WASHINGTON.— Los trabajadores del campo no son “desechables” sino que realizan labores esenciales para la economía, y el Congreso debe fortalecer las protecciones para el sector porque la pandemia de coronavirus puede paralizar operaciones en muchas granjas, advierte un informe divulgado este jueves por el Centro Estadounidense para el Progreso (CAP, en inglés).
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El sector agrícola ya afrontaba una escasez de mano de obra antes del impacto del COVID-19, pero ahora la pandemia afecta tanto la salud de los trabajadores como a la supervivencia de las empresas, denuncia el informe, que señala el cierre de plantas procesadores de carne como un precedente pesimista.
“Un brote entre los trabajadores del campo podría cerrar por completo operaciones agrícolas en unos momentos en los que la cadena de suministros ya está experimentando interrupciones sin precedente”, asegura el informe.
“Si los trabajadore juhkis del campo comienzan a contraer el coronavirus, la disponibilidad de la fuerza laboral disminuirá, y eso podría tener un efecto devastador en la producción de alimentos”, añade.
A principios de este mes, tres trabajadores agrícolas dieron positivo a la prueba del coronavirus en el condado Coyunga en Nueva York; uno de ellos falleció.
“Se requieren acciones rápidas para evitar la propagación del coronavirus, y es más urgente aún tras el cierre de varias plantas procesadoras de carne. Los trabajadores esenciales no son desechables”, enfatiza el documento.
En declaraciones a Noticias Telemundo, Zoe Willingham, investigadora del CAP y coautora del informe, afirma que, aunque ya se han documentado los riesgos que afrontan los campesinos, la respuesta legislativa ha sido deficiente.
“El proyecto de ley que aprobó el Senado no tiene protecciones significativas para estos trabajadores; especialmente necesario ampliar el acceso al cuidado de salud para todos, sin importar su estatus migratorio”, subrayó.
“No basta con acciones voluntarias [de las empresas], se requieren normas federales para asegurar una rigurosa aplicación" de protecciones laborales, añadió.
A su juicio, el nuevo proyecto de ley, que la Cámara de Representantes prevé aprobar este jueves, se queda corto para responder "al amplio gama de asuntos que afectan a los trabajadores agrícolas, y a los trabajadores en general".
Así, su informe incluye recomendaciones para que el Congreso y el Gobierno fortalezcan las protecciones de salud y laborales de los trabajadores agrícolas, incluyendo pruebas de coronavirus gratuitas; más equipos de protección personal; y una mayor vigilancia de las normas de seguridad en los sitios de empleo.
También pide que se obligue a las empresas a adoptar prácticas de distanciamiento social y otras medidas de protección; garantías de pago del salario mínimo; y el cese de operativos migratorios en granjas y procesadoras de carne.
Más vulnerables que otros trabajadores
Los trabajadores del campo son especialmente vulnerables a las enfermedades por la naturaleza de sus labores, una baja tasa de seguro médico, ningún día de enfermedad con goce de sueldo y, con frecuencia, pobres condiciones de vida.
En el caso de los trabajadores extranjeros con visas H-2A, tienen más riesgos de infección con el coronavirus porque recorren largas distancias en hacinados autobuses desde México y, una vez instalados en Estados Unidos, viven en lugares inadecuados y bajo condiciones de hacinamiento.
Como parte del tercer plan de estímulo económico, el Congreso aprobó 80 horas de días de enfermedad con pago para los trabajadores pero, para el sector agrícola, ese beneficio incluye a aquellos con visas H-2A si trabajan para empresas con entre 50 y 500 trabajadores.
Por otra parte, la iniciativa dejó afuera a los trabajadores indocumentados en lo que respecta a pruebas de diagnóstico gratuitas para personas sin seguro médico, y los demás beneficios laborales.
En la actualidad, los trabajadores que requieren mascarillas y otros equipos para la aplicación de pesticidas, podrían afrontar problemas para adquirirlos debido a la escasez de equipos de protección personal, conocidos por su sigla en inglés como PPEs.
Además, estos trabajadores pasan largas horas a la intemperie con acceso limitado a baños y servicios de higiene personal, por lo que difícilmente pueden seguir los protocolos recomendados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), indica el informe.
Los trabajadores agrícolas, la mayoría de los cuales son inmigrantes y cerca de la mitad de éstos son indocumentados, afrontan grandes riesgos pero “carecen de muchas de las protecciones legales que tienen la mayoría de los trabajadores” en otros sectores.
En 2019, Estados Unidos emitió más de 200,000 visas H-2A, lo que constituyó cerca del 10% de toda la fuerza laboral del campo. Según estadísticas del Departamento de Agricultura, el 53% de los trabajadores del sector son extranjeros.
La orden ejecutiva que firmó este miércoles el presidente, Donald Trump, para suspender el ingreso de ciertos extranjeros, creó exenciones para trabajadores “esenciales”, incluyendo los del sector agrícola.
Pero, según CAP, permitir el ingreso al país de más extranjeros sin adoptar medidas para resguardar su salud y seguridad, así como para el resto de los trabajadores, es señal de “miopía”, porque aumenta el riesgo para todas las personas en su entorno.
De nada sirve que las comunidades locales obedezcan rigurosas prácticas de distanciamiento social y de limpieza, si los trabajadores regresan a sus casas de lugares infectados, dijo el centro de estudios.
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