1,500 dólares a un agente de inmigración del Aeropuerto Internacional de Cancún para pasar por alto las deficiencias en su documentación y 900 dólares a tres hombres que lo recogerían en el aeropuerto, según informaron los medios locales.
Los fiscales rumanos afirman que Filip Sardaru y sus socios ganaron cerca de 2,000 euros por cada persona a la que trasladaban a través de la frontera. Si bien no todos participaron en la estafa de los cajeros, al menos tres de los rumanos traficados fueron procesados en Estados Unidos por skimming y por robar dinero de los cajeros automáticos.
Entre ellos está Giovani Hornea, quien en 2012 entró ilegalmente a Estados Unidos con la red de Sardaru junto a sus padres cuando tenía 15 años. El funcionario de inmigración y las personas con las que se encontraron en el aeropuerto de Cancún fueron arrestados en enero de 2013, según documentos de la Fiscalía General de la República de México.
En diciembre de 2017, cuando Hornea tenía 21 años, fue condenado por fraude bancario. Había sido detenido el año anterior usando skimmers y cámaras en cajeros en Nueva York y Pensilvania. Hornea fue sentenciado a 38 meses de prisión y le ordenaron pagar 156,267 dólares.
El abogado de Hornea pidió clemencia y señaló que todavía era un adolescente cuando cometió el delito. Añadió que su defendido entró a la trama por Nicolae Sarbu, un líder rumano que era diez años mayor y que fue condenado a 25 meses por el crimen.
“Sarbu le enseñó a Giovani cómo usar los dispositivos y se quedó con la mayor parte de las ganancias”, manifestó el abogado. “Sarbu sólo le daba a Giovani ‘un par de cientos de dólares’ como compensación en un esquema que generó cientos de miles de dólares”.
El defensor agregó que Hornea tenía dos hijos pequeños y estaba “tratando de forjar una vida para él y para su propia joven familia”.
Hornea debería ser liberado en enero de 2021, según su perfil en Inmate Classified, un sitio web que vincula a los prisioneros con “amigos por correspondencia”.
Hornea escribió allí que su tiempo en prisión ha sido “realmente duro y solitario” y que estaba “buscando la luz del sol para levantarme el ánimo con nuevos amigos”.
“Además, quiero que sepas que muy pronto seré un hombre libre y nunca sabremos lo que nuestro futuro ha planeado para nosotros más adelante”, escribió.
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