Por Jody García
CIUDAD DE GUATEMALA — Pese a estar a 2,580 millas de distancia, cada 10 días interrumpen su encierro durante 10 minutos y, con una llamada telefónica, se conectan con el campo y las montañas de Nebaj, el municipio guatemalteco donde viven sus familias.
"Quiero ir a Guatemala, quiero estar allí, estar en mi casa, en un lugar sano, respirando aire puro, tengo derecho de estar allí", le dijo Juan Ismael Ceto Hernández a su padre, desde las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en Aurora, Colorado, donde está detenido.
Juan Ismael Ceto Hernández, de 19 años, Miguel Fredy Ceto Bernal, de 20, y Juan Dany Ceto Corio, también de 20, llegaron sin documentos de Guatemala a Estados Unidos en 2015, cuando aún eran menores de edad.
Fueron detenidos en Miami, Florida, en febrero de 2020, tras faltar a una cita de su corte migratoria. Sus padres aseguran que no recibieron la notificación; como no podían permitirse pagar a un abogado, en abril de 2020 aceptaron ser deportados.
Ahora se encuentran recluidos en una prisión del ICE en Aurora, Colorado. Desde el 10 de febrero ya sólo esperan tres asientos vacíos en un avión que los lleve de regreso a Guatemala.
Desde el 13 de marzo, cuando se detectó el primer caso de COVID-19 en Guatemala, han sido deportados a ese país, por vía terrestre o aérea, 4,990 adultos y 685 menores solos o con familiares, según el Instituto Guatemalteco de Migración.
Además, esta semana el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que hay 5,457 guatemaltecos en custodia de ICE y que 2,577 tienen orden final de deportación.
Los jóvenes estuvieron a punto de sumarse a la estadística de los migrantes retornados en tres ocasiones, explica Miguel Ceto Bernal, padre de Juan Ismael, pero los aviones se llenaron antes y ellos regresaron llorando a la prisión de ICE.
“Están tristes en la cárcel porque no hay higiene y está estrecho el lugar”, añade, “estamos preocupados porque escuchamos que hay una enfermedad y que la gente se contagia, pero ellos están en un lugar donde no hay espacio, donde comen todos juntos y no hay una distancia social”.
ICE reportó que hizo las pruebas de coronavirus a 5,096 inmigrantes y diagnosticó 1,709 casos positivos, doce de ellos en Aurora, según datos actualizados el 8 de junio. Pero actualmente hay 25,421 inmigrantes bajo custodia federal. Muchos pueden haber enfermado sin saberlo.
“Yo estoy aquí, estoy comiendo, pero y ¿mi hijo? Es por la pobreza que se va la gente de Guatemala y él ahora está allá, encerrado, donde la gente se está contagiando. Vemos las noticias y nos preocupa más”, explica Miguel Ceto, quien es hermano de Miguel Fredy Ceto Bernal y tío de Juan Danny Ceto Coro, y quien junto a toda su familia ha pedido a las autoridades de ambos países que aceleren la deportación.
El Consulado de Guatemala en Colorado confirmó que en Aurora, donde se encuentran detenidos los tres jóvenes, hay un guatemalteco que fue diagnosticado con COVID-19. Tiene 21 años, está aislado del resto del resto de personas y no ha requerido ser hospitalizado.
Para otros ya es demasiado tarde: Santiago Batén tenía 35 años y era originario de Coatepeque, a 140 millas de la Ciudad de Guatemala. Fue detenido el 2 de marzo y enviado a la prisión de ICE en Stewart, Georgia. El 28 de abril fue diagnosticado de coronavirus. Murió 26 días después.
La cancillería de Guatemala informó que esta semana se reactivaron los vuelos con migrantes retornados. Por las nuevas medidas de seguridad en cada avión viajarán aproximadamente 50 personas. Se esperan dos vuelos semanales.
El miedo a los retornados
Regresar, en cualquier caso, no es el final del camino.
“Estuve del otro lado como tres horas nada más”, cuenta Eder Vladimir Quino, de 20 años, desde su pueblo de San Antonio Palopó, junto al lago de Atitlán.
