CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando Giovanni López, de 30 años, murió en circunstancias sospechosas bajo custodia policial tras ser arrestado injustificadamente en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, su familia denunció que el alcalde intentó comprar su silencio.
Ahora ese alcalde, Eduardo Cervantes Aguilar, enfrenta una segunda investigación: se sospecha que es colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Y no es el único.
También se indagan los posibles nexos con el narco del alcalde de Acatlán de Pérez Figueroa, la localidad de Oaxaca donde el adolescente futbolista Alexander Martínez Gómez fue baleado por policías cuando salía de comprar Coca-Cola en una tienda el 9 de junio.
La Unidad de Investigación Financiera federal congeló las cuentas de ambos como parte del operativo Agave Azul, de acuerdo con reportes de la agencia de noticias The Associated Press.
La operación, realizada en colaboración con la agencia antidroga estadounidense (DEA) y apodada como la planta típica de Jalisco de la cual se destila el tequila, indaga el posible lavado de dinero para el CJNG por parte de 1,900 personas y empresas.
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Estos reportes son indicación de cómo en México los abusos de autoridades suelen ir de la mano de la violencia de la delincuencia organizada.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo en septiembre que policías de al menos 50 municipios estaban coludidos con el narco.
“Trabajos de inteligencia nos permiten llegar a esa conclusión, tenemos muy claro el mapa de la criminalidad en el país”, declaró.
La cercanía de políticos y narcos mexicanos
Una de las teorías del delito irresuelto del 26 de septiembre de 2014, cuando policías dispararon contra un camión con estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa y 43 jóvenes fueron desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, es que los entonces alcalde y primera dama estaban coludidos con un grupo narcotraficante.
En el caso más reciente de Ixtlahuacán de los Membrillos, además de la investigación contra el alcalde y los tres oficiales que arrestaron a Giovanni López, en los últimos días ha salido a la luz que casi la mitad de los elementos de la policía (21) ni siquiera tenían permiso ni registro para ser parte del cuerpo público, de acuerdo con el Consejo Estatal de Seguridad de Jalisco.
El gobierno estatal ya tomó control del cuerpo policial de Ixtlahuacán, después de empezar a investigar al volverse viral el video de la detención y las fotos de señas de tortura a López, que desataron protestas.
Relaciones cercanas
“Plata o plomo”, lema adoptado de su símil colombiano y heredado parcialmente del sistema para cooptar a opositores del fallecido dictador mexicano Porfirio Díaz, se refiere a las amenazas hacia funcionarios y jueces con las que suele operar el crimen organizado en México.
Plata es aceptar la coima para colaborar con o hacer la vista gorda ante operaciones del narco; plomo es la muerte si el servidor público va en contra del cártel.
“El cártel regula en la ciudad de manera conjunta con las instituciones estatales […] con la policía municipal mantienen comunicación permanente”, describe el académico Gustavo Duncan en su libro Más que plata o plomo: El poder político del narcotráfico en Colombia y México.
Hay ejemplos recientes como el asesinato este martes del juez Uriel Villegas Ortiz y de Verónica Barajas, esposa del magistrado.
Villegas Ortiz es quien dio la orden judicial, en 2018, de trasladar a Rubén Oseguera, alias El Menchito, a una prisión jalisciense. De esa cárcel después fue extraditado a Estados Unidos El Menchito, hijo mayor de Nemesio Oseguera Cervantes, el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los políticos locales son de los servidores que enfrentan las mayores tasas de homicidio, especialmente cuando se acercan elecciones, en un aparente esfuerzo de grupos criminales por mantener control sobre una plaza, según estudios. En 2018 fueron asesinados decenas de candidatos locales.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue elegido en julio de 2018 con la promesa de poner fin a la violencia desatada durante los dos gobiernos previos con la llamada guerra contra el narcotráfico.
AMLO, como es apodado, dijo que se regresaría a las fuerzas armadas a los cuarteles para combatir a narcotraficantes sin la militarización, y que se atenderían las fuentes de parte de esa violencia, como la pobreza que orilla a muchos mexicanos a participar en actos de delincuencia.
Sin embargo, la violencia en México no ha dado tregua. En los primeros cuatro meses de este año, incluso con la contingencia por el coronavirus, se registraron más homicidios dolosos que en el mismo periodo de 2019.
Y el componente de militarización sigue en vigor: la Guardia Nacional que López Obrador creó para “remplazar” a la policía federal está compuesta por expolicías federales y soldados. Además, en mayo, AMLO decretó que la Guardia Nacional tendrá más labores de seguridad pública.
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