WASHINGTON.— El presidente, Donald Trump, prevé firmar esta semana una orden ejecutiva que, ante la pandemia del COVID-19, suspenderá por un plazo inicial de 60 días la inmigración legal a Estados Unidos.
Trump anunció la medida la noche del lunes en su cuenta en Twitter, y durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, dijo este martes que evaluará una posible extensión "según las condiciones económicas en el momento".
El mandatario prevé firmar la medida probablemente mañana, "una vez que la completen los abogados", y adelantó que la orden ejecutiva incluirá una exención para los agricultores.
"Al hacer una pausa en la inmigración, estaremos ayudando a que los estadounidenses queden de primeros en la línea para los trabajos cuando Estados Unidos reabra", explicó.
"Esto es muy importante, sería injusto y equivocado que los estadounidenses despedidos por el virus sean reemplazados con una nueva fuerza laboral traída del exterior. Tenemos que cuidar primero del trabajador estadounidense", enfatizó.
Pero la medida ya ha provocado el rechazo de los defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes, y podría ser impugnada en los tribunales.
Trump anunció este martes que la medida temporal durará 60 días e incluirá exenciones para refugiados, trabajadores esenciales, profesionales de salud y sus familias, y extranjeros considerados “en el interés nacional”.
Aunque Trump había amenazado con suspender todo el sistema de inmigración ilegal, su gobierno afrontó una fuerte condena del empresariado, por lo que ahora la orden ejecutiva se centrará en frenar la concesión de nuevas green cards y mantendrá en pie los programas de visas para trabajadores temporales.
Sin embargo, Trump no descartó implementar una segunda orden ejecutiva para restringir más las visas legales en otra oportunidad.
“Debido al ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros GRANDES ciudadanos estadounidenses, ¡firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración!”, tuiteó Trump el lunes.
La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, aseguró este martes que Estados Unidos afronta “tiempos sin precedentes”, y el objetivo del presidente es “proteger la salud y bienestar económico de los ciudadanos estadounidenses”.
McEnany repitió el argumento de Trump de que décadas de niveles históricos de inmigración han deprimido los salarios y provocado un alza en el desempleo, “especialmente entre trabajadores afroamericanos y latinos”.
La campaña de reelección de Trump mantuvo esa línea populista en un mensaje enviado a sus partidarios, en el que señaló que el mandatario quiere proteger la salud y el bienestar económico de los estadounidenses.
"En unos momentos en que un virus ha interrumpido artificialmetne nuestra economía, el introducir más competencia por los trabajos agravaría el desempleo y deprimiría los salarios, especialmente en las comunidades negra y latina", advirtió Tim Murtaugh, un portavoz de la campaña de reelección.
En los meses anteriores a la pandemia, sin embargo, el desempleo estaba en su mínimo histórico; desde entonces, más de 22 millones de ciudadanos han perdido su trabajo.
“En unos momentos en que los estadounidenses quieren regresar a trabajar, se necesita actuar”, dijo McEnany.
El argumento de Trump y conservadores afines –de que los extranjeros “roban” empleos y deprimen salarios– contradice la mayoría de estudios que demuestran sus contribuciones al crecimiento económico en el país.
En ese sentido, el presidente de la principal federación sindical, AFL-CIO, Richard Trumka, ha sido contundente: la medida “no creará ni un solo puesto de trabajo, no salvará una sola pensión, ni protegerá a ninguna comunidad, y privará al país de lo que verdaderamente lo hace grande: nuestra diversidad”.
Estados Unidos ha registrado por ahora casi 800,000 contagios de COVID-19 y más de 42,000 muertes, según el recuento de NBC.
El presidente ha insistido en que la evolución de la pandemia permite ya reabrir la economía del país, muy golpeada por las órdenes de cuarentena para contener la enfermedad.
Su mensaje, por un lado, es que el país tiene que cerrar su sistema de inmigración debido a la pandemia pero, por otro, destaca la urgencia de reabrir al país para evitar un mayor desplome económico.
Ante la escasez de trabajadores esenciales (desde médicos hasta agricultores o transportistas), el Departamento de Seguridad Nacional ha intentado relajar sus reglamentos para atraer a más inmigrantes que cultiven el campo y aseguren el suministro de alimentos a ciudadanos encerrados en sus casas. Y el Departamento de Estado ha autorizado visas de emergencia para profesionales de salud.
Posibles afectados
En declaraciones a Noticias Telemundo, Doug Rand, experto en inmigración en la Administración de Barack Obama y cofundador de la empresa Boundless Immigration, vaticinó que la medida probablemente no afectará a los extranjeros que ya viven y trabajan aquí con permisos permanentes o visas temporales.
Funcionarios de la Administración Trump dijeron este martes que los ciudadanos estadounidenses que tramiten visas para traer a sus cónyuges e hijos podrán hacerlo, pero la opción quedaría cerrada para familiares de residentes legales y aquellos que soliciten la "tarjeta verde" a través de un contrato laboral.
En la actualidad, aquellos con trámites pendientes ya sufren la cancelación de entrevistas y enormes retrasos en la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) por la pandemia.
La medida afectaría además a aquellos con permisos temporales para estar en el país, aunque, explica Rand, “debido a la encerrona del mundo durante la pandemia, esa cifra no es muy grande”.
Las autoridades migratorias han frenado el paso a solicitantes de asilo desde que Trump declaró la emergencia nacional por la pandemia: la frontera está cerrada, y son devueltos a México independientemente del mérito de sus casos o el riesgo para sus vidas.
Un terreno hostil para migrantes
La Administración Trump mantiene en pie otras restricciones en el sistema, entre ellas la veda a inmigrantes de países musulmanes; la regla de carga pública, que limita la emisión de tarjetas de residencia permanente; la drástica reducción en el reasentamiento de refugiados; y el retraso en visas temporales y procesos de ciudadanía.
Según Tim Young, portavoz del grupo Lutheran Immigration and Refugee Service, bajo la Administración Trump el país ha registrado un declive histórico en el ingreso de refugiados, tomando en cuenta que el promedio anual ha sido de 95,000 desde la puesta en marcha del Acta sobre Refugiados de 1980.
Para el año fiscal 2020, el límite anual es de 18,000, pero el gobierno solo ha procesado a un 41% del total, y muchos no han podido ingresar al país debido a la cancelación de vuelos.
La inminente orden ejecutiva, coordinada con la ayuda de Stephen Miller, un asesor político de Trump conocido por su ideología "anti-inmigrante", ha generado el rechazo de la oposición demócrata, y de grupos cívicos, religiosos, empresariales y sindicalistas.
Algunos activistas ya bautizaron a Trump con el mote de “xenófobo en jefe”.
Andrea Flores, de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) acusó a Trump de interesarse más en atizar el sentimiento anti-inmigrante que en salvar vidas.
“No podemos permitir que el presidente Trump explote esta pandemia para avanzar su racismo y xenofobia”, agregó.
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