Por Jacob Soboroff y Julia Ainsley – NBC News
LOS ÁNGELES – Los solicitantes de asilo que se encuentran recluidos en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ubicado en Arizona, donde se registra una de las más altas tasas de casos confirmados de COVID-19, denuncian que los obligaron a limpiar esas instalaciones, y “ruegan” que se les suministren medios de protección contra el virus, según una carta obtenida de manera exclusiva por NBC News.
“Esta es una situación de vida o muerte”, dice una traducción del documento, con fecha del 18 de mayo, que fue enviado al Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados, un grupo de defensa legal que interpuso una demanda en nombre de los migrantes que se encuentran en esas instalaciones.
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Los migrantes solicitaron ayuda al grupo de defensa desde el interior de uno de los 24 “tanques”, como le dicen a los espacios que albergan a 120 hombres, en el Centro Correccional de La Palma, ubicado a las afueras de Phoenix, que es operado por la empresa CoreCivic para ICE.
La versión oficial de ICE dice que, hasta el 7 de junio, 78 detenidos dieron positivo a las pruebas del coronavirus en La Palma, por lo que actualmente hay 14 casos bajo supervisión y no han sucedido fallecimientos.
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Los migrantes dicen que los funcionarios de esas instalaciones obligaron a los detenidos, que no tenían los equipos de protección personal adecuados, a limpiar y trabajar en la cocina a pesar de su temor de que fuera un foco primordial de propagación del virus dentro del centro debido al hacinamiento que se presenta durante las horas de comida.
Según la carta, cuando algunos inmigrantes comenzaron a protestar fueron castigados con amenazas verbales y encierros indefinidos. Un día, cuando los inmigrantes se resistieron a trabajar en la cocina, algunos fueron “enviados al hoyo”, como le dicen al confinamiento solitario.
Dos migrantes afirmaron que se les pidió que limpiaran la basura de la oficina de las enfermeras, donde los pacientes enfermos fueron atendidos. Uno dijo que le ordenaron que limpiara, sin guantes, una celda llena de las heces de una persona detenida que sufre de una enfermedad mental.
Otras acusaciones señalan que los guardias no usan el equipo adecuado para prevenir la infección mientras pasan de una celda a otra y “no hay medidas de distanciamiento social” mientras los inmigrantes hacen las filas para comer.
Los detenidos también describieron condiciones insalubres como un cierre que duró tres días y les impidió acceder a las duchas. Los migrantes dicen que en abril les dieron dos “máscaras desechables de muy mala calidad” y recibieron “dos máscaras de tela” en mayo. También dicen que los fines de semana no recibieron suministros básicos de higiene, como papel higiénico.
Los migrantes dicen que después de que la cocina cerró debido a las preocupaciones generadas por el COVID a mediados de mayo, les sirvieron cajas de emparedados que incluían dos rebanadas de jamón “podrido” con pan.
Los abogados de 13 personas migrantes, recluidas tanto en La Palma como en el cercano centro de detención de Eloy, que presenta 13 casos positivos, describieron las instalaciones en una demanda federal presentada el lunes como “un polvorín a punto de explotar”.
La demanda dice que los migrantes están detenidos ilegalmente porque sus audiencias de asilo se han retrasado y le pide a ICE que los libere debido al riesgo de infección por COVID-19. ICE ha liberado a más de 1,300 detenidos por motivos similares después de sus propias investigaciones u órdenes judiciales.
“Nuestros clientes nos han dicho una y otra vez que es imposible practicar el distanciamiento social durante la detención”, dijo Laura Belous, abogada defensora del Proyecto Florence, que presentó la demanda junto con la ACLU, la ACLU de Arizona y el bufete de abogados Perkins Coie.
“Resulta imposible mantener esa distancia de 1,80 metros cuando el teléfono que estás usando para hablar con tu abogado está a 30 o 90 centímetros de donde está otro tipo que también está hablando por teléfono. Cuando estás en duchas comunales. Cuando 40 o 50 hombres están tocando la misma puerta. Esa infección se propagará como un incendio forestal. Y así está sucediendo”.
“La gente no debería tener que elegir entre su salud y un caso de inmigración”, dijo Belous. “Esta es una situación que se podía evitar”.
En respuesta a una consulta de NBC News, una portavoz de ICE dijo: “Como parte de nuestros lineamientos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos no comenta sobre litigios pendientes”.
La vocera agregó que ICE ha seguido las pautas de los CDC relacionadas con el COVID-19 y que “la salud, el bienestar y la seguridad” de los detenidos es “una de las principales prioridades de ICE”.
NBC News ya había informado que la práctica de ICE de transferir a los detenidos en todo el país sin pruebas exhaustivas había ocasionado brotes de coronavirus en cinco estados.
Julia Ainsley reportó desde Washington.
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