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Trump amenaza con militarizar para frenar las protestas, pero una ley federal de 1807 impone límites. ¿Cuáles son?

La idea del presidente de sacar a los militares a las calles ha generado el rechazo general de gobernadores, líderes religiosos y grupos cívicos. Según la Constitución, el gobierno federal puede intervenir en casos de “violencia interna” en los estados, pero sólo si lo solicitan y hasta ahora ninguno lo ha hecho. ¿Qué es el "Acta de Insurrección"? Lo explicamos.
La policía militar en la entrada de la Casa Blanca el lunes 1 de junio de 2020 dispersa a quienes se manifiestan en contra de la brutalidad policial tras la muerte de George Floyd.
La policía militar en la entrada de la Casa Blanca el lunes 1 de junio de 2020 dispersa a quienes se manifiestan en contra de la brutalidad policial tras la muerte de George Floyd.AFP via Getty Images / AFP via Getty Images
/ Source: Telemundo

WASHINGTON.— La amenaza del presidente, Donald Trump, de militarizar las calles para sofocar las protestas y disturbios en más de un centenar de ciudades, le ha generado este martes acusaciones de "dictador" y "tirano", y la ley federal con la que pretende hacerlo le impone restricciones. 

Con lenguaje singularmente combativo, Trump amenazó el lunes con aplicar el “Acta de Insurrección” de 1807 para desplegar al Ejército contra violentas protestas tras la muerte del afroamericano, George Floyd, el pasado 25 de mayo. 

Desde la Rosaleda de la Casa Blanca, Trump se declaró el presidente “de la ley y el orden” y dijo que pronto “miles y miles” de soldados llegarán a la capital estadounidense.

Trump ha insistido en que apoya las manifestaciones pacíficas y que su meta es neutralizar a grupos radicales de izquierda, y su amenaza está  dirigida a autoridades locales y estatales que, a su juicio, no están haciendo lo suficiente para aplacar los saqueos, disturbios, y actos de vandalismo.

Este mismo martes el presidente instó a Nueva York a extender su toque de queda y desplegar a su Guardia Nacional para controlar los disturbios.

 De hecho, 66,722  activos de la Guardia Nacional han sido desplegados para asuntos domésticos, de los cuales 45,000 estarán destinados a tareas relacionadas con la pandemia del COVID-19 y 17,000 para tareas anti-motines.

Aún así, un funcionario de la Administración Trump afirmó que no hay planes fijos para enviar soldados contra los deseos de un estado, salvo que la situación se deteriore.

El presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, ha acusado a Trump de tener una tendencia “autócrata”, y ha programado una audiencia con el secretario de Defensa, Mark Esper, para explicar el plan en ciernes.

Como veterano de los Marines, el congresista Seth Moulton, dijo que si Trump abusa del Ejército para sofocar la disensión o suprimir las libertades, “como lo haría un tirano”, entonces los soldados deben deponer las armas y “sumarse a esta nueva marcha por la libertad”.

Por su parte, el líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja, Steny Hoyer, llamó a Trump un “autoritario” y “dictador de la división”, pero no precisó si su bancada lo censurará por la represión de manifestantes pacíficos frente a la Casa Blanca, como lo piensan hacer sus pares en el Senado.

Alcance de ley contra insurrecciones

El “Acta de Insurrección” fue adoptada en 1807 para el despliegue de milicias contra “incursiones hostiles” de tribus nativoamericanas, pero posteriormente se aplicó para proteger a la joven nación de invasiones, insurrecciones u obstrucción de las leyes.

Bajo la Constitución, la seguridad ciudadana es responsabilidad primordial de los gobiernos estatales, aunque el gobierno federal puede proteger a los estados de “invasiones o insurrecciones”.

El gobierno federal puede intervenir en casos de “violencia interna” en los estados, pero sólo si los gobiernos estatales solicitan esa ayuda, y por ahora ninguno ha pedido refuerzos militares.

En la actualidad, la mencionada ley permite el despliegue militar en tres escenarios: por solicitud de un gobierno estatal, para hacer cumplir las leyes federales, y para proteger los derechos civiles.

