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“Es muy cruel”. Estos inmigrantes con TPS mantienen el país en marcha pese a la amenaza de ser deportados

“No sé cual sería un plan B, pero es muy preocupante, se requiere una regularización", lamenta un inmigrante cuya empresa da empleo a 10 personas. Otros trabajan en desinfectar los edificios o llevar comida a nuestras mesas. Y todos tienen un doble temor.
/ Source: Telemundo

Blanca Cárdenas lleva 24 años cuidando de ancianos en un asilo de San Francisco (California). “Es un trabajo que hago con todo el amor del mundo”, explica esta madre de 50 años, que emigró de Honduras huyendo del maltrato de su esposo y logró quedarse legalmente gracias al Estatus Temporal de Protección (TPS), adoptado en 1999 por la situación de emergencia tras el huracán Mitch.

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Cárdenas hace ahora frente a otra amenaza, la pandemia de coronavirus, desde primera línea: “La situación es muy dura y triste, no tenemos equipo suficiente y tengo miedo a enfermar”. California fue uno de los primeros estados en detectar contagios de COVID-19, que suman ya casi 700,000 casos en Estados Unidos, y San Francisco se adelantó al resto del país en decretar orden de quedarse en casa.

Desde entonces, las muertes se han multiplicado, sobre todo en hogares de ancianos. Cardenas debe cuidar además de un hijo con problemas físicos y psicológicos.

Pero no sólo vive asustada por la enfermedad: el Gobierno que preside Donald Trump ha puesto fin al programa de protección TPS, dejándola al borde de la deportación como a otros cientos de miles de inmigrantes que llevan décadas viviendo en el país. Su destino pende ahora de una decisión judicial que confirme o anule la medida de la Casa Blanca, pero provisionalmente ya tiene fecha límite para marcharse: el 4 de enero de 2021.

“Es muy injusto”, “muy cruel”, se lamenta,  “somos muy útiles para el país y es un deber moral que regularicen nuestra situación, son muchos años aquí y lo hemos pagado”. Por su condición, añade, cobra un sueldo menor que otros empleados con menor experiencia pese haber “trabajado muy duro durante 24 años”.

No es la única en peligro de ser deportada: más de 130,000 beneficiarios del TPS luchan en primera fila contra la pandemia, como profesionales de la salud, cuidadores, repartidores, etcétera, según un estudio del Centro para el Progreso Americano.

Gerson Bonilla
Gerson BonillaGerson Bonilla

Aprobado por el Congreso en la década de los 1990, este programa humanitario protege de la deportación y permite vivir y trabajar en el país a inmigrantes indocumentados cuyos países de origen se vieron afectados por conflictos civiles o desastres naturales.  Según datos del Foro Nacional de Inmigración (NIF, en inglés), se benefician 195,000 salvadoreños, 57,000 hondureños, 46,000 haitianos, 5,800 sirios, 2,550 nicaragüenses, y 1,250 yemeníes, entre otros.

“Creo que es una situación muy seria para los amparados. Vemos con tristeza esa decisión”, asegura Gerson Bonilla, un salvadoreño padre de cuatro hijos que llegó a Estados Unidos hace más de 30 años y se beneficia también de esta protección.

Es dueño de una empresa de servicios de aire acondicionado con 10 empleados, y trabaja en hogares de ancianos en el área de Houston (Texas). Hasta ahora, explica, ha preferido no pensar en lo que pueda pasar con su familia y su negocio a partir del próximo enero: “Estamos enfocados en trabajar, estamos preocupados como el resto” por la pandemia.

Pero añade: “No sé cual sería un plan B, pero es muy preocupante, se requiere una regularización”. Como el resto de hondureños, beneficiados también por el TPS por la destrucción sembrada por el huracán, su fecha límite es el 4 de enero.

Patricia Valle
Patricia VallePatricia Valle

Patricia Valle, salvadoreña también, de 40 años, trabaja limpiando una oficina bancaria en San Francisco, que sigue operando pese a la pandemia. Llega a las seis de la tarde para desinfectar el edificio junto a otros seis compañeros, con los que mantiene a rajatabla la distancia social de seis pies ordenada por las autoridades.

“Supone un gran riesgo porque trabajo cinco días a la semana, pero es la única manera de sustento”, afirma, “para el Gobierno no hemos sido importantes, y ahora sí somos importantes”.

“No sé cómo voy a hacerle”, se lamenta de igual forma su compatriota Ana Delgado, que trabaja en una empacadora de manzanas en Wenatchee (Washingon). Fue el primer estado en verse afectado por la pandemia, pero su empresa no ha dejado de operar porque está considerada como esencial: encerrados en casa o no, los ciudadanos deben tener alimentos para comer.

“Estoy muy preocupada como mamá, hermana e hija”, añade, sobre la pandemia, sí, pero también sobre la posibilidad de tener que volver a su país, asolado por la pobreza y la violencia, y afectado también muy duramente por el coronavirus.

Ana Delgado
Ana DelgadoAna Delgado

Según el informe del Centro para el Progreso Americano, hay al menos 11,600 beneficiarios del TPS que trabajan como profesionales de la salud. El pasado jueves, 38 senadores demócratas  (hay 47 de este partido en la Cámara, y otros 53 republicanos) enviaron una carta al presidente para solicitar una prórroga de los permisos de trabajo del TPS y de la condición DACA, a la que también puso fin Trump.

Aseguran que eso “salvará vidas estadounidenses y evitará futuras disrupciones en la economía”, puesto que deportar a más de un millón de migrantes que se encuentran ahora protegidos por esos dos programas “sería innecesariamente cruel y un gran debilitamiento de la fuerza laboral de la nación”.

Entre los senadores que firmaron el texto se encuentran los excandidatos presidenciales Bernie Sanders, Amy Klobuchar, Kamala Harris, Elizabeth Warren y Cory Booker, así como el líder de la minoría en la Cámara Baja, Charles Schumer, y el senador Bob Menendez, entre otros.

La organización Alianza Americas, que representa a más de 100,000 familias en todo el país, solicitó este miércoles que se otorgue la residencia permanente a todos los beneficiarios del TPS.

“El trabajo que realizan es heroico, están haciendo una contribución diaria y tangible a las comunidades en todo Estados Unidos”, aseguró Oscar Chacón, su director ejecutivo, que añadió: “El sacrificio que estas personas y sus familias es ejemplar, especialmente cuando su futuro en este país es incierto”.

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