CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador seguía recalcando que la militarización de la seguridad pública que tanto le criticó a sus antecesores no es “como se resuelven los problemas de inseguridad”. Este lunes, cuando el foco de México es la pandemia del coronavirus, el presidente emitió un decreto que significa una profunda militarización, según analistas y activistas.
La orden prevé que las fuerzas armadas se incorporen a labores de seguridad pública como realizar arrestos en aeropuertos o carreteras, colaborar en funciones de vigilancia y “prevenir la comisión de delitos”, a pesar de que en la última década esos organismos armados han sido denunciados por abusos cometidos al realizar ese tipo de labores.
El anuncio causó sorpresa entre expertos y algunos mexicanos, especialmente dado que López Obrador prometió desde su campaña exitosa de 2018 (e incluso en su campaña presidencial de 2012 y antes) que regresaría al Ejército a los cuarteles porque su despliegue, en la llamada guerra contra el narcotráfico, “no es como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia”.
El presidente, apodado AMLO, inauguró hace un año la Guardia Nacional mexicana justamente con miras a tener un cuerpo “nuevo”, y supuestamente de carácter civil, con el cual reforzar la seguridad en el país.
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La propia guardia ha sido criticada por tener un mando que no cumple con el estándar de ser civil, y este mes integrantes de la guardia fueron captados aparentemente exigiendo sobornos a un delincuente a cambio de dejarlo operar. Es decir, entre las filas de la guardia se están cometiendo algunos de los mismos actos de corrupción que signaron a las desprestigiadas fuerzas policiales que la guardia fue creada para remplazar.
“La Guardia Nacional no es algo distinto que el Ejército”, recalcó en entrevista Catalina Pérez-Correa, abogada y destacada académica experta en seguridad y justicia penal. "Y de por sí a las fuerzas armadas se les han encargado tareas que van mucho más allá de lo que les corresponde constitucionalmente".
La guardia de hecho está formada por miles de efectivos del Ejército y de la Marina desde su aprobación vía una reforma constitucional, el año pasado. Ahora se ordena a los soldados que no eran parte todavía de esta fuerza a hacer algunas de las mismas labores que tiene la guardia.
La orden de este 11 de mayo establece que los organismos militares deberán hacer tareas de seguridad pública en lo que la Guardia Nacional “desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”, y hasta por cinco años, casi el mismo tiempo que le resta al sexenio de López Obrador (no hay reelección presidencial en México y AMLO ha insistido en que, si la hubiera, no se postularía).
El colectivo de organizaciones de la sociedad civil #SeguridadSinGuerra destacó que con esta acción, el "militarismo salió del clóset" en el Gobierno de AMLO.
"Aunque las fuerzas armadas de facto ya estuvieran involucradas en funciones de seguridad pública, eso no es lo mismo a que dicho encargo les sea ordenado" en un acuerdo avalado por la presidencia y los ministerios dedicados a la seguridad, recalcó por su parte Suhayla Bazbaz, directora de la asociación Cohesión Comunitaria, que participa, entre otras cosas, en temas de prevención de la violencia.
Tanto Bazbaz como Pérez-Correa recalcaron que con esta decisión será más fácil para autoridades de todos los niveles dejar de invertir en el desarrollo de policías y fuerzas más locales que, según Pérez-Correa, "es lo que sabemos que sí sirve en términos de reducir los delitos y la violencia a largo plazo".
El decreto no fue previamente anunciado ni comentado por el Gobierno mexicano, aunque algunos analistas indicaron que ya se había abierto la puerta a esta medida con la reforma constitucional aprobada por legisladores de todos los partidos en junio del año pasado.
El texto se dio a conocer por medio de su publicación en el diario oficial, titulado “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Pese a que dice que será de manera “extraordinaria, regulada y fiscalizada”, expertos indican que no es el caso, a partir del texto del acuerdo mismo y lo establecido en la ley mexicana sobre el uso de la fuerza.
En esos mecanismos, se les dan “facultades muy amplias, lo cual también hace difícil controlar qué están haciendo, más aún si se trata de militares haciendo todo esto”, dijo Pérez-Correa. Por ejemplo, la ley les permite a estos organismos reservarse información sobre cómo hacen uso de la fuerza letal.
Una iniciativa muy similar del gobierno previo al de López Obrador para incorporar a las fuerzas armadas formalmente a tareas de seguridad pública, la llamada Ley de Seguridad Interior, fue declarada ilegal por la Suprema Corte de Justicia mexicana en 2018.
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El decreto de este lunes fue publicado cuando México está en el punto más álgido de la pandemia del coronavirus.
Aunque la creciente transmisión de SARS-CoV2 y el probable colapso del sistema hospitalario mexicano no han puesto en pausa dos de los mayores flagelos que vivía el país desde antes: los homicidios y la violencia contra las mujeres.
Las llamadas al 911 por parte de las mexicanas aumentaron en 22.3% durante el resguardo en casa de marzo –unas 155 llamadas cada hora–, según datos oficiales. Organizaciones civiles que ayudan a mujeres en estas situaciones, como albergues, siguen sin recibir los fondos presupuestarios prometidos.
Mientras que en marzo las autoridades reportaron 2,600 homicidios dolosos, la cifra más alta desde que AMLO está en el poder.
Y la efectividad de las fuerzas armadas sigue en entredicho. En octubre hubo un operativo muy criticado: detuvieron a Ovido Guzmán, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y terminaron liberándolo unas horas después al no tener capacidad de respuesta cuando el Cártel de Sinaloa contraatacó.
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Los despliegues anteriores de las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad pública, como asuntos policiales, han dejado con muy mal sabor de boca a los mexicanos debido a un amplio historial de abusos.
Al incorporar a soldados a labores de la guardia, "el presidente está partiendo del supuesto de que los militares son incorruptibles, cuando no hay ningún cuerpo de seguridad que sea incorruptible”, señaló Pérez-Correa.
Las fuerzas armadas previamente han sido acusadas, y en casos específicos llevadas ante cortes internacionales, por tortura sexual, ejecuciones extrajudiciales y fabricación de culpables (amenazar a gente detenida a admitir un delito que no cometió).
Sin mencionar los casos de corrupción militar y policial, como aceptar dinero y coludirse con grupos del narcotráfico.
Hasta el secretario de seguridad pública de 2006 a 2012 y quien fue exdirigente de la policía federal, Genaro García Luna, ahora está siendo enjuiciado en Estados Unidos por cargos de ayudar a narcotraficantes y recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.
La Guardia Nacional, en parte por su novedad, ha tenido índices de aprobación mayores hasta ahora. Sin embargo, su despliegue y labores siguen sin reducir la violencia.
En tanto, con decretos y decisiones como la de este lunes, se está “permitiendo que haya menos formación de policías locales y menos asignación de recursos para formación de policías locales, que es lo que sabemos que sí sirve en términos de reducir los delitos y la violencia a largo plazo”, agregó.
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