Trump puede desplegar al Ejército para suprimir una “insurrección o disturbio civil” sin el consentimiento de un gobernador, pero no es algo que pueda hacer automáticamente bajos las leyes actuales, explicó Matthew Hughey, analista y catedrático de la Universidad de Connecticut.

En 2007, el Congreso flexibilizó las restricciones en torno a despliegues militares para restablecer el orden público, pero al año siguiente tuvo que dar marcha atrás ante objeciones de gobiernos estatales que no querían ceder terreno, según Hughey.

Si se empeña en desplegar a soldados, Trump tendría que demostrar que los amotinados “están privando a los ciudadanos de sus derechos civiles”, observó el experto.  

Soldados de la Guardia Nacional acuden a custodiar la Universidad de Alabama para forzar la desegregación racial. Foto se tomó en Tuscaloosa, Alabama, el 11 de junio de 1963. (Photo by Shel Hershorn/Archive Photos/Getty Images)Getty Images / Getty Images

Según Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en Berkeley, la situación actual no justifica la militarización porque la ley de 1807 "requiere que haya tal desorden que prevenga el cumplimiento de las leyes federales".

"No creo que eso sea lo que está ocurriendo", afirmó Chemerinsky, quien consideró que los toques de queda han impedido una escalada.  

El “Acta de Insurrección” se utilizó por primera vez en 1808 durante la presidencia de Thomas Jefferson. De las 14 ocasiones que se ha utilizado, nueve han sido para aplacar disturbios derivados de protestas contra la injusticia racial o para proteger los esfuerzos para poner fin a la segregación racial en escuelas y universidades, enfatizó Hughey.

Según un informe del Congressional Research Service sobre las autoridades legales para el uso del Ejército,  el “Acta de Insurrección” se utilizó por última vez en 1992, durante los disturbios en las calles de Los Angeles, California, tras la absolución de cuatro policías blancos implicados en la paliza al afroamericano Rodney King.

Una escena de los disturbios en el centro de Los Ángeles, el 29 April 1992, luego de que un jurado perdonara a los cuatro agentes del Departamento de Policía de la ciudad acusados de golpear al joven negro Rodney King, en 1991.AFP via Getty Images

El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, ha sugerido en declaraciones a la cadena CNN que la amenaza de Trump es una cortina de humo para distraer la atención mediática de su pobre manejo de la pandemia del COVID-19.

“Quiere cambiar de tema… ahora ve una oportunidad en medio de los disturbios por la injusticia de lo ocurrido a George Floyd” para convertirse en “el presidente de la ley y el orden”, argumentó Pritzker.

Desarmado y esposado, Floyd murió el pasado 25 de mayo en Minneapolis (Minnesota), asfixiado por un policía blanco que hundió su rodilla en el cuello de la víctima durante casi nueve minutos.

Su muerte ha puesto los reflectores sobre la inconclusa tarea de corregir la brutalidad policial, en un país donde los afroamericanos tienen más probabilidades de morir a manos de la policía que los blancos, según el grupo Mapping Police Violence.

La presentación de cargos contra el policía, Derek Chauvin, no ha aplacado las protestas en más de un centenar de ciudades.

La idea de Trump de resolver con el mazo los disturbios ha generado el rechazo de líderes religiosos y grupos defensores de los derechos civiles, especialmente tras el ataque de la policía para dispersar una manifestación pacífica en el Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca.

Una escena excesiva

Cual escena sacada de una película de guerra, nueve camiones repletos de activos de la Guardia Nacional, enfundados en uniformes de camuflaje, enfilaron ayer hacia la Casa Blanca, mientras varios helicópteros militares sobrevolaban la zona.

Antes de que iniciara el toque de queda, la policía lanzó gases lacrimógenos contra más de mil manifestantes que gritaban consignas contra la brutalidad policial y la discriminación sistémica de las minorías, lo que generó la condena de la alcaldesa, Muriel Bowser.

Las protestas y disturbios han continuado pese a toques de queda en al menos 40 ciudades, incluyendo Nueva York y Los Ángeles, y los expertos temen que el caos empeore si Trump utiliza el “Acta de Insurrección” para desalentar protestas, no sólo para silenciar a agitadores.

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