La Patrulla Fronteriza lo detuvo tras cruzar ilegalmente la frontera desde México a Estados Unidos el 21 de abril. Era su segundo intento, después de un mes de viaje.
“Cuando me fui de Guatemala ya había escuchado del coronavirus”, explica, “me dio miedo pero así me fui porque de todas formas aquí tampoco tenía nada y eso también me daba miedo”.
El presidente, Donald Trump, ordenó devolver a todos los inmigrantes y solicitantes de asilo en la frontera al comienzo de la pandemia, así que Quino fue regresado de inmediato a México. Allí compró una mascarilla y emprendió el camino de vuelta.
“Me regresé transbordando buses en México. En el camino me metí a Facebook y allí vi que había un albergue cerca de mi casa. Me fui para allá para no poner en peligro a mi familia”, explica.
Tras un viaje de dos semanas, pasó en cuarentena otros 15 días bajo supervisión de las autoridades sanitarias. Cuando al fin regresó a su aldea, meses después de haber emigrado, todo seguía igual: la misma pobreza, idéntica desesperanza.
La siembra recién empieza y los alimentos escasean, así que Quino se ha dedicado a cultivar maíz, frijol, arvejas y habas. “No voy a ir a la capital porque allí me dicen que no me dan trabajo por ser indio y agricultor”, explica molesto. Su plan es esperar dos años hasta que haya vacuna para el coronavirus y volver a intentarlo en Estados Unidos.
“Para nadie es un secreto lo que pasa allá”
“La gente ve como única opción migrar”, explica Gaspar Chumul, alcalde de otro pueblo cercano, San Andrés Semetabaj. “Más la gente joven porque en esta área no hay oportunidades”, explica, “sienten que allá hay más esperanza porque aquí todo es incierto”.
Y más ahora con el coronavirus: la región sobrevive gracias al turismo y las remesas, pero los hoteles y restaurantes llevan casi tres meses cerrados, el trabajo escasea y la ayuda prometida por el Gobierno nunca llegó. En su municipio hay un albergue para que los deportados que regresan pasen la cuarentena, aunque ahora está vacío.
“Para nadie es un secreto que el trato que reciben allí no tiene ninguna garantía”, explica sobre los migrantes detenidos por ICE en Estados Unidos, “están hacinados y son más vulnerables”. Y cuando regresan, lo hacen con “el estigma muy grande” del coronavirus, indica la diputada Ligia Hernández, del partido opositor Movimiento Semilla.
A la fecha, 186 deportados han regresado contagiados, según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala.
Algunos albergues habilitados para que pasen la cuarentena han tenido que cerrar por las quejas de los vecinos, con miedo a contagiarse, y la falta de insumos y alimentos: en Coatepeque, a 140 millas de la capital, ninguna empresa presentó una oferta al Gobierno para asegurar los suministros.
Al inicio de la crisis, a los migrantes se les tomaba la temperatura y eran sometidos a tests de forma aleatoria. El 6 de abril, el Gobierno pidió a Estados Unidos que regresara a los deportados con un certificado médico que garantizara su salud. Sólo una semana después, las autoridades sanitarias guatemaltecas reportaron que el 75% de los ocupantes de un vuelo había dado positivo. Se suspendieron durante un mes, pero pese a la contundencia de los funcionarios en público, el país siguió aceptando deportados en abril, mayo y junio.
Guatemala recibió 716 deportados en abril, 327 en mayo y 10 en junio, en un total de 16 vuelos hasta el 5 de junio, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración. Desde esta semana, se espera que lleguen dos vuelos cada siete días.
"No ha habido ninguna voluntad en parar las deportaciones", dice la diputada.
Sin embargo, a las familias de los tres jóvenes varados en Colorado lo único que les importa es que finalmente puedan regresar. “Lo que más miedo nos da es que si se contagian de alguna enfermedad los lleven a otro lado”, explica Miguel Ceto Bernal. “Así ¿cómo los vamos a encontrar?”.
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