La Cámara de Representantes aprobó la noche de este viernes un nuevo plan de alivio económico por $3 billones de dólares para hacer frente al golpe económico del COVID-19 en el país.
El nuevo paquete incluiría otra ronda de pagos de estímulo de hasta $1,200 por persona.
El próximo paso es que el Senado vote sobre la medida, que deberá enfrentar a la oposición republicana que hasta ahora se ha mostrado reacia a aprobarla. Los republicanos dijeron que los beneficios de desempleo excesivamente generosos disuadían a las personas de regresar al trabajo.
La medida fue aprobada en la Cámara baja con una votación de 208 contra 199. Los analistas vaticinan que no tiene ninguna posibilidad de convertirse en ley tal como está escrita, pero probablemente conducirá a negociaciones con la Casa Blanca y los republicanos del Senado.
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Cualquiera que sea el resultado en la Cámara alta, probablemente sería el último proyecto de ley en respuesta al COVID-19, antes de las elecciones presidenciales de noviembre.
El enorme paquete demócrata costaría más que los cuatro proyectos de ley anteriores combinadas. Daría casi $1,000 millones a los gobiernos estatales y locales, otra ronda de pagos directos de $1,200 dólares a individuos y ayuda para desempleados, inquilinos y propietarios de viviendas, estudiantes con deudas universitarias y para el golpeado Servicio Postal.
"No actuar ahora no solo es irresponsable desde el punto de vista humanitario, es irresponsable porque solo va a costar más", advirtió la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California. "Más en términos de vidas, medios de vida, costos para el presupuesto y costos para nuestra democracia".
Los republicanos calificaron el proyecto de ley como una "lista de deseos" de los demócratas. Los líderes republicanos dijeron que quieren evaluar primero cómo funcionó el paquete de $3 billones aprobado anteriormente y si la reapertura parcial de negocios en algunos estados provocará una reactivación económica que eliminaría la necesidad de más apoyo federal.
Los republicanos también aguardan señales más fuertes del presidente Donald Trump sobre lo que decidirá sobre la medida.
"La Fase Cuatro va a suceder", dijo el mandatario a los periodistas en la Oficina Oval esta semana. "Pero va a suceder de una manera mucho mejor para el pueblo estadounidense".
Trump y las principales figuras del Partido Republicano, como el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, insisten en que la próxima medida debería proteger la reapertura de negocios contra demandas por falta de responsabilidad. El presidente también exige una reducción de los impuestos sobre la nómina.
El debate de este viernes reflejó una escena del Capitolio que se ha vuelto común en la era del coronavirus, aunque sigue siendo desconcertante. El piso escasamente poblado de la Cámara estaba salpicado de legisladores y ayudantes con máscaras protectoras e incluso guantes, aunque algunos republicanos carecían de ellos.
Las votaciones duraron más que de costumbre, pues los legisladores votaron en pequeños grupos para limitar el hacinamiento.
Más ayudas para trabajadores
El proyecto de ley demócrata, denominado "el Acta de los Héroes” , con siglas alusivas a los trabajadores esenciales, incluye una segunda ronda de cheques para individuos y familias, dependiendo de su nivel salarial; una expansión de los subsidios de desempleo por 600 dólares adicionales a la semana, y más fondos para cupones de comida, entre otros programas de asistencia social.
De ser aprobado, otorgaría, por ejemplo, cheques directos por hasta 1,200 dólares para individuos que ganen hasta 75,000 al año, y 2,400 para parejas que ganan hasta 150,000 y hacen su declaración de impuestos juntas.
Además, las familias podrían recibir hasta 1,200 adicionales para un máximo de tres dependientes menores.
El proyecto de ley también ofrece ayudas para trabajadores que quedaron fuera del tercer plan de estímulo económico.
Así, la medida permite que los trabajadores indocumentados que pagan impuestos con un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN, en inglés) puedan obtener cheques directos, al igual que los ciudadanos estadounidenses casados con éstos.
También exige que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que ponga en libertad a inmigrantes que no estén sujetos a detención obligatoria, y proveade jabón y llamadas telefónicas o por video a los detenidos.
La medida no menciona ayudas para los refugiados, pero sí deja claro que los trabajadores amparados al DACA, el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), y los que tengan la residencia permanente por menos de cinco años, también podrán acceder a las ayudas federales.
La iniciativa además autoriza 500,000 millones para los gobiernos estatales, y 375,000 millones para los estatales; 175,000 millones para pruebas de diagnóstico y otros gastos médicos; 75,000 millones para ayudas de vivienda, y 25,000 millones para el Servicio de Correos.
También incluye 20,000 millones para tribus nativo-americanas; 20,000 millones para Puerto Rico y demás territorios estadounidenses; 10,000 millones para la pequeña empresa; 3,600 millones para resguardar el proceso electoral, y 1,500 millones para programas de acceso al internet.
Los republicanos han acusado a los demócratas de usar un momento en que hay más de 86,000 estadounidenses muertos por el virus, 1.4 millones de infecciones confirmadas y 36 millones de solicitudes de desempleo en una economía fuertemente golpeada, para impulsar su agenda política en un año de elecciones.
"Este proyecto de ley no es más que la agenda política democrática disfrazada como una respuesta a la crisis del coronavirus", dijo el representante republicano por Oklahoma, Tom Cole. Y añadió que el proyecto de ley "no va a ninguna parte".
Las encuestas muestran que los votantes republicanos están satisfechos con la respuesta federal y no están buscando más ayudas.
Mientras tanto, los analistas financieros advierten que la deuda nacional, de unos $25,000 millones, podría seguir aumentando en espiral con más paquetes de ayuda.
Con información de AP y la colaboración de nuestra corresponsal, María Peña, en Washington.
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