Cuando el presidente, Donald Trump, anunció que iba a poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), su Administración aseguró a los inmigrantes que la información de sus solicitudes no sería enviada a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
Pero no es verdad. ICE tiene acceso a la información personal de estos jóvenes, que llegaron como indocumentados de niños junto a sus padres y que estaban ahora a salvo de la deportación, según la web de investigación ProPublica.
De acuerdo con correos electrónicos de la Administración a los que ha tenido acceso este medio, ICE ha tenido acceso a las bases de datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) con información detallada, como los domicilios de los beneficiarios de DACA y otros millones de inmigrantes.
“USCIS y ICE ya comparten información sobre los beneficiarios de DACA. No hay manera de detener esto”, se puede leer en el correo electrónico firmado por Gene Hamilton, exfuncionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), poco después de que el presidente anunciara la cancelación de DACA. Hamilton está ahora en el Departamento de Justicia.
Cuando los dreamers, como se conoce a los beneficiarios de DACA, solicitaron protecciones de deportación y permisos de trabajo, los formularios incluían una promesa: la información no se compartiría con los agentes de inmigración.
“Es vergonzoso que la Administración esté tan comprometida con la deportación de los dreamers que está dispuesta a romper esta promesa”, ha denunciado el senador demócrata Dick Durbin.
Los correos electrónicos internos dejan claro que un inmigrante podría ser fácilmente localizado en base a su petición de DACA.
Este programa fue creado por el Gobierno de Barack Obama en 2012; el ex presidente demócrata se comprometió a no entregar a ICE los datos personales de los dreamers.
DACA depende ahora de la Corte Suprema, que podría tomar una decisión en las próximas semanas sobre si mantiene la cancelación del programa, poniendo a casi un millón de jóvenes al borde de la deportación, o anula la decisión de Trump.
Los magistrados aceptaron este lunes tomar en consideración un documento sobre las contribuciones de los dreamers en la lucha contra la pandemia del COVID-19.
Vea también: