WASHINGTON.— Los trabajadores indocumentados pagan impuestos y son considerados esenciales en sectores clave de la economía, pero el Congreso los ha omitido de las ayudas económicas por la pandemia de coronavirus.
En una conferencia telefónica, activistas y líderes sindicalistas pidieron ayudas para todos los inmigrantes, sin importar su raza, empleo o estatus legal, y delinearon seis demandas que, a su juicio, deben atender el Congreso y las empresas.
“No hay razón para que, en medio de esta crisis nacional, ni un solo trabajador o su familia quede fuera de planes de alivio de emergencia", afirmó Mary Kay Henry, presidenta del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU).
Estas demandas forman parte de una campaña nacional, titulada “Proteger a todos los trabajadores”, que el sindicato lanzó en marzo para presionar por un aumento del salario mínimo de 7,25 a 15 dólares la hora.
En su pliego de demandas piden fondos para el cuidado médico, pruebas y tratamiento del COVID-19; la recuperación de salarios para quienes pierden empleos o sufren recorte de horas; ayudas de vivienda y cuidado de niños: e inversiones inmediatas a los estados para la contratación y capacitación de trabajadores de salud.
También exigen que los líderes políticos, en todas las esferas del gobierno, incluyan a trabajadores inmigrantes y de minorías en paquetes de alivio económico y de cobertura médica; que el acceso a ayudas y recursos estén en varios idiomas, y se rechacen los ataques contra la comunidad asiática.
Una inmigrante salvadoreña de Houston (Texas), que se identificó sólo como Ana, explicó que trabaja de noche limpiando oficinas y, aunque usa guantes y mascarilla, vive con el temor a contagiarse porque, además, padece de diabetes y presión alta.
“Me redujeron las horas en el trabajo por la crisis, así que se me hace aún más difícil pagar mi renta, mi comida, y medicinas. Tengo miedo y ansiedad cada vez que salgo a trabajar porque tomo transporte público y se que estoy exponiéndome al virus”, asegura Ana, que con 65 años ya es abuela.
“Creo que es una injusticia que nuestro gobierno no incluya a todos los trabajadores inmigrantes en el paquete de alivio. Nosotros merecemos las mismas protecciones al trabajador durante esta crisis igual que todos”, argumentó.
Según los activistas, el gobierno federal debería seguir el ejemplo de estados como California, que el miércoles se convirtió en el primero en ofrecer ayuda económica a los inmigrantes indocumentados; la ciudad de Nueva York se unió este jueves a la iniciativa.
Los activistas indicaron que han contactado a líderes en ambas cámaras del Congreso para explicar sus demandas. Por ahora, el Congreso intenta destrabar las negociaciones para aprobar más ayudas para los negocios y para implementar un cuarto plan de estímulo económico.
En declaraciones a Noticias Telemundo, Dean Baker, economista y cofundador del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR, en inglés), opinó que el Gobierno de Donald Trump ha sido “increíblemente negligente al no requerir la protección de trabajadores esenciales en esta pandemia”.
El Departamento de Seguridad en el Trabajo (OSHA), por ejemplo, tiene menos inspectores de los que debería tener, denuncia, y debería publicar “guías claras” sobre aislamiento físico, ventilación adecuada y equipos de protección.
Trabajadores indispensables
En paralelo a la conferencia telefónica, Ryan Zamarripa, subdirector de política económica del Centro para el Progreso Estadounidense, publicó este jueves una columna en la que urgió la inclusión de los inmigrantes indocumentados, que suman 7.6 millones en la fuerza laboral, o aproximadamente el 4,6% de todos los trabajadores.
Cerca de un tercio de los inmigrantes indocumentados son dueños de casa, y todos pagan cerca de 12,000 millones de dólares anuales en impuestos a la venta, ingreso y propiedad en los niveles locales, estatales y federales, señaló.
Zamarripa destacó que el propio Departamento de Seguridad Nacional elaboró una lista de trabajadores esenciales en distintos rubros de la economía, que además emplean la mano de obra de inmigrantes indocumentados.
Sin embargo, los inmigrantes indocumentados afrontan riesgo de ruina económica y su temor a la deportación les impide acceder a pruebas y tratamiento del COVID-19, aseguró.
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