Una mexicana demanda a contratista de ICE tras quedar embarazada: dice que fue violada y después deportada

La mujer afirma que ella y otras dos migrantes fueron víctimas de abuso en un centro de detención en Houston; se espera que la demanda sea un parteaguas.
/ Source: Telemundo

Hace dos años, tres migrantes mexicanas detenidas en Houston fueron despertadas durante la noche y trasladadas desde una celda común femenina hasta una celda cerrada. Ahí, cuenta una de ellas, tres hombres con la cara cubierta comenzaron a golpearlas y las violaron.

Horas más tarde, dice la mujer, las obligaron a vestirse e inmediatamente fueron deportadas.

Unos meses después la mujer mexicana, apodada Jane Doe para resguardar su privacidad, empezó a sentirse mareada y enferma: descubrió que estaba embarazada. No había tenido sexo con nadie por varios años antes de la presunta violación, dice, y al final tuvo a la bebé por razones religiosas.

Ahora con su hija quiere retribución por lo que dice que vivió, en un acto que pudiera abrirle la puerta a centenares de mujeres, niñas y más personas migrantes que han intentado obtener justicia después de denunciar agresiones sexuales en instalaciones migratorias estadounidenses.

La mujer ha pedido mantener el anonimato durante el proceso judicial.Cortesía de José Sánchez Law Firm

Con ayuda de tres despachos de abogados, dos en Texas y el otro en California, Jane Doe está demandando a CoreCivic, un contratista del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), para exigir que no le suceda algo similar a ninguna mujer más.

“Esta pesadilla me ha causado mucho daño y estrés. Espero que el Gobierno de Estados Unidos y los directores de estas cárceles privadas eviten que esta violencia ocurra a otros”, dice la mexicana en un video.

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La demanda civil fue presentada el miércoles en la corte federal del distrito sur en Houston (Texas) en contra de CoreCivic, compañías afiliadas, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional.

El documento legal indica que hubo “malas conductas, fracasos, actos y omisiones” que pusieron en peligro a las mujeres. Como resultado “se perpetró, se permitió y no se evitó que la demandante fuera agredida y atacada sexualmente”.

José Sánchez, uno de los abogados defensores de Jane Doe, dijo en entrevista que la demanda puede ser un parteaguas.

“En otros casos que hemos visto contra compañías de centros migrantes o contra ICE de abuso sexual, no hay referencias más que la palabra de la víctima, y muchas veces quienes pudieran haber sido testigos son amenazados para cambiar su historia”, dijo Sánchez. “Este caso se puede diferenciar porque hay una niña, alguien que es innegable”, agregó.

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Es decir, el abogado destaca que hay evidencia de un acto sexual que sería irrefutable y lo que queda durante un posible juicio es comprobar que el embarazo solamente pudo hacer sucedido en las fechas en que Jane Doe estaba detenida.

Explicó que la demanda es contra varias empresas y contra las agencias del Gobierno porque con el proceso se busca, por lo menos, descubrir las identidades de los supuestos violadores que estaban encapuchados.

CoreCivic “está a cargo de la cárcel en sí, de quién entra, quién sale, lo que hacen ahí dentro”, dijo, mientras que “las empresas de la comida y de otros giros están en el caso porque tenían acceso a la cárcel y por ello pudieran ser los que empleaban a los responsables”, dijo el abogado.

En un documento que CoreCivic presentó en 2017 en cumplimiento con la ley de eliminación de violaciones en cárceles (Prison Rape Elimination Act), la empresa reconoció que habían surgido por lo menos ocho denuncias de agresiones sexuales perpetradas por sus empleados contra personas detenidas.

ICE dijo que no haría comentarios específicos respecto a la demanda presentada el miércoles, pero que los empleados y contratistas de la agencia “deben cumplir con los estándares más altos de conducta ética y profesional”.

En respuesta a una solicitud de comentarios de Noticias Telemundo, CoreCivic aseguró que no ha recibido notificación sobre la demanda de Jane Doe y que tampoco discute litigaciones pendientes.

El departamento de asuntos públicos de la empresa agregó que “hay una política de cero tolerancia ante todas las formas de acoso o abuso sexuales” dentro de sus instalaciones.

Además, CoreCivic dijo que hay “varias opciones” para reportar posibles casos de delitos de ese tipo en sus instalaciones, como llamar a la línea de asistencia National Sexual Assault Hotline, gestionada por la asociación civil RAINN, o escribirle al encargado del centro de detención (en este caso, David Price, una de las personas demandadas).

A principios de mayo, un grupo en El Paso presentó una acción judicial contra ICE al argumentar que en varios centros de Texas no se cumple el derecho de los migrantes a poder hacer llamadas telefónicas. Muchas personas migrantes no saben hablar ni escribir suficiente inglés para redactar cartas oficiales.

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Sánchez, el abogado, dijo que la demanda civil es tan solo el primer paso para un proceso judicial que seguramente se extenderá por meses o hasta años.

Aun así, Jane Doe y su equipo tienen planeado impulsar las acciones por cuanto tiempo sea necesario.

“Ella dice que quiere seguir con esto, para tener justicia en su caso, pero sobre todo para que esto no le pase a más personas”, dijo Sánchez. También lanzó un llamado: “Si hay mexicanas que han pasado por esto y que tienen niños por eso, o no, quiero que sepan que se puede hacer algo”.

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