WASHINGTON.— La Corte Suprema ha asestado este lunes un duro golpe a la batalla del Gobierno que preside Donald Trump contra las jurisdicciones santuario, al negarse a revisar una decisión del Noveno Circuito de Apelaciones que respaldó una ley de California a favor de los inmigrantes.
La ley en cuestión, California Values Act, fue adoptada en 2017 y prohíbe que las autoridades locales compartan información sobre inmigrantes con la Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), incluyendo estatus legal, domicilio y fecha de puesta en libertad en caso de estar detenidos.
Esa controvertida medida, también conocida como SB54, prohíbe además que las autoridades policiales colaboren con los agentes de ICE en el arresto de inmigrantes a punto de salir de prisión.
Siguiente la tradición judicial en estos casos, la Corte Suprema no dio explicación sobre su decisión. De los nueve jueces vitalicios, solo los conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito Jr., dijeron que hubiesen apoyado estudiar la apelación de la Administración Trump.
El Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco (California), respaldó el caso sobre la ley estatal , al determinar que la ley estatal no impide la labor de los agentes federales en el campo migratorio.
Pero la Administración Trump la impugnó ante la Corte Suprema, argumentando que la ley pone en riesgo a los agentes federales y les impide identificar, arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados.
El abogado del gobierno federal ante la Corte Suprema, Noel Francisco, había dicho que la ley estatal de California permitiría que "más extranjeros deportables, que con frecuencia tienen historial criminal-, salen libres en las comunidades", poniendo en riesgo la seguridad ciudadana.
Pero el gobierno estatal de California replicó que la ley no impide las tareas migratorias de los agentes federales y que, en todo caso, la décima enmienda de la Constitución protege la soberanía de los estados, y éstos no tienen obligación de hacer cumplir leyes federales.
En ese sentido, el fiscal general de California, Xavier Becerra, había explicado que la SB54 sólo regula el uso de recursos estatales y establece las condiciones bajo las cuales las agencias locales y estatales pueden utilizarlos para colaborar con agentes federales.
En todo caso, las autoridades estatales sí cooperan con los agentes de Inmigración si éstos presentan una orden judicial, o si los inmigrantes bajo custodia han cometido crímenes violentos.
La ley estatal, que entró en vigor en enero de 2018, también deja en claro que las escuelas, hospitales y tribunales de California son "espacios seguros" para la comunidad inmigrante.
La decisión de no intervenir en el caso supone un revés para la Administración Trump, que lidera una batalla contra las jurisdicciones "santuario" y una lucha enconada contra el gobierno estatal de California, de tendencia demócrata.
La Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU, por su sigla en inglés), calificó la decisión de la Corte Suprema como "una victoria para todas las comunidades, particularmente de las minorías" que resguarda la seguridad ciudadana.
La Casa Blanca aún no ha reaccionado a la decisión de la Corte Suprema, que también determinó, en un dictamen de 6-3, que el Acta de los Derechos Civiles de 1964 protege a la comunidad homosexual de la discriminación laboral con base al género y orientación sexual.
En cualquier momento, la Corte Suprema emitirá un dictamen sobre el futuro del programa de "acción diferida" de 2012 (DACA, por su sigla en inglés), que ha protegido de la deportación a más de 750,000 jóvenes indocumentados
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