"Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla", escribió en su cuenta de Twitter el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, al anunciar este fin de semana las nuevas medidas de seguridad en los recintos penitenciarios, entre las cuales está sellar las celdas de los pandilleros con el fin de evitar que puedan "comunicarse con señas".
Además, el mandatario ordenó la suspensión de todas las actividades en las prisiones, un aislamiento total por 24 horas, congregar a miembros de diferentes pandillas en una misma celda (suspendiendo así la segregación que durante años ha caracterizado al sistema penitenciario salvadoreño) y autorizó a los cuerpos de seguridad para que pudieran emplear fuerza letal contra los pandilleros.
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"En la calle, seguimos capturando a todos los cabecillas de las tres pandillas, ellos irán a esas celdas selladas", escribió Bukele en la misma red social. Y agregó: "El pandillero que ponga resistencia será abatido con fuerza proporcional y posiblemente letal por nuestra fuerza pública".
En los últimos días se ha experimentado un repunte en los homicidios del país centroamericano. Según datos oficiales durante el fin de semana se reportaron 58 muertes, lo que constituye la jornada más violenta desde que Bukele ascendió al poder el 1 de junio de 2019.
Para diversos analistas estas medidas muestran que, contrario al discurso oficial que hace énfasis en el control territorial y de los centros de reclusión, el gobierno salvadoreño no ha podido mejorar diversas problemáticas como la corrupción en los espacios políticos y judiciales, además de las precarias condiciones en las que viven los presos del país.
"Durante años se ha reportado el hacinamiento, la falta de higiene y los pobres servicios médicos de los reclusos de El Salvador y esta medida solo empeora todo eso", explica Guadalupe Correa-Cabrera, especialista en organizaciones de crimen transnacionales y académica de George Mason University. "Esta actitud punitiva, de mano dura, se implementó a principios de siglo pero solo promovió más muertes y extendió el modelo de las pandillas".
Según el Informe Mundial sobre Prisiones, una base de datos del Instituto de Investigación de Política Criminal de la Universidad de Londres, el sistema penitenciario salvadoreño tiene capacidad para albergar a 18,051 prisioneros, pero posee una población carcelaria de 38,114 reclusos (de los cuales unos 12,862 son pandilleros, según datos oficiales). Es decir, el sistema excede sus capacidades en un 215.2%.
El gobierno salvadoreño toma estas medidas en medio de la pandemia del COVID-19 que ya suma 323 casos en el país y ocho fallecimientos. Al menos 3,040,709 personas ya se han contagiado del nuevo coronavirus en todo el mundo y más de 211,167 han muerto, según los datos más recientes del Centro de Ciencias de Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins.
Bukele ha desplegado una serie de medidas enérgicas que incluyen el cierre del aeropuerto internacional, la prohibición de vuelos provenientes de los países con mayor número de infectados y la cuarentena obligatoria para los salvadoreños. Sin embargo, los investigadores del área de salud pública han advertido que en el país solo hay unas 140 camas de terapia intensiva y 48 intensivistas para una población de 6.4 millones de personas.
Consecuencias catastróficas
“En muchos países los centros de detención están atestados, y en algunos casos lo están de manera peligrosa”, dijo Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, sobre la situación de los reclusos durante la crisis ocasionada por la pandemia. Agregó que las consecuencias de descuidarlos “podrían ser catastróficas”.
Además Bachelet ha expresado su preocupación porque el estado de Derecho y el orden constitucional podrían estar siendo socavados en El Salvador. "Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para luchar contra la COVID-19 y que pongan inmediatamente en libertad a todos los detenidos arbitrariamente luego de haber sido examinadas médicamente", escribió en un comunicado del 21 de abril.
Las informaciones más recientes indican que al menos 2,323 personas han sido enviadas a “centros de contención” por supuestamente no acatar el confinamiento impuesto por las autoridades salvadoreñas.
"La situación de los reclusos en El Salvador va en contravía con todas las medidas de salud pública que aconsejan distanciar a las personas y descongestionar las prisiones", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Mientras en países como Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia y Bolivia se intenta liberar a los prisioneros con condenas leves o que son vulnerables al coronavirus, el gobierno de Bukele ni siquiera habla de eso".
Vivanco asegura que las recientes decisiones del gobierno salvadoreño son contrarias al derecho penal porque no se puede castigar a toda una población penitenciaria "por los delitos presuntamente cometidos por algunos".
Problemas sin resolver
En los meses pasados, Bukele y sus funcionarios se ufanaban de haber logrado interrumpir la comunicación entre los pandilleros detenidos y sus asociados que permanecen en libertad con medidas como el confinamiento y el bloqueo de la señal de los celulares, entre otras, sin embargo las recientes decisiones son vistas como un signo de que su gobierno aún no ha logrado controlar las actividades delictivas y sus modos de organización.
"Implementar el estado de emergencia en las cárceles parece una apuesta fácil para mostrarle a la opinión pública que se combate el repunte de la violencia, pero eso no resuelve los problemas de fondo", explica Tiziano Breda, analista de Crisis Group para los temas de Centroamérica.
La ausencia de planes por parte del gobierno salvadoreño para disminuir a su población carcelaria, en medio de la pandemia del coronavirus, ha generado críticas entre las organizaciones de derechos humanos que advierten sobre las difíciles condiciones de vida que imperan en las hacinadas prisiones del país.
"El tema de las pandillas tiene un gran estigma y genera mucho odio en El Salvador, quizá el gobierno no ha anunciado ningún plan de liberación para los presos más vulnerables porque teme el costo político", concluye Breda.
El hecho de no considerar medidas como la liberación temprana o temporal de los reclusos también es vista como una medida que simboliza el enfoque más general del gobierno salvadoreño ante la crisis del COVID-19. Académicos como José Miguel Cruz, de la Universidad Internacional de Florida, alertan sobre el esfuerzo de Bukele por crear "una gran masa de gente detenida", lo cual implica diversas violaciones a los Derechos Humanos.
"El gobierno de El Salvador se ha caracterizado por enviar a la gente a los centros de cuarentena, que son como cárceles civiles, sin haber cometido delitos. Esas personas no reciben una multa por no cumplir la cuarentena, como pasa en otros países, sino que son detenidas al menos por 30 días", asevera el investigador.
A corto plazo, Cruz no cree que las recientes medidas desplegadas por el gobierno en las cárceles produzcan masacres y motines como en el pasado. Piensa que las maras han desarrollado un pensamiento estratégico que les permite adaptarse a diversas situaciones adversas y esa es una fortaleza que las autoridades no parecen estar tomando en cuenta.
"Las maras saben negociar, por lo que podrían evitar los baños de sangre entre ellos para crear planes y enfrentar al gobierno. Eso es muy preocupante", alerta Cruz.
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