Inmigrantes denuncian que sufren secuelas tras su paso por un centro de detención de ICE: "No he podido olvidar lo que viví"

Estuvieron en un centro de detención de ICE y este lunes contaron cómo fueron los meses que pasaron detenidos en una prisión de Maryland, donde la Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas renta espacio para sus detenidos. “Si alguien te tira orines, leche podrida, tienes que aguantar".

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/ Fuente: Telemundo
Por María Peña

WASHINGTON.— Pedro y  Miguel jamás cruzaron caminos en su travesía hacia Estados Unidos pero ahora los une que este lunes denunciaron cómo el trauma, la humillación, una atención médica deficiente y el acoso de otros reos en una cárcel bajo contrato de ICE. Sus testimonios se sumaron al llamado de grupos cívicos para que la agencia suelte a inmigrantes que corren más riesgo de enfermarse del COVID-19.

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Durante una videoconferencia organizada por CASA de Maryland, los dos inmigrantes –que pidieron no divulgar sus apellidos– describieron sus meses en una cárcel local en el Condado Howard, en Maryland, donde la Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), renta espacio para sus detenidos. 

Pedro, de origen hondureño, fue deportado en 2016. Tras su reingreso ilegal poco después, fue detenido durante 14 meses en una cárcel federal. Posteriormente, pasó ocho meses en la cárcel en Jessup (Maryland), donde –aseguró– recibió una pobre atención médica pese al asma que padece. 
 
En una ocasión, sufrió una herida del tamaño de una moneda de 25 centavos, que lo alarmó mucho porque pensó que necesitaba puntos. Pero no obtuvo atención médica, sino que las autoridades le dieron un ungüento y lo trasladaron “al hoyo”, o una celda subterránea para confinamiento en solitario, donde pasó 45 días. 
 
“Allí estás en una celda las 23 horas al día, y luego no tienes ningún tipo de recursos. En esos ocho meses fui testigo y fui víctima de todo lo que ocurre allí… a mí nadie me lo contó”, afirmó.
 

Pedro no explicó por qué estuvo en confinamiento en solitario, pero aseguró que los centros de detención de ICE pueden convertirse en escenario de “una explosión de coronavirus” debido a condiciones de hacinamiento, mala higiene y una asistencia médica inadecuada para los detenidos.

En esa instalación, que tiene contrato con ICE desde 1995, están mezclados los detenidos por infracciones migratorias con otros presos comunes, y los guardias actúan con cierta impunidad porque creen que la mayoría de los inmigrantes afronta la deportación y no podría entablar demandas, explicó Pedro.
“Si los presos del condado deciden tirar caca en tu celda, allí aguantas, porque no van a venir los oficiales a defenderte. Si alguien te tira orines, leche podrida, tienes que aguantar, tres, cinco días esa peste”, y los presos tienen que limpiarlo todo, a veces con solo “con agua y un trapeador”, enfatizó. 
 
Pedro también destacó la vez en que, en su condición de asmático, sintió dolores de pecho pero no obtuvo una silla de ruedas ni un inhalador, y los agentes lo forzaron a caminar por casi 10 minutos hasta la enfermería, y de allí trepar unas gradas para salir a tomar aire.
 
Presa del pánico, su mayor temor, subrayó, era desmayarse en un pasillo o “terminar enterrado” en alguna parte, señaló.
 
Pedro ganó su caso en un tribunal de inmigración y ahora tiene una visa que le permite trabajar legalmente.
 
Virus + cárcel = muerte. El mensaje de un activista que participó en una protesta y caravana el mes pasado frente al centro de detención de inmigrantes en el condado Howard, en Maryland, para exigir la puesta en libertad de los detenidos de ICE que corren alto riesgo de contagio del COVID-19.Cortesía CASA de Maryland

Por su parte, Miguel R., de origen salvadoreño, dijo que fue arrestado en septiembre del año pasado por conducir sin licencia, y posteriormente fue trasladado a la cárcel del condado, donde permaneció durante un mes. 

“Pasé tirado en una cama durante 4 días”, dijo Miguel, sin deseos de comer y con tal nivel nerviosismo –nunca había estado en una cárcel– que se le aflojaron cuatro dientes, según contó, y perdió peso.
 
“Mi experiencia fue muy dura, tengo secuelas, no he podido olvidar todo lo que viví, siento como que fue ayer… a veces lloro, por pasar tan humillado”, afirmó Miguel, quien pagó una fianza de $3,000 para salir en libertad. 
 
Un día antes de su salida, en noviembre pasado, se le inflamó el estómago por comer un sándwich hecho con un pan y un pedazo de mortadela “hediondos”, y aún ahora padece de problemas estomacales crónicos, aseguró. 
 
 
Pedro y Miguel estuvieron acompañados por dos abogados de la Unión de Libertades Civiles de EEUU en Maryland y activistas del Capital Area Immigrants’ Rights (CAIR), que en marzo pasado entablaron una demanda para exigir que ICE ponga en libertad a todos sus detenidos en Maryland, que por su edad avanzada o condiciones médicas, corren mayor riesgo de contraer el COVID-19. 
Con estos testimonios, CASA de Maryland busca aumentar las presiones para que el ejecutivo del Condado de Howard, Calvin Ball, elimine el contrato con ICE y ponga en libertad a los detenidos, ahora expuestos a un mayor riesgo de contagio con el coronavirus. 
Para el pasado 9 de mayo, la agencia registró 986 casos de COVID-19 entre los detenidos. Los principales focos de infección se ubican en Texas, Nueva York, Arizona, y Louisiana, en ese orden. 
 
Hasta ahora ha sometido a pruebas a 2,045 detenidos, del total de 27,908 que tiene bajo su custodia, casi 5,000 menos que el número de detenidos el pasado 4 de abril. 
 
En declaraciones a Noticias Telemundo, una portavoz de ICE –que pidió el anonimato– dijo que no puede comentar casos particulares pero destacó que la agencia ha adoptado protocolos para resguardar la seguridad del personal y de los detenidos y reducir la propagación del coronavirus. 
 
“ICE está comprometida con resguardar el bienestar de todos los que están bajo su custodia, dando cuidado médico completo”, con enfermeras, proveedores de salud mental, médicos y asistentes médicos, cuidado dental y acceso a servicios de emergencia las 24 horas del día, aseguró. 
"Libérenlos a todos". Una protesta a finales de abril en Nueva York que exigía la liberación de los detenidos en centros de ICE. Corbis via Getty Images / Corbis via Getty Images
 
La agencia gasta más de $250 millones al año para dar atención médica a todos los detenidos, subrayó. 
 
Las denuncias contra ICE surgen cuando la Administración Trump ha reactivado la práctica de la separación de familias, forzando a los padres a escoger entre separarse de sus hijos o afrontar todos juntos una detención indefinida y con más riesgo de enfermarse del COVID-19, según activistas. 
 
Bajo el llamado “Acuerdo Flores” de 1997, ICE no puede detener a menores de edad por más de 20 días, por lo que éstos son entregados a familiares u otros patrocinadores, o trasladados a albergues del Departamento de Salud y Recursos Humanos junto con niños que cruzaron ilegalmente la frontera sin adultos. 
 
Grupos como ACLU, CASA de Maryland y America's Voice han acusado a la Administración Trump de aprovechar la pandemia del COVID-19 como pretexto para implementar mayores restricciones contra la inmigración legal y contra la protección de solicitantes de asilo en la frontera sur.
 
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