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“Estén alerta a las tácticas de ICE”. Una demanda judicial acusa a los agentes de engaños para entrar en viviendas

Organizaciones civiles llevan a la agencia federal ante la justicia por sus supuestas artimañas para acceder a domicilios sin orden judicial. Le contamos cómo lo hacen.

Dos organizaciones de derechos civiles y un bufete de abogados han presentado este jueves una demanda colectiva ante la corte de distrito de Los Ángeles (California) para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) a que abandone su táctica de hacerse pasar por policías cuando llaman a la puerta de familias indocumentadas para hacer arrestos.

Los agentes federales usan ropa y armamento táctico con logotipos en los que se puede leer la palabra “policía”. Pese a que sí son una fuerza del orden, sus labores son distintas a las de los cuerpos de policía locales o estatales, o al Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

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Así, por ejemplo, los inmigrantes indocumentados son detenidos por cometer faltas civiles (entrar sin permiso al país) y no por delitos criminales, como hace la policía. Aunque tengan antecedentes, si ICE les viene a buscar es por su estatus migratorio. En cualquier caso, tanto la policía como la agencia federal requiere generalmente de la orden de un juez para entrar en un domicilio.

Lo que denuncian la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y el grupo de derechos de los inmigrantes de la Escuela de Ley de Irvine en la Universidad de California es que, con esta táctica, los agentes federales se benefician de la autoridad moral de la policía para que los inmigrantes les franqueen el paso a sus viviendas (pese a no tener orden del juez, sí pueden entrar y detener a quien consideren si se les abre la puerta para que pasen).

Esa táctica, que las organizaciones consideran engañosa, viola a su juicio la Cuarta Enmienda de la Constitución (que protege precisamente contra actuaciones ilegales de las fuerzas del orden), y además mina la confianza de los ciudadanos en la policía (necesaria, por ejemplo, para que se atrevan a reportar delitos, violencia doméstica, etcétera, sin miedo a ser deportados).

La demanda judicial ha sido interpuesta en representación de Osny Sorto-Vasquez Kidd, que reside en Hacienda Heights, un suburbio de Los Ángeles (California), que se encuentra en el país protegido por la condición DACA para niños que llegaron ilegalmente de la mano de sus padres.

En su caso, la agente de ICE se identificó en la puerta de su vivienda como una “detective” de la policía local que investigaba cómo un peligroso criminal estaba usando la dirección de esa familia. La madre de Kidd, asustada, la dejó entrar, y con ella se metieron en el domicilio otros agentes.

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“Esa mañana yo no estaba en mi casa, mi madre y mis hermanos estaban en el hogar”, cuenta Kidd a Noticias Telemundo, “mi madre estaba muy temerosa, tenía mucho miedo, pánico”. Denuncia así como “intimidaron” a su familia con una historia falsa “para lograr llegar” hasta él, que tiene una orden pendiente de deportación pese a que, asegura, está protegido actualmente por DACA.

Kidd, quien actualmente trabaja cuatro días a la semana como enfermero en un centro de salud en medio de la pandemia por el coronavirus, terminó pasando tres meses detenido en un centro de ICE, después de que agentes le telefonearan pidiéndole que saliera de casa para hablar, momento en el que fue detenido.

"Fue muy duro, emocionalmente y económicante", lamentó Kidd durante la rueda de prensa para presentar la demanda.

En otras ocasiones, los agentes de ICE usan expresiones como: “Somos policías investigando un crimen y sólo queremos hacerles una pocas preguntas, ¿podemos entrar”, “Somos policías y hay un problema con su auto, ¿podemos entrar”, “Somos agentes de la condicional y buscamos a una persona que vive en esta casa, ¿está, podemos hablar con él?”.

La ciudad de Los Ángeles ya dejó claro en 2017 que se oponía a estas tácticas porque “mina décadas de trabajo” de su policía para ganarse la confianza de las comunidades migrantes; los agentes tienen prohibido desde hace más de 40 años preguntar por el estado migratorio de los ciudadanos.

Esta demanda judicial va acompañada por una campaña publicitaria de las organizaciones civiles para informar a los inmigrantes de sus derechos constitucionales.

“Es muy importante”, asegura Kidd, “quiero que las personas de la comunidad estén atentas, estén alertas a las tácticas de ICE, pretendiendo pasar por policías para entrar a las casas, mintiendo a las personas para entrar a sus hogares y hacer arrestos. Me gustaría que la comunidad se informara, quiero que sepan que tienen derechos”.

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