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El silencio y la desidia invisibilizan a los presos muertos en Venezuela

Venezuela es el único país de la región sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido nueve medidas provisionales de protección hacia la población penitenciaria, debido a la peligrosidad de sus cárceles. La muerte de al menos 47 reclusos el pasado fin de semana lo vuelve a poner en evidencia.
Familiares de presos rezan arrodillados a las afueras de la cárcel de Guanare, donde un motin dejó decenas de muertos el pasado 2 de mayo.
Familiares de presos rezan arrodillados a las afueras de la cárcel de Guanare, donde un motin dejó decenas de muertos el pasado 2 de mayo.REUTERS
/ Source: Telemundo

Por Valentina Lares Martiz

En cuestión de minutos las actualizaciones periodísticas sobre el número de víctimas del motín ocurrido el sábado 2 de mayo en el Centro Penitenciario de Los Llanos, en la región llanera de Portuguesa, Venezuela, cambiaron vertiginosamente: primero se habló de 17 fallecidos, luego fueron 41 y, por último, 47. No pasó mucho tiempo para que circularan fotos del resultado de la matanza, que también dejó 75 heridos.

De la reja hacia adentro podían verse las decenas de cuerpos delgados e inertes alineados en el patio de la cárcel. Afuera estaban los padres, los hermanos y las esposas que buscaban información sobre el estado de sus familiares, una escena que en Venezuela es cíclica pues al menos una vez al año —y hasta dos— alguna cárcel estalla como un volcán dormido y escupe decenas de víctimas.

Y aunque las prisiones suelen ser sinónimo de violencia en América Latina, los presos muertos de Venezuela se convierten rápidamente en una estadística a la que se le pasa la página, como una estampa cansina, una más, de un país atormentado por calamidades.

Existen razones objetivas que explican esa “normalización” de la violencia carcelaria en Venezuela. La primera y más clara tiene que ver con el manto de silencio que echa el régimen de Nicolás Maduro sobre cualquier tragedia en los recintos penitenciarios, sobre los que por ley tiene el control y la responsabilidad. En casos como el de Guanare quedó de manifiesto una vez más la dinámica en la que los datos son recabados por los familiares de los fallecidos y las organizaciones no gubernamentales que monitorean la situación de las cárceles.

Cinco días después de la matanza, las autoridades publicaron la lista de fallecidos pero aún no hay una explicación oficial sobre lo ocurrido ni se han asumido responsabilidades. Una parca versión oficial ofrecida por la ministra de Asuntos Penitenciarios venezolana, Iris Varela, asegura que se realizará una “investigación profunda” que parte de la premisa de que los reos habría sido “amenazados con armas de fuego (al parecer, por otros reos) a que se fueran y asaltaran a los puestos de seguridad de la cárcel”. Esa transgresión de espacios, en la que algunos reclusos atacaron al director del penal, habría desencadenado los disparos.

Ni la Fiscalía venezolana, ni la Defensoría del Pueblo o el Ministerio de Interior y Justicia venezolanos se han pronunciado sobre lo ocurrido, que tampoco llegó a ser reseñado en la televisora oficial del Estado ni en su agencia oficial de noticias. Así queda desconectada y como un reclamo la versión de los familiares de los asesinados, que aseguran que los presos se amotinaron tras darse cuenta de que los custodios seleccionaban y ralentizaban la entrega de los alimentos y enseres que les llevaron sus familiares. Todos fallecieron por disparos de armas de fuego.

Cuando ocurren episodios de violencia carcelaria en países como Brasil, México, El Salvador u Honduras (entre los países del hemisferio con mayor violencia carcelaria) la atención oficial y el rango expansivo de la noticia aumenta notoriamente. Las autoridades de los gobiernos, con mayor o menor grado de transparencia, informan sobre los estallidos de violencia en los recintos y aunque son responsables la seguridad y vida de los reos, las pesquisas pronto concluyen que la mayoría de las víctimas y heridos ocurren por enfrentamientos entre bandas dentro de las mismas cárceles.

Así ocurrió en julio de 2019 en la cárcel principal de la región de Pará, en Brasil, cuando 57 reos fallecieron tras enfrentarse las principales bandas delictivas por el control del penal y luego, un par de meses después en la cárcel de Manaos, por la misma razón, cayeron otros 55. En Honduras, en diciembre de 2019, en la cárcel de El Porvenir 18 reclusos fallecieron producto de una reyerta entre bandas, también por el control de la cárcel.

