La mañana del martes millones de venezolanos creyeron que se les había dañado el televisor. Los decodificadores de la señal de Directv, la cableoperadora más extendida en el territorio venezolano, mostraban la pantalla en negro con un código de error.
Esta vez de nada valió la receta tradicional en esos casos: sacar la tarjeta, limpiarla, soplarla o resetear el aparato. La señal se fue para no volver dejando sin servicio de televisor a por lo menos dos millones de hogares, en plena pandemia de coronavirus en una Venezuela que atraviesa una etapa casi medieval, con los servicios de agua y electricidad corriente en su peor momento y distribución mínima de combustible.
Desde el gobierno de Donald J. Trump se había advertido a la compañía propiedad de la estadounidense AT&T que debía dejar de transmitir la señal de dos canales alineados con el chavismo, uno de ellos propiedad de Raúl Gorrín, sancionado también por el Departamento del Tesoro. El régimen de Nicolás Maduro, negado a permitir que estos canales fueran eliminados de la grilla de transmisión –lo mismo ha ordenado en los últimos tres años sacar al menos diez canales independientes de información y noticias– puso en jaque a la empresa que optó por cesar sus operaciones en el país para evitar ser sancionada por Washington.
“Debido a que es imposible que la unidad DIRECTV de AT&T cumpla con los requisitos legales de ambos países, AT&T se vio obligado a cerrar sus operaciones de TV paga en Venezuela”, dice el comunicado que terminó sin ambages una transmisión que comenzó en 1996 y que había cosechado 2.2 millones de suscriptores y más de 600 empleos.
Pero estos números no le hacen justicia a la importancia que tenía el servicio para los venezolanos. Los expertos insisten en destacar que no es lo mismo el número de suscriptores que de usuarios, y que se calcula que por cada suscriptor al menos cuatro personas se ven afectadas.
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Esto significa que al menos nueve millones de personas se quedaron sin la única ventana de entretenimiento e información a la que tenían acceso, sin contar conque Directv en Venezuela cargaba señales de estaciones de radio y servicio de Internet.
Esta operadora de televisión por cable tenía además la mayor penetración en el territorio venezolano, incluso en las zonas más pobres del país, donde sin importar la precariedad de las viviendas –paredes de bloques o techos de láminas de zinc– casi siempre podía divisarse la antena redonda y gris de Directv.
Así, de un día para otro, los millones de usuarios que tenían acceso a decenas de canales de entretenimiento e información, quedaron con posibilidad de acceder solo a una docena de estaciones de televisión abierta, todas (con la excepción de dos) con líneas editoriales y de programación abiertamente pro oficialistas y, en muchos casos, con claras líneas de censura informativa.
“La situación en que quedamos es grave”, explica el experto en telecomunicaciones Fran Monroy. “En Venezuela teníamos, en cuanto a los operadores de televisión por suscripción, cuatro servicios satelitales a comienzos de año y va quedando solo uno que es Inter satelital.
Directv impactaba mucho en las clases D y E porque con un dólar podías pagar la renta básica que en otros países cuesta entre 50 y 70 dólares. A diferencia de otros países de América Latina donde Directv es para sectores A y B en Venezuela es muy D y E”.
Sed y oscuridad
Pero para los venezolanos, aún cuando tenían Directv, la pandemia de coronavirus tornó su vida en una pesadilla más profunda de privaciones y escasez. Los servicios públicos del país, específicamente el agua corriente y la electricidad, en estado de mínimo funcionamiento desde hace por lo menos diez años hoy llegan a los hogares más intermitentes que nunca.
Una joven diseñadora gráfica que vivía en el sector de Palo Verde, al este de Caracas, lo describe. “El tema de la pandemia ha empeorado las cosas, ha habido días en que acá pasamos hasta 24 horas sin electricidad. El agua también ha faltado muchísimo, la ponen media hora cada dos días”. Ante esta situación acudió a la casa de un familiar en la zona de Capitolio, al centro de la capital venezolana, donde no encontró una situación muy diferente. “Acá hace dos meses no hay agua corriente, solo viene una cisterna cada ocho días”.
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Ya es una postal cotidiana ver largas filas de personas al pie del Ávila –la montaña que rodea Caracas– tratando de llenar garrafas y pipotes en los escasos surtidores del agua que baja del enclave natural. Lo mismo pasa en otros sectores, como el barrio José Félix Ribas, de Petare, donde la gente trata de surtirse de un grifo que sale de la calle.
En zonas periféricas de la capital, como la ciudad de Los Teques, en el estado Miranda, la pandemia también ha recrudecido la escasez de agua. “Antes nos llegaba viernes y sábado, pero desde hace como dos meses la ponen cuatro horas una sola vez a la semana. El agua llega sin fuerza entonces no da para que se llenen los tanques del edificio”, explica una periodista de la zona a Noticias Telemundo.
El servicio eléctrico también ha mostrado su peor cara desde que comenzó la pandemia. Mientras a gran escala, solo en marzo se registraron apagones los días 12, 20 y 26 de ese mes –que duraron varias horas y afectaron a por lo menos ocho estados del país que concentran más de la mitad de la población– la ciudadanía está sometida a diario a interrupciones del servicio de mayor o menor duración. Los menos afectados son los caraqueños, que sufren los “bajones” de luz constantemente pero no llegan a perder por completo el servicio, mas no así los habitantes de la provincia.
