Las fuerzas militares venezolanas activaron el lunes la búsqueda de supuestos grupos irregulares, luego de que el gobierno denunció un frustrado intento de invasión por mar del que responsabilizó a Estados Unidos y Colombia.
El jefe del Comando Estratégico Operacional de las fuerzas armadas, almirante en jefe Remigio Ceballos, anunció que más de 25,000 militares ejecutarán "operaciones de escudriñamiento" en todo el país para buscar "posibles amenazas" y garantizar que el territorio quede libre de "mercenarios y paramilitares".
Las operaciones especiales se produjeron un día después de que las autoridades anunciaron que habían controlado un intento de invasión en la localidad costera de Macuto, a unos 30 kilómetros al norte de la capital venezolana, en el que perecieron varias personas y otras fueron detenidas.
Rodolfo Marco Torres, gobernador del estado de Aragua, reportó que este lunes se detuvieron a ocho personas que, según él, constituían un segundo grupo de "mercenarios" que se encontraba en una zona costera. "A través de la inteligencia social y la unidad cívico militar policial se logró la captura de estos mercenarios. Subestiman a un pueblo que con coraje se encuentra preparado para defender nuestra soberanía", aseguró Torres en su cuenta de Twitter.
Los detenidos, siempre según la explicación del gobernador en esa red social, están "vinculados a las acciones terroristas contra Venezuela". Torres acompañó el mensaje de unas fotos en las que puede apreciarse una barca con dos motores y un grupo de personas detenidas que aparecían tumbadas en el suelo junto a un vehículo policial.
Tras acusar a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia de apoyar y financiar la fallida incursión, el presidente Nicolás Maduro dijo que las autoridades tienen todas las pruebas, testimonios y vídeos que revelan que el grupo se "entrenó el territorio colombiano", pero no las mostró.
Maduro agregó, en una conferencia por internet de mandatarios del Movimiento de Países No Alineados, que un asesor estadounidense mostró la noche del domingo los "contratos firmados por la oposición venezolana" para "asaltar Venezuela e intentar matarme".
Maduro ha denunciado durante sus siete años de gobierno varios complots en los que ha implicado a Washington y Bogotá. Sin embargo, el 26 de marzo de este año las autoridades estadounidenses presentaron cargos en su contra por tráfico ilegal de drogas.
El Departamento de Justicia ofreció una recompensa de US$15 millones por cualquier información que lleve al arresto de Maduro, y US$10 millones por otros cuatro altos funcionarios del régimen chavista: Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); Tareck El Aissami, vicepresidente económico; Hugo Carvajal, exgeneral; y Cliver Alcalá Cordones, exjefe militar.
Washington acusa al presidente y sus funcionarios de conspirar con la guerrilla colombiana de las FARC “para inundar Estados Unidos con cocaína” a través de una ruta facilitada por el gobierno venezolano.
Colombia rechaza acusaciones
Por la supuesta incursión reciente fueron detenidas inicialmente dos personas, pero el grupo de arrestados aumentó, dijo el lunes el fiscal general Tarek William Saab sin ofrecer detalles de los apresados.
Saab informó que este caso se sumó al intento de magnicidio contra Maduro de 2018, el fallido alzamiento militar de 2019 -que encabezó el líder opositor Juan Guaidó- y otros complots por los que han sido detenidas 114 personas y existen órdenes de arresto para otras 92 que se mantienen prófugas de la justicia.
Poco después, el fiscal dijo en su cuenta de Twitter que por el intento de magnicidio y golpe de estado se detuvo a Gustavo Hernández y que comisiones policiales se movilizan al estado de La Guaira a "trasladar a un nuevo grupo de mercenarios que venían en otra embarcación y están capturados".
En la operación fueron incautados 10 fusiles, una pistola Glock 9 milímetros, dos ametralladoras que fueron robadas del parque de armas del Palacio Legislativo en el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019, seis camionetas, una lancha y varios cartuchos de diferentes calibres, precisó fiscal.
"Venezuela responsabiliza a los gobiernos de Donald Trump e Iván Duque por las imprevisibles y peligrosas consecuencias de esta ola de provocaciones y agresiones mercenarias", señaló el gobierno venezolano en un comunicado en el que se alertó al secretario general de Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad.
Colombia rechazó la víspera las acusaciones y dijo que el supuesto incidente fue un intento "por desviar la atención respecto de los verdaderos problemas que vive el pueblo de Venezuela".
El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, expresó a la televisora estatal que un "grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia" pretendió realizar una "invasión por vía marítima" que fue enfrentada por militares y policías, lo que dejó algunos fallecidos y otros detenidos, pero no ofreció más detalles.
Pero el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, informó que al menos ocho personas murieron en el incidente y que uno de ellos era un oficial desertor de las fuerzas armadas al que identificó con el alias de "Pantera".
Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso del oficialismo luego de Maduro, sostuvo que entre los detenidos estaba un "narcotraficante que admitió que era un supuesto agente de la DEA" y que las autoridades incautaron un lote de armas de alto calibre, teléfonos satelitales, uniformes, otros equipos y documentos.
La denuncia fue desestimada por Guaidó, quien dijo en un mensaje de su cuenta de Twitter que las autoridades "buscan confundir y sembrar evidencias" mientras "ignoran" un motín en el que perecieron al menos 46 reclusos y los enfrentamientos armados entre bandas en una barriada del este de la capital.
La oposición negó tener relación con la empresa de seguridad Silver Corp. o su representante, que ha sido vinculado con la frustrada incursión militar, señaló un comunicado que difundió la oficina de prensa del también jefe de la Asamblea Nacional.
Nexos con exmilitares chavistas
Cabello vinculó al hecho al mayor general retirado Cliver Alcalá, un excolaborador militar del oficialismo que se entregó en marzo en Colombia a las autoridades estadounidenses poco después que fuera acusado por Washington de narcoterrorismo junto con Maduro, Cabello y otras 12 personas.
Alcalá Cordones, quien vivía desde hace un par de años en Colombia, dijo en marzo que había coordinado el traslado de un lote de armas hacia Venezuela, que fueron incautadas por las autoridades colombianas, y que el contrato de adquisición del armamento fue suscrito por Guaidó y asesores estadounidenses.
A raíz de la denuncia de Alcalá Cordones la Fiscalía General abrió una investigación a Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, por supuesto golpe de Estado y lo citó para que compareciera. Pero el dirigente no concurrió a la citación.
Associated Press informó el viernes sobre un aparentemente mal financiado intento por conformar una fuerza de invasión de 300 hombres en Colombia. La operación sufrió un revés con el arresto de Alcalá Cordones, uno de sus principales organizadores, y el decomiso de armas y la huida de algunos de los participantes.
El ex boina verde Jordan Goudreau dijo en un video publicado la víspera en Twitter desde un lugar no revelado que habían ingresado a Venezuela desde otros puntos y estaban "en el interior de Caracas". No se atribuyó la supuesta invasión a la playa de Macuto pero dijo que sus "unidades han sido activadas".
El capitán retirado de la Guardia Nacional de Venezuela, Javier Nieto Quintero, apareció en el video con Goudreau instando a los miembros de las fuerzas armadas a ayudar a liberar a la nación.
Venezuela se encuentra en medio de una compleja crisis económica y social que amenaza con agravarse con la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado hasta la fecha 10 fallecidos y 347 contagiados.
Con información de AP y EFE.
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