WASHINGTON.— Sólo era cuestión de tiempo para que el coronavirus empeorara la situación de los trabajadores de plantas procesadoras de carne y pollo, donde las condiciones ya eran duras y hay riesgo de despidos. Al menos cinco han muerto de COVID-19 y cerca de un centenar están contagiados, por lo que los sindicatos exigen más protecciones del gobierno.
Durante años, los trabajadores de las industrias cárnica y avícola, muchos de ellos hispanos, han realizado labores peligrosas en gélidas plantas de producción y en condiciones de “robo de salarios”, según alega una demanda colectiva entablada en septiembre de 2019.
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Ahora, con la llegada del coronavirus, estos empleados no sólo afrontan riesgos de salud –no hay mucho “distanciamiento social” si trabajan apiñados– sino también la posibilidad de despidos, porque algunas plantas han empezado a cerrar temporalmente en varios estados para frenar el contagio.
Al menos cinco trabajadores han fallecido de COVID-19 y cerca de un centenar se han contagiado. Muchos llegan a trabajar enfermos en distintas plantas procesadoras en todo el país.
Saúl Sánchez trabajó la mitad de sus 78 años en una planta procesadora de la empresa JBS en Greeley (Colorado), donde trabajan más de 3,000. Se enfermó el pasado 19 de marzo y falleció en una cama de hospital el miércoles pasado.
Enjugándose las lágrimas, su hija, Beatriz Sánchez Rangel, dijo a Noticias Telemundo que no pudo acudir a su lado por las restricciones de movimiento, pero se despidió de él desde la pantalla de su teléfono móvil.
“Nos despedimos a través de Facebook; él estaba sedado, dormido… su corazón paró y ya”, dijo Sánchez Rangel, quien aseguró que, por su edad, su padre debió recibir más ayuda.
Exigen más protecciones
Consultados por Noticias Telemundo, líderes sindicalistas y de grupos cívicos coincidieron en que el gobierno federal debe hacer más para que las empresas refuercen la seguridad de sus trabajadores.
Robyn Robbins, directora de asuntos de seguridad laboral del Sindicato Internacional de Trabajadores de Procesamiento de Alimentos Comerciales (UFCW), dijo que la inacción de la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por su sigla en inglés) del Departamento del Trabajo merece un mayor escrutinio porque "ha mantenido casi total silencio”.
Aunque la agencia tiene recursos en español para las empresas, Robbins dijo que al movimiento sindicalista le preocupa que OSHA no está haciendo cumplir las leyes de seguridad laboral respecto al COVID-19 “cuando más se necesita”.
Los empleados del sector siempre han tenido mayores riesgos de salud y accidentes debido a la naturaleza de su trabajo: movimientos repetitivos, uso de maquinaria peligrosa, exposición a químicos, la velocidad de las plantas de procesamiento, y la falta de acceso a baños, entre otros.
“Esto último es aún más importante ahora, porque se recomienda lavarse bien y con frecuencia las manos para prevenir la propagación del virus”, señaló Robbins, cuyo sindicato representa a 1,3 millones de trabajadores en todo el país.
El UFCW instó en una carta a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) que emita “de inmediato” reglamentos obligatorios para los almacenes de comida, farmacias e instalaciones de procesamiento de alimentos, para proteger tanto a los empleados como a las cadenas de suministros alimentarios y fármacos.
El gremio quiere guías relacionadas con el “distanciamiento social”; rigurosas prácticas de limpieza, higiene y desinfección; el uso de equipos de protección personal, y “mejores prácticas para los clientes” que frecuentan los negocios de alimentos.
Por su parte, Magaly Liccoli, activista del grupo Venceremos, en Arkansas, señaló que, ya antes de la pandemia, los trabajadores afrontaban falta de beneficios esenciales, días de enfermedad sin pago, y un punitivo sistema de puntos que los disciplina cuando faltan al trabajo y amenaza con despidos.
“Es una situación de vida o muerte, porque muchos de los trabajadores ya tienen problemas respiratorios por el uso de químicos a lo largo de sus años en una empresa”, dijo.
Defienden esfuerzos de contención
Empresas como JBS y Tyson y, organizaciones que las representan, dijeron a Noticias Telemundo que han tomado todas las medidas posibles para resguardar la seguridad en las plantas en tiempos del COVID-19.
Worth Sparkman, un portavoz de Tyson en Springdale (Arkansas), dijo que entre las medidas en sus plantas figuran la restricción de visitantes, mayor distancia entre cada trabajador en la línea de producción, chequeo de temperatura de los empleados en cada turno y la limpieza profunda de las instalaciones.
También ha pedido al gobierno federal el envío de mascarillas y equipos de protección personal. Mientras llegan esos suministros, Tysons alienta el uso de mascarillas caseras y pide que los trabajadores enfermos se quedan en casa, señaló.
Por su parte, Julie Anna Potts, presidenta del Instituto Cárnico Norteamericano, calificó a los trabajadores como “héroes” en un sector crítico de la economía, que trabajan “bajo circunstancias difíciles para llevar comida a la mesