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Los peores casos de brutalidad policial en México demuestran que los abusos son cotidianos

Tortura, arrestos sin pruebas, golpizas, desapariciones. Muestra del patrón son los casos recientes de Giovanni López, muerto bajo custodia policial en Jalisco; de Melanie Martínez, joven golpeada en la cabeza por oficiales en Ciudad de México, y de Alexander Gómez, adolescente baleado por patrulleros en Oaxaca.
/ Source: Telemundo

CIUDAD DE MÉXICO.- Para las autoridades mexicanas, el uso excesivo de la fuerza, los abusos de fuerzas del orden y las detenciones arbitrarias no son eventos extraordinarios: son costumbre.

Tan solo en las últimas semanas se han acumulado varios casos de brutalidad por parte de autoridades.

Giovanni López, un joven de 30 años que trabajaba como albañil, fue arrestado sin razón y después murió con señas de tortura bajo custodia policial en Jalisco. La adolescente Melanie Martínez fue pateada en la cabeza por oficiales en la capital mexicana durante una protesta en repudio a la muerte de López. En la ciudad de Guadalajara, en otras manifestaciones contra lo sucedido a López, decenas de jóvenes fueron arrestados arbitrariamente y amenazados con ser desaparecidos.

El artista Carlos Andrés Navarra Landa falleció dentro de un cuartel de la policía estatal de Veracruz. Y el martes por la noche, el saldo a manos de policías aumentó cuando oficiales dieron un balazo a la cabeza a Alexander M. Gómez, de 16 años, en Oaxaca.

Alexander, quien aspiraba a jugar fútbol profesional, simplemente había ido a una tienda cerca de su casa para comprar refrescos cuando los patrulleros comenzaron a dispararle a quemarropa. Las autoridades locales dijeron que fue un hecho "lamentable", pero que supuestamente no hubo "mala fe".

“Hemos visto una serie de patrones que creo no son propios de gobiernos democráticos” en los últimos días y años, dice a Noticias Telemundo la abogada Sofía de Robina, quien trabaja en la asociación de defensa de derechos humanos Centro Prodh.

Patrones que continúan a pesar de nuevas leyes y protocolos que fueron exigidas por tribunales o demandadas por ciudadanos, en parte porque sigue habiendo políticas de justicia que fomentan los abusos.

“Políticas que suelen tener un impacto sobre todo en grupos vulnerables o que ya han sufrido desigualdad estructural”, agregó la abogada. Como mujeres expuestas a agresiones sexuales de oficiales, o personas jóvenes en situación de pobreza que son arrestadas con más frecuencia sin justificante, como Giovanni López.

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Tanto instituciones públicas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y organismos internacionales, como la Corte Interamericana, han señalado que hay un contexto de brutalidad por parte de autoridades en México.

Han pedido instalar mecanismos y leyes para remediarlo, aunque De Robina indica que la implementación de esos mecanismos por parte de muchas autoridades se queda corta ante “inercias” aprendidas y un “ambiente de permisividad”.

Existe, por ejemplo, desde hace apenas unos años una ley para registrar la información básica de personas que fueron arrestadas en un portal que pueden revisar ciudadanos, lo que busca también prevenir la desaparición de personas cuando están a merced de la autoridad. En las protestas de Guadalajara las autoridades hicieron caso omiso de esa ley y no registraron a los jóvenes que detuvieron.

Violaciones generalizadas

Como ha sucedido en Estados Unidos, y se ha visto en el caso de George Floyd en Minneapolis, muchas veces los abusos policiales se mantienen en secreto entre las autoridades a menos que salga a la luz un video mostrando el hecho.

Y la mayoría se mantienen impunes incluso cuando hay tal evidencia.

En México hay más de 42,000 quejas oficiales por malos tratos y tortura cometidos por policías o militares desde 2006, según un análisis de denuncias oficiales hecho por organizaciones de defensa de los derechos.

Solo el 80% de las denuncias por casos como asfixia, descargas eléctricas, violación sexual o simulación de ahogamiento (waterboarding) fueron investigadas. Únicamente hubo condena para 18 de las indagaciones, el 0.13%.