En estados como Táchira, fronterizo con Colombia, el servicio eléctrico se interrumpe en promedio seis horas cada día; esta semana en estado central de Lara se reportaron protestas en sectores que llevaban hasta 20 horas sin servicio eléctrico y diariamente, en Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, la electricidad llega solo entre tres y seis horas al día. Este jueves amaneció sin luz desde un apagón que comenzó a las once de la noche anterior.
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La intermitencia del servicio eléctrico también ha generado otro daño colateral, la conectividad a Internet, que ha registrado una ralentización en términos de velocidad y capacidad en los últimos dos meses.
Según monitoreos realizados por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela durante dos días de marzo y otros tres de abril, desde que fue decretado el confinamiento por parte del régimen venezolano han empeorado las condiciones de acceso a la red para los venezolanos. “De acuerdo con las 215 pruebas recogidas y analizadas por esta organización, el promedio de velocidad de navegación en internet para Venezuela en esos momentos, desde los servicios de redes fijas, fue de 1.1 megabit por segundo”. La velocidad promedio de conectividad en América Latina es de 4 megabites.
Esta intermitencia en los servicios, colmada con la salida de Directv, ha sido respondida por los venezolanos con fuertes cacerolazos cada noche desde el martes de esta semana. La organización independiente Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó en abril 716 protestas en toda Venezuela por diferentes motivos. El informe destaca que “464 protestas fueron por servicios básicos, principalmente por electricidad, agua potable y gas doméstico”.
Gasolina, ni en gotas
Bajo estas condiciones, el régimen de Nicolás Maduro decretó la extensión del estado de alarma y orden de confinamiento durante otro mes a partir del pasado 13 de mayo asegurando que se trata de una medida para la protección de la población ante el coronavirus.
Sin embargo, al 20 de mayo con 824 casos oficialmente confirmados como positivos (262 recuperados y 10 fallecidos), no son pocos los que piensan que esta decisión responde más a una estrategia de contención ante otro obstáculo que tiene realmente detenida a la población de 32 millones de habitantes: la escasez de gasolina. Al menos dos semanas antes de que en Venezuela se decretara por primera vez la orden de confinamiento, el 16 de marzo, ya se divisaban estaciones de servicio cerradas y larguísimas filas en las pocas que estaban abiertas.
La paradójica escasez de combustible en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo es un fenómeno que venía agudizándose en los últimos años ante el desmantelamiento progresivo –por falta de inversión y mantenimiento así como migración masiva de trabajadores– de las refinerías del país y en general de la industria petrolera venezolana.
Petróleos de Venezuela (PDVSA), que llegó a producir hasta 2.8 millones de barriles diarios de crudo hace al menos cinco años, se hundió a niveles de producción de hace 40 años, y ahora produce una cantidad que apenas excede los 600,000 barriles diarios según conteos de agencias petroleras independientes. Oficialmente, el gobierno venezolano aseguró que en abril produjo 730,000 barriles diarios.
Documentos citados por la agencia de noticia Reuters señalan que aunque las refinerías venezolanas podían procesar hasta 1.3 millones de barriles diarios, esta capacidad bajó a 101,000 barriles y solo hicieron lo propio con 7.000 barriles diarios en marzo. La agencia destaca que estos meses, las autoridades venezolanas solo distribuyeron dentro del país el equivalente a 3,000 barriles diarios, menos de 20% de los 170,000 barriles diarios que distribuía antes del encierro por la pandemia.
La importación constante de combustible que hacía el Estado venezolano desde hace años para suplir la demanda interna y que en su mayoría se destinaba a surtir a Caracas, recibió un golpe adicional con las sanciones a Petróleos de Venezuela impuestas desde Washington a comienzos de este año, llevando casi a mínimos absolutos la distribución de gasolina en Venezuela.
Esto generó otro fenómeno durante la pandemia: el surgimiento de un mercado negro de combustible, un hecho prácticamente impensable en la Venezuela que en diciembre todavía vendía la gasolina más barata del mundo . Hoy, los pocos ciudadanos que han logrado surtirse de combustible lo han hecho tras filas de hasta 48 horas y otros han optado por pagar hasta tres dólares por litro y almacenarla si tienen que desplazarse en casos de emergencia.
Hace dos días el sindicato de trabajadores de la petrolera venezolana advirtió que pronto podría ocurrir una crisis de distribución también con el gas doméstico, pues la principal planta de fraccionamiento de gas del país, ubicada en el estado Anzoátegui, paralizó sus actividades el 14 de mayo y actualmente se distribuye lo que queda de reserva. “Ese gas que queda no durará mucho si se toma en cuenta que el consumo es diario y que 90% de la población usa gas por bombonas o directo y no habrá forma de reponerlo”, afirmó el director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Eudis Girot.
Actualmente van camino a Venezuela cinco buques cargados con gasolina que envía el régimen iraní a Venezuela en abierto desafío a las sanciones impuestas desde Washington. El cargamento, que supondrá tensión en el Mar Caribe en los próximos días, ha sido cuantificado como un alivio de combustible que, de llegar a Venezuela, solo alcanzará para un máximo de 30 días.
Muchos venezolanos se quejan de que las sanciones no han logrado el objetivo de presionar a Maduro hasta su dimisión y resienten que el cerco ha empeorado aún más su calidad de vida, en un momento en el que la pandemia los tiene recluidos y la oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, luce más fragmentada que nunca.
Con información de Reuters
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