WASHINGTON.— El mexicano Hugo Domínguez ya no verá crecer a sus hijos ni vivirá la jubilación que soñaba en su natal Veracruz: el COVID-19 le segó la vida en una fábrica de carne en Dallas (Texas).
Su pareja, Blanca Parra, acusa a la compañía Quality Sausage (QSC) de dar la espalda a Domínguez y a decenas de trabajadores más contagiados por la pandemia de coronavirus, que ahora entablarán demandas para exigir justicia.
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“Hugo era el sustento de mi familia; me ha dejado un gran vacío no solamente económico sino también un gran dolor de ver a mis hijos sin su padre y que pregunten por él”, dijo Parra a Noticias Telemundo.
“La vida de una persona vale mucho, no importa su estatus migratorio, sobre todo cuando ha dedicado su vida a una empresa. Hugo trabajó 10 años allí y la empresa le dio el COVID-19, le quitó la vida”, añadió.
Domínguez no pudo controlar sus síntomas con té caliente, aspirinas, ni remedios caseros con ajo, y falleció el pasado 25 de abril, un día después que un compañero suyo, Mathias Martínez, también por el COVID-19.
La empresa QSC no ha querido hablar del brote de coronavirus en la fábrica, pero dos trabajadores contagiados, el abogado de éstos, y un activista comunitario aseguraron a Noticias Telemundo que hay al menos 50 afectados, qes decir, el 10% de sus 500 empleados, debido a lo que tildaron como la “negligencia absoluta” de la empresa.
Parra conserva en su teléfono móvil los textos de mensaje, llamadas y videos que intercambió desde el 13 de abril con Domínguez, con quien había hecho planes de boda para este año.
Ahora recauda fondos en una página de Facebook para repatriar sus restos a Veracruz, donde Domínguez soñaba con jubilarse con ella, “ya viejitos pero buenos y sanos”.
Parra tuvo dos hijos con Domínguez, uno de ellos autista y que requiere de atención especial. Su hijo mayor, fruto de otra relación, es el único que le ayuda con sus gastos.
El martes pasado el presidente, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para obligar a las plantas procesadoras de carne a continuar sus operaciones y evitar así una escasez de productos en los supermercados.
Parra dijo entender la urgencia de reactivar la economía, pero calificó como “un gran acto de negligencia” y de “injusticia” que la empresa, en medio de una pandemia, tenga a tantas personas amontonadas donde es difícil el distanciamiento físico.
La empresa tampoco dio ayuda psicológica a los empleados tras la muerte de Domínguez y Martínez, indicó.
“Nos dieron la espalda”
A Martha y Enrique, también mexicanos, y que no dan sus nombres reales por miedo a represalias, les parece insólito que, según cuentan, la empresa no cerrara ni cuando surgió el brote, obligando a muchos a trabajar enfermos y apiñando a todos en un comedor sin tapabocas ni otras medidas de protección.
“Hemos dado todo por ese trabajo, pero en la empresa nos dieron la espalda. Nos dieron un tapaboca dos días antes de que cerraran, cuando ya había muchos contagiados, pero los supervisores los tenían antes“, se queja Martha.
“Vi a otras personas enfermas, vomitando en un baño, y se lo dije a un supervisor, pero las dejaron trabajando. Vamos a morir muchos si alguien más no pone atención a esto, si una autoridad grande no ve esto de una manera humanitaria”, añade.
Entre ataques de tos, Martha describe días “horribles” con neumonía, dolores, fiebre, náuseas, y mareos. Sus tres hijas no se le acercan, pero le dejan comida en el umbral de su casa.
“Con tanta gente contagiada, no sabemos ni de quién agarramos el virus. Me enteré de que Domínguez dio positivo el día antes de que murió, pero todos los días nos topábamos con él”, señaló.
Por su parte, Enrique aseguró que a él y a sus compañeros los amenazaron con el despido si faltaban al trabajo y, una vez que quisieron salir, les bloquearon la puerta y advirtieron “que eso sería abandono de trabajo”.
Hasta que le avisaron por teléfono que dio positivo en la prueba el lunes pasado, Enrique achacaba sus dolores de espalda y pecho al “cansancio acumulado”, pero luego desarrolló tos y fiebre alta, y sintió miedo por su familia.
“Mi esposa también se contagió, y nos estamos cuidando, usando VapoRub, tomando mucho té caliente. Pero me preocupo mucho porque no puedo salir a trabajar y tengo billes (cobros), hoy se vence la renta”, dijo.
