La pandemia de COVID-19 sigue cobrándose más vidas de inmigrantes en las procesadores de carne

Las compañías denuncian que la baja en la producción debido a la pandemia puede provocar falta de carne en los mercados. Líderes demócratas y sindicalistas insisten en que se están sacrificando las vidas de trabajadores.
/ Source: Telemundo

WASHINGTON.— Way Ler se convirtió este domingo en la quinta víctima mortal del COVID-19 en una planta procesadora de carne de JBS en Greeley (Colorado), donde más de un centenar de empleados se han contagiado de coronavirus. Los sindicatos han denunciado las condiciones en toda la industria, que emplea a cientos de inmigrantes y podría estar pronto bajo la lupa de una investigación del Congreso.

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Ler, un inmigrante birmano de 60 años que trabajaba en esa planta desde 2008, murió solo en una cama de hospital en Colorado por complicaciones del COVID-19.

Según el Departamento de Salud Pública de Colorado, hasta el 22 de abril habían dado positivo de coronavirus 102 empleados de JBS en Greeley.

Las tres principales compañías procesadoras de carne y pollo, JBS, Tyson Foods y Smithfield Foods, han registrado un aumento de casos confirmados entre sus trabajadores, quienes han denunciado que llegan a trabajar enfermos, en condiciones de hacinamiento, y con escasa información y protección.

Esta industria se ha visto sacudida por la pandemia y, aunque no hay una cifra exacta, se calcula que al menos 17 empleados han muerto en plantas de distintas empresas, y  otros 3,300 se han contagiado, según el diario The Washington Post. 

Consultados este lunes por Noticias Telemundo, tanto sindicatos como legisladores demócratas del Congreso coincidieron en que, pese a la urgencia por reactivar sus operaciones, las empresas deben primero tomar medidas para resguardar la seguridad de sus trabajadores.

“Way Ler no tenía familia en Colorado, y en diciembre iba a cumplir 12 años con la empresa. No tenía que morir... los trabajadores son seres humanos y no deben sacrificar sus vidas; si no proteges a los empleados, puedes afectar la cadena de suministros de alimentos a largo plazo”, dijo Kim Cordova, presidenta del sindicato United Food & Commercial Workers (UFCW).

Way Ler, un inmigrante birmano de 60 años, se convirtió el 26 de abril en la quinta víctima mortal del COVID-19 en una planta procesadora de carne en Greeley (Colorado)Foto cortesía de sindicato UFCW / Noticias Telemundo

“No enviamos a soldados a una guerra sin las armas adecuadas, así es que de igual manera nuestros trabajadores necesitan protección y deben ser prioridad para las pruebas”, enfatizó Cordova, quien recordó la reciente muerte del hispano Saúl Sánchez, y otros empleados. 

La instalación de Greeley anunció su cierre el 10 de abril con la idea de realizar pruebas a todos los empleados, limpiar y desinfectar, e implementar medidas de distanciamiento social. La empresa reanudó sus operaciones hace tres días, pero confirmó a las autoridades estatales que no completó las pruebas de diagnóstico en todos sus empleados.

Así, Cordova acusó a las empresas de “anteponer las ganancias a los trabajadores”, y las instó a que hagan las pruebas a todos los trabajadores, no sólo a los gerentes; permitan que los enfermos se queden en casa; y ralenticen las líneas de producción sin correr más riesgos.

“La compañía comenzó a implementar ciertas protecciones, pero nos preocupa la situación porque, sin las pruebas, los trabajadores pueden transmitir el coronavirus aún sin tener síntomas”, dijo.

Por su parte, el legislador demócrata por Texas y presidente del Caucus Hispano del Congreso, Joaquín Castro, explicó que “tiene que haber una investigación exhaustiva” sobre las prácticas laborales y protocolos de seguridad de las empresas, y ha indicado que exigirá que rindan cuentas aquellas que registraron “graves fallas”.

“Las empresas que quieren reabrir tienen que ser capaces de demostrar que han implementado protocolos de seguridad adecuados, y que están respetando la seguridad de sus trabajadores. Sé que advierten de escasez de alimentos, pero si hubiesen tomado estas medidas antes, es probable que ahora no estuviéramos en una situación tan urgente”, observó Castro.

“En la medida que estos lugares no tienen buenas condiciones sanitarias, eso pone en peligro a los consumidores de los productos que sale de esas procesadoras de carne”, subrayó.