En estos casos las heridas son provocadas por armas blancas y ahogamientos, lo que evidencia una clara falta de custodia e inseguridad en los recintos —también responsabilidad del gobierno—, pero no la actuación directa de los cuerpos de seguridad contra los reos, como ocurrió este sábado en Venezuela. El fenómeno del control de las cárceles por parte de bandas tan poderosas como Comando Vermelho en Brasil o la Mara Salvatrucha en El Salvador y Honduras es una explicación menos engorrosa para los gobiernos de esos países que la simple negligencia del régimen venezolano.

“Rechazamos la tesis de fuga, revuelta, pelea o motín entre los internos, así como también el enfrentamiento con los custodios de la cárcel (…) por cuanto ningún recluso fue encontrado en las afueras del penal, todos murieron o resultaron heridos dentro de las instalaciones del recinto penitenciario, es decir, fueron masacrados por disparos provenientes del personal uniformado, que dado el alto número de personas muertas o heridas es evidente la desproporcionalidad de reacción utilizada por los funcionarios hacia los presos”, concluye en un comunicado el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), sobre los hechos del 2 de mayo.

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el Centro Penitenciario de Los Llanos, Guanare, Venezuela, el 2 de mayo de 2020.
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el Centro Penitenciario de Los Llanos, Guanare, Venezuela, el 2 de mayo de 2020.AFP vía Getty Images / AFP vía Getty Images

Su director, Humberto Prado, en conversación con Noticias Telemundo asegura que Venezuela es el único país de la región sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido nueve medidas provisionales de protección hacia la población penitenciaria, dada la peligrosidad de las cárceles del país, además de dos medidas cautelares de protección emitidas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Desde que llevamos la cuenta de episodios sangrientos desde el año 1999 y hasta 2018 tenemos que han muerto más de 7,270 presos en nuestras cárceles y más de 17,625 han resultado heridos. Creo que sobre esa estadística Venezuela está calificada como el país con las cárceles más peligrosas del mundo”.

En las prisiones de Venezuela también hay violencia por las reyertas entre bandas, por la imposición de grupos que luchan por el control delictivo dentro —e incluso fuera— de la cárcel, pero al menos en los últimos cuatro años la violencia está intrínsecamente ligada a la sobrepoblación, insalubridad y deshumanización de los recintos penitenciarios que desatan motines e intentos de fuga que son contenidos o sofocados con el uso desproporcionado de la fuerza por los custodios. Solo en marzo de este año fueron asesinados al menos 35 reclusos en el proceso de “recaptura” de más de 80 que se fugaron de una cárcel en el estado Zulia.

El hacinamiento por ineficiencia del poder judicial es una de las razones de sobrepoblación carcelaria que más se repite en los países de América Latina. Brasil, a la cabeza, con una población reclusa de casi 750,000 personas con una infraestructura creada para la mitad, es superada en términos de hacinamiento por Venezuela, que bajo una espiral de hiperinflación y deterioro absoluto de los servicios tiene a la mayoría de sus cárceles sobrepobladas en más de un 300% (su capacidad construida es para unos 35,000 reclusos) y con precario acceso a comida, agua, sanitarios y atención médica.

Yajaira Rojas mostraba fotos de su hijo Alix Eduardo Díaz, quien murió durante el incendio de una comisaría en Valencia, Venezuela, en marzo de 2018.
Yajaira Rojas mostraba fotos de su hijo Alix Eduardo Díaz, quien murió durante el incendio de una comisaría en Valencia, Venezuela, en marzo de 2018.AP

Así estaba la cárcel de Guanare donde ocurrió la matanza del sábado (construida para 750 pero con una población superior a los 2,500 reclusos), o una comisaría de Valencia, en el estado Carabobo, donde murieron entre calcinadas y asfixiadas 68 personas en el año 2018. Aquel recinto, diseñado para albergar a 40 reos que no debían pasar más de dos noches en el lugar, tenía una población superior a 200, y algunos convivieron allí por más de dos años.

Aunque ese suceso constituye la peor tragedia carcelaria de Venezuela de los últimos años, parece no haber servido de ejemplo para las autoridades. El OVP denunció en su cuenta de Twitter que otra comisaría, en el estado Cojedes, alberga 229 reclusos cuando su capacidad es para un máximo de 30 personas. Una bomba de tiempo más, como otras, en la que los reclusos llegan a dormir de pie, sosteniéndose entre sí.

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