Por su parte, Carlos Quintanilla, activista del grupo comunitario Acción América, denuncia que a la empresa QSC sólo le interesó “acelerar la producción”, poniendo en riesgo a los empleados.
“La empresa ya sabía el 8 de abril que había dos personas contagiadas, que la gente no quería regresar a trabajar, pero las obligaban con horas adicionales para cumplir con la producción”, aseguró.
Quintanilla acusó a la empresa de no reconocer la crisis “ni a la gente afectada, ni las muertes de Domínguez y Martínez”.
“Pausa en las operaciones”
QSC cerró sus puertas el mismo día en que murió Domínguez, y explicó que usará la “pausa temporal” para evaluar sus protocolos de seguridad y hacer las pruebas a todos los empleados.
La empresa, cuyos ingresos anuales rondan los 100 millones de dólares, dijo que ha adoptado normas de salud, como la distribución de mascarillas, limpieza diaria de la fábrica, cooperación con las autoridades sanitarias, monitoreo de los empleados, y “mejoras en el distanciamiento”.
QSC aseguró que continuará pagando a los empleados y no anticipa una interrupción en los suministros, al tiempo que afirmó que, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades “no hay pruebas de que el COVID-19 se transmita a través de los alimentos”.
La empresa procesa salchichas, pepperoni, y carne precocinada y las distribuye a cadenas de restaurantes como Papa Johns, Taco Bell, Campbells Food, y Pizza Hut, entre otros.
Gigantes como Tyson Foods, Smithfield Foods, JBS y Cargill, han tenido que suspender algunas de sus operaciones debido a brotes de coronavirus. El miércoles pasado, Tyson Food confirmó el contagio de 890 empleados en su planta en Logansport (Indiana), y la ha cerrado temporalmente.
Según el gobierno, los trabajadores en las plantas procesadoras de alimentos son “esenciales”, pero, según sindicatos, éstos siempre han afrontado duras condiciones laborales y mayores riesgos de sufrir accidentes o muerte.
Las guías de los CDC estipulan que los trabajadores en áreas críticas de la infraestructura pueden seguir trabajando tras una posible exposición al COVID-19, “siempre y cuando no tengan síntomas y se implementen precauciones adicionales para protegerlos a ellos y a la comunidad”.
"Muerte injusta"
El abogado de derechos civiles Shayan Elahi presentó este viernes una demanda contra QSC en nombre de la familia de Domínguez por “muerte injusta”, al asegurar que la empresa pudo prevenir tragedias.
La muerte de Domínguez “fue resultado directo e inmediato de las acciones insensatas y negligentes de los propietarios y el gerente de Quality Sausage, porque antepusieron sus ganancias a la vida humana”, argumentó.
QSC “ignoró todas las advertencias y tomó una actitud indiferente hacia la pandemia”, aún en medio de una emergencia nacional, porque “querían asegurarse de que los trabajadores seguían trabajando bajo amenaza de despidos; no fue sino hasta el 23 de abril que tomaron acción”, 15 días después de los primeros casos de contagio, afirmó.
Elahi alista una segunda demanda, posiblemente colectiva, en nombre de “centenares” de trabajadores que podrían haberse contagiado “debido a las omisiones” de QSC.
El abogado no pudo precisar si QSC ha dado compensación a los trabajadores, aparte de un incentivo de 1,000 dólares para que la gente no abandone sus puestos durante la pandemia.
“Las fábricas de producción y procesamiento de carnes tienen un historial de abuso de sus trabajadores, de trabajarlos hasta dejarlos en los huesos y por bajos salarios. No es el tipo de avaricia que los estadounidenses desean ver en tiempos de crisis, cuando deberíamos unirnos”, puntualizó.
Una reapertura con riesgos
La tragedia en QSC surge mientras Texas ha dado luz verde a la reapertura de muchos negocios a partir de este viernes.
El principal reto para la reapertura es ampliar el acceso a las pruebas de diagnóstico, porque el virus se propaga aún mediante personas sin síntomas.
QSC no está regulada por el condado de Dallas, donde hay un promedio de 110 casos nuevos a diario, pero las autoridades locales de salud han iniciado una investigación sobre la situación en la empresa.
Enrique tiene un mensaje a las empresas y la clase política: “Hay mucha injusticia, y esto no es un juego, esto no es una gripecita; mucha gente está contagiándose, y eso tiene un precio muy alto”.
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