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En una carta enviada al Comité de Salud de la Cámara de Representantes, Castro y otros líderes demócratas pidieron que se abra de inmediato una investigación, además de audiencias y un foro sobre la situación de esta industria cuando el Congreso reanude sus sesiones en Washington.  

Estas compañías "optaron por no informar adecuadamente a sus trabajadores (que hablan cerca de 30 idiomas) sobre el virus y su presencia en las plantas”, y tampoco instituyeron medidas de protección sino hasta después de que hubo brotes de coronavirus, indicó la carta.

Según los legisladores, muchos de los trabajadores son “inmigrantes vulnerables que arriesgan sus vidas” para llevar comida a los hogares estadounidenses, pero si son “explotados” y no reciben protección, “eso pone en riesgo la cadena de suministros alimentarios”.

Una vez que se agoten las mascarillas y guantes en estas instalaciones, habría una escasez de alimentos “en un periodo de entre dos y cuatro semanas”, enfatizó la misiva.  

Por su parte, el congresista demócrata por Illinois, Jesús "Chuy" García, señaló que en su estado tres plantas procesadoras han cerrado sus operaciones y es urgente que la industria "implemente nuevos protocolos de seguridad de inmediato para mantener a sus trabajadores seguros".

"La falta de normas de seguridad hace que los trabajadores se enfermen y otros pierdan empleos y la capacidad de mantener a sus familias", agregó García, quien instó a las empresas a que aumenten los equipos de protección y pruebas gratuitas, y mantengan la distancia física entre los empleados en todas las plantas.

En ese sentido, Robin Robbins, directora de Asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional del sindicato UFCW, afirmó que los empleadores deben ceñirse a los reglamentos federales publicados recientemente.

Robbins subrayó la importancia de que la Administración federal para la Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por su sigla en inglés), emita y aplique regulaciones "obligatorias para proteger a estos trabajadores". 

Riesgo de escasez

JBS, Tyson Foods y Smithfield Foods han cerrado 15 de sus plantas procesadoras, sobre todo en zonas rurales, lo que ha provocado un descenso de su producción en al menos el 25%. Expertos han advertido del peligro de escasez de carne en los supermercados. 

De hecho, Tysons Food advirtió en un anuncio pagado este domingo en varios diarios nacionales de que “la cadena de suministro de alimentos se está rompiendo”.

“Debido a que las plantas procesadoras de cerdo, carne y pollo se ven obligadas a cerrar, aunque sea por breves períodos de tiempo, millones de libras de carne desaparecerán de la cadena de suministros. [...] Habrá una cantidad limitada de nuestros productos en las tiendas hasta que podamos reabrir nuestras instalaciones”, dijo John Tyson, presidente de la junta directiva de Tyson Foods.

Tanto las empresas como las asociaciones que las representan insisten en que la salud y seguridad de los empleados es su máxima prioridad.

Cameron Bruett, jefe de asuntos corporativos de JBS, dijo que la empresa provee cuatro días de enfermedad con pago y compensación por discapacidad por hasta 26 semanas, con previo acuerdo con los empleados afectados.

“No obligamos a nadie a venir a trabajar y a nadie se le castiga si se ausenta por motivos de salud. Si alguien se enferma o vive con alguien que se ha enfermado, lo despachamos a casa”, insistió.

Según Bruett, el brote del coronavirus en el condado Weld, donde se ubica la instalación de Greeley, ha infundido miedo en la comunidad, y eso ha aumentado el ausentismo laboral, pero la empresa sí ofrece beneficios para trabajadores que tienen que guardar cuarentena en casa.

Bruett enumeró las medidas que ha tomado JBS para evitar un mayor contagio en las instalaciones, entre éstas una veda a visitantes; el chequeo de temperatura en cada turno; uso de mascarillas; medidas de limpieza y desinfección; distanciamiento físico en la línea de producción; turnos y descansos escalonados; barreras físicas en las plantas, y visitas virtuales con médicos.

La empresa también se comprometió a invertir más de un millón de dólares en más pruebas del COVID-19 para los trabajadores.

Sin embargo, Cordova -cuyo sindicato representa a 3,000 trabajadores en Greeley- dijo que los activistas reciben denuncias de una cultura laboral en la que los empleados son obligados a trabajar enfermos, y en muchos lugares no reciben días de enfermedad con pago ni compensación por emergencias familiares.

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