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La Corte Suprema facilita la deportación de residentes legales condenados por ciertos delitos

Los magistrados conservadores imponen un dictamen que dificulta cumplir las reglas para evitar ser expulsado en caso de condena.
/ Source: Telemundo

WASHINGTON.— La Corte Suprema ha emitido este jueves un dictamen que facilitaría la deportación de inmigrantes legales que hayan cometido determinados delitos pese a que lleven muchos años en el país.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la máxima corte del país, de mayoría conservadora, reafirmó la decisión de una corte de menor instancia de permitir la deportación del jamaiquino Andre Martello Barton, quien fue condenado en varias ocasiones por varios delitos graves. 

La Corte Suprema dio la razón al Gobierno de que Barton no podía impugnar su orden de deportación bajo una ley federal que así lo permite para ciertos inmigrantes legales que llevan al menos siete años de residencia continua en el país.

Barton llegó a Estados Unidos en 1989 con una visa de turista. En 1992 logró la residencia permanente, pero cuatro años después fue condenado por asalto agravado, daños a la propiedad y posesión de un arma de fuego. En 2007 y 2008 recibió otras sentencias por delitos de drogas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) intentó deportar Barton en 2016, y un juez de inmigración así lo ordenó.

Cuando Barton solicitó la cancelación de su orden de expulsión, el Gobierno argumentó que no tenía ese derecho porque no cumplía los requisitos para mantener la residencia permanente al cometer delitos graves.

Una cláusula de una ley federal de 1996 establece que el fiscal general puede anular una orden de deportación si el inmigrante ha sido admitido para residir de forma permanente en Estados Unidos por al menos cinco años; lleva al menos siete años consecutivos de residencia, y no ha sido condenado por ningún delito mayor con agravantes.

En el caso de Barton, el Gobierno alegó que el periodo de residencia continua en el país finalizó en 1996, cuando éste fue condenado por asalto agravado, y la Corte Suprema le ha dado la razón.

La defensa de Barton argumentó infructuosamente que Barton ya llevaba muchos años de residencia permanente cuando cometió el delito. 

El dictamen es además una victoria política para el presidente, Donald Trump, quien ganó la presidencia en 2016 con su promesa de mano dura contra la población indocumentada, y que ha restringido también la inmigración legal. 

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), en enero de 2019 había 13,6 millones de residentes permanentes en el país, que pueden verse afectados en caso de haber cometido delitos agravados.

Normalmente, los residentes legales que han sido condenados por ciertos delitos menores pueden solicitar la cancelación de su deportación si reúnen los citados requisitos bajo la ley de 1996.

Pero una cláusula de esa ley, conocida como “reglamento para frenar el reloj” (“stop-time rule”), establece que la acumulación de años de residencia se detiene en el momento de la condena, aunque el inmigrante no sea inmediatamente deportado.

Los abogados del inmigrante jamaiquino intentaron contestar esta norma ante la Corte Suprema, pero la mayoría conservadora le ha dado finalmente la razón al Gobierno.

En nombre de la mayoría, el juez conservador, Brett Kavanaugh, reconoció que la deportación es “particularmente difícil” en casos de personas como Barton, quien ya lleva mucho tiempo en Estados Unidos, pero fue el Congreso el que “autorizó la deportación de extranjeros que han cometido ciertos delitos graves, incluyendo residentes permanentes”.

“Las leyes de inmigración adoptadas por el Congreso no permiten que se cancele una deportación si un residente permanente ha acumulado este tipo de historial criminal”, explicó Kavanaugh.

En declaraciones a Noticias Telemundo, el congresista demócrata por Illinois, Jesús “Chuy” García, dijo que el dictamen sobre divisiones ideológicas refleja en parte la “lealtad” de los jueces conservadores hacia Trump, quien nombró a dos de ellos, Kavanaugh, en 2018, y Neil Gorsuch, en 2017.

“Este dictamen debilita el proceso judicial en nuestro país, erosiona la protección que tienen personas acusadas de algún crimen. La implicación más grave es que permite la deportación de personas que han sido arrestadas y tienen condenas por delitos menores”, observó García.

“Esta no es una buena señal para la decisión en el caso de DACA”, advirtió.

En diciembre pasado, García lideró un grupo de congresistas demócratas al introducir un proyecto de ley “contra la criminalización de los inmigrantes”, que, entre otros elementos, protege el derecho de los inmigrantes al debido proceso. La iniciativa no ha sido sometida a voto.

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