WASHINGTON.— El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, ha anunciado este lunes formalmente que Estados Unidos mantendrá el cierre parcial de la frontera con México y Canadá, prohibiendo todos los viajes “no esenciales” al menos hasta el próximo 20 de mayo, lo que incluye también cerrar el paso a los solicitantes de asilo.
Desde su cuenta en Twitter, Wolf dijo que Estados Unidos, México y Canadá han acordado extender 30 días más las restricciones por la pandemia de coronavirus.
“Como ha dicho el presidente, (Donald) Trump, la semana pasada, el control de las fronteras, las restricciones de viaje y otras limitaciones siguen siendo críticas para desacelerar la propagación y permitir la apertura escalonada del país”, precisó Wolf.
Trump anunció el cierre parcial de la frontera con México y Canadá el 20 de marzo, cuando Estados Unidos tenía 15,000 casos confirmados y 204 muertos.
Ahora hay 759,000 casos y más de 40,000 muertes, según NBC News.
El Gobierno recurrió a una ley federal que permite a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) cerrar las fronteras a personas que representen una amenaza para la seguridad nacional o la salud pública.
“Hay un serio riesgo de que se introduzca el COVID-19 por los puertos de entrada y estaciones de la Patrulla Fronteriza en o cerca de las fronteras”, explicó la orden.
Al igual que entonces, la medida no impedirá ahora el comercio legal en la zona fronteriza, de más de 2,000 millas, pero sí mantendrá la veda a inmigrantes indocumentados que llegan a solicitar asilo.
La extensión de las restricciones de viaje tampoco aplicará a ciudadanos estadounidenses, residentes legales, miembros del Ejército, y extranjeros con visas temporales o que participen en un programa de exención de visas.
El pasado 1 de abril, el general Terrence J. O'Shaughnessy, jefe del Mando Norte, dijo que "muy pronto" desplegaría a 540 soldados más en la frontera sur para ayudar a impedir el cruce de "migrantes contagiados con el COVID-19".
Veda a solicitantes de asilo
La Unión de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) ha condenado la extensión de las restricciones de viaje, al señalar que permitirán que los agentes fronterizos deporten a todos los migrantes detenidos aunque puedan demostrar su derecho a que se examine su solicitud de asilo.
La Patrulla Fronteriza ya ha deportado a cerca de 10,000 migrantes, entre ellos solicitantes de asilo, familias y niños, desde que entró en vigor la primera veda.
Ruthie Epstein, subdirectora de ACLU, asegura que la Administración Trump se ha negado a suspender operaciones policiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) o a poner en libertad a migrantes bajo su custodia, lo que ayudaría a reducir el riesgo al contagio del coronavirus tanto de migrantes como de los empleados y del público en general.
Sin embargo, en lo que se refiere a la frontera, sí ha tomado “acciones drástica e injustificadas”, obviando los compromisos bajo las leyes federales y el derecho internacional para proteger a los refugiados, según Epstein.
“Es obvio que la Administración está explotando una grave crisis de salud pública para lograr su meta de larga data de cerrar la frontera a solicitantes de asilo”, argumentó.
El pasado 7 de abril, un grupo de senadores demócratas, liderado por Patrick Leahy, envió una carta a Wolf en la que advirtió que ninguna crisis nacional le da a la Administración “autoridad unilateral para ignorar o desafiar las leyes”.
“Una crisis de salud pública no le da al Gobierno carta blanca para violar los derechos constitucionales, ni licencia para operar al margen de la ley”, advirtieron.
Fuerte impacto económico
Por su parte, la Cámara de Comercio ha avisado del enorme impacto que un cierre de la frontera, aunque sea parcial, puede causar a los negocios, familias y trabajadores en la zona fronteriza.
El año pasado, el intercambio de bienes y servicios entre Estados Unidos y México totalizó 678,000 millones de dólares, o el equivalente de 1,850 millones al día, según datos del Departamento de Comercio. .
Así, el cierre de la frontera supone una pérdida de "decenas de miles de millones de dólares" en el comercio entre EE.UU. y México, y es especialmente grave para la industria automotriz.
Los manufactureros reducen sus gastos porque dependen de la entrega a tiempo de muchos componentes y refacciones, y cualquier demora "puede obligar al cierre de una planta de ensamblaje u otra instalación manufacturera, cuya producción es mucho mayor que lo que cuestan los productos detenidos en la frontera", explicó la organización.
Muchos de los 48 puertos de entrada en la frontera con México están afrontando enormes retrasos por falta de suficiente personal de la Patrulla Fronteriza, y eso acarrea enormes costos directos a los manufactureros, dijo la Cámara.
Estados Unidos no cerró sus fronteras tras los atentados del 9 de septiembre de 2001, pero sí emitió una alerta de nivel 1 que obligó a la inspección de todos los vehículos en los puestos de control en ambas fronteras.
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