Un manifestante intenta derribar una cámara de vigilancia policial en el centro de Ciudad de México durante una protesta contra lo sucedido a Giovanni López, el 8 de junio de 2020, en la que también hubo saqueos de negocios y vidrios rotos.AP

“La detención arbitraria es una problemática continua y que representa un elemento propicio para la comisión de actos como el uso excesivo de la fuerza, la tortura y los malos tratos, delitos que se ven reforzados ante la impunidad que persiste en el sistema penal”, concluye en un informe especial la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana.

Amnistía Internacional ha alertado sobre cómo las autoridades “fabrican” delincuentes; es decir, detienen a personas a quienes torturan para que se declaren culpables de algún delito. La ONU ha recalcado en varias ocasiones que hay “graves deficiencias” en las investigaciones de abusos a los derechos humanos por las cuales se mantienen impunes los casos en México.

Un país que, además de las violaciones a garantías individuales por parte de policías, está signado por las violencias del narco y crimen organizado, los feminicidios y violencias hacia las mexicanas, así como la criminalización de poblaciones migrantes.

Continuidad de los abusos

Expertos alertan que es posible que empeore el patrón de abusos debido a la decisión reciente de encargarles a las fuerzas armadas de México tareas de seguridad pública, como sucedió en mayo con la Guardia Nacional.

Este cuerpo, propuesto en teoría para remplazar a la Policía Federal Mexicana debido al historial de abusos de esa institución, terminó absorbiendo a esos federales, al igual que a soldados. Esto, dicen académicos, ha resultado en una militarización más profunda de la seguridad pública y en que policías locales no reciban fondos para operar con mayor cercanía a la gente ni capacitación para aprender a evitar estos abusos.

Ahora la Guardia tendría entre sus atribuciones el monitoreo de manifestaciones. Justamente las protestas en México suelen ser foco de graves maltratos y de detenciones arbitrarias.

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La Guardia Nacional de México fue establecida tras una reforma constitucional e inaugurada en junio de 2019.AP / AP

En Jalisco, durante las marchas de principios de junio para exigir justicia para López y para Martínez, decenas de personas fueron arrestadas sin justificación y reportan que en la fiscalía los amenazaron.

“Los vamos a entregar al narco”, recuerda María que les dijeron las autoridades a ella y a los otros mexicanos retenidos. “Los vamos a desaparecer”, dice que también les repitieron varias veces.

María (cuyo nombre fue cambiado por temor a más represalias), su pareja, un familiar y amistades suyas fueron golpeados y subidos por policías a camionetas. Estas no tenían logotipos oficiales.

La joven cuenta que los retuvieron cuando apenas iban camino a la manifestación en la ciudad de Guadalajara, sin que hubieran hecho nada más que intentar ejercer el derecho constitucional a la manifestación.

María dice que los llevaron a la fiscalía, donde les quitaron pertenencias y celulares antes de hacer las amenazas de desaparecerlos. Ante el clamor en redes sociales, las autoridades los dejaron ir, pero primero los llevaron lo más lejos que pudieran para que los jóvenes detenidos se las arreglaran solos para regresar a sus casas, de acuerdo con María.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, admitió que elementos actuaron “de manera irresponsable y brutal”.

El año pasado, Jalisco fue el estado mexicano con más registros de personas desaparecidas: por lo menos 2,100 personas cuyo paradero se desconoce, de los 9,164 reportes por desapariciones en el país, según un informe oficial.

Un historial sangriento e impune

De Robina, la abogada, mantiene la esperanza de que las crecientes protestas tanto en Estados Unidos por George Floyd como en México por los abusos recientes resulten en un cambio y en acciones de autoridades más contundentes para poner fin a la brutalidad.

Aunque su optimismo es cauto.

“Ojalá sea un punto de inflexión”, dijo, “pero en realidad creo que no será tan fácil. Va a requerir de más tiempo, estrategias más integrales, que sí sirvan los mecanismos impulsados por las organizaciones internacionales y sociedad civil, que la ciudadanía en general también vea las protestas como más que una posible molestia y se sumen”.

“Será un camino largo, pero es necesario recorrerlo”, agregó.

Y es que ya existe un amplio listado de casos paradigmáticos en México de graves abusos policiales y de fuerzas de seguridad.

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Un junio de hace 49 años personal policial y del gobierno se infiltró armado en protestas estudiantiles, lo cual llevó a la masacre de un centenar de personas el llamado Halconazo. El 2 de octubre de 1968, el Gobierno abrió fuego contra estudiantes en la Plaza de Tlatelolco en una noche que resultó en y miles de heridos. El saldo de muertos todavía se desconoce, pero se cree que podrían haber fallecido más de 500 personas.

En 1995, la policía de Guerrero masacró a campesinos en Aguas Blancas. Los campesinos planeaban protestar porque un compañero suyo había sido desaparecido.

Dos años después, hombres armados vinculados al Ejército atacaron con machetes y pistolas a una comunidad indígena en Acteal, Chiapas. Mataron a por lo menos 45 personas, entre ellas niños y mujeres embarazadas.

Familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa marchan en la Ciudad de México para exigir justicia. AP / AP

En 2014, las fuerzas de seguridad acribillaron en Tlatlaya, Estado de México, a 22 personas acusadas de ser presuntos delincuentes. Los civiles estaban hincados o con las manos arriba, según los testimonios de mujeres sobrevivientes.

Ese mismo año, en septiembre, policías aparentemente vinculados al narco en Iguala, Guerrero, dispararon contra los camiones donde viajaban un equipo de fútbol y un grupo de estudiantes de la escuela normal de formación de maestros rurales de Ayotzinapa. Hubo disparos durante la noche y decenas de estudiantes fueron subidos a la fuerza a camionetas policiales con destino incierto. Todavía se desconoce el paradero de 43 jóvenes normalistas.

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Parte del problema que propicia la continuidad de actos de brutalidad o irregularidad policiales es justamente la impunidad de estos actos.

En los casos contados que hubo arrestos y responsabilización por tales masacres, varios de los detenidos terminaron en libertad porque no se cumplió el debido proceso: hubo tortura o se usaron pruebas falsas, según deliberaciones de órganos como la Corte Suprema mexicana.

“Los mecanismos y controles externos e internos para prevenir y sancionar, que han propuesto organizaciones internacionales y la sociedad civil, han sido implementados a medias”, dijo De Robina, la abogada.

“Mientras no haya investigación real y se sancione a los responsables, estos hechos van a seguir ocurriendo”, agregó.

Las reacciones desde el Gobierno

Las autoridades mexicanas de distintos niveles han tenido reacciones dispares a los abusos más recientes.

En Ciudad de México, después de que los policías patearon a Melanie Martínez en la manifestación del 5 de junio, Sheinbaum prometió: “Estoy solicitando […] una investigación para que se identifique y se castigue a los responsables así como a su línea de mando sin importar qué cargo tengan los imputables”.

 En Jalisco, aunque el gobernador Alfaro reconoció primero la ilegalidad de las detenciones, después descalificó las manifestaciones en sí al asegurar que fueron orquestadas para “construir” un nuevo Ayotzinapa.

A nivel federal, en tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a entender esta semana que considera que los golpes y maltratos a personas en manifestaciones recientes se deben a que hay “provocadores”.

Entre los pocos casos flagrantes de abuso policial, detenciones arbitrarias y fabricación de culpables que han sido resarcidos está el de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, tres mujeres indígenas que fueron incriminadas de un delito de secuestro que nunca sucedió y pasaron tres en prisión.

Después de años de trabajo de organizaciones sociales, la fiscalía admitió que Marcial, Alcántara y González fueron completamente inocentes y las mujeres recibieron una disculpa oficial por parte del Estado, la primera en la historia mexicana.

En la ceremonia de 2017, la hija de Francisco Marcial, Estela Hernández, ofreció un lema para seguir trabajando en contra del patrón de abusos policiales.

“Nos queda solidarizarnos con otras víctimas”, dijo, “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Diana Baptista colaboró con este reportaje.

Marina E. Franco es reportera digital en México, especializada en temas de política internacional y de género. Antes fue editora en The New York Times en Español. Puede enviarle información a marina.franco@nbcuni.com @marina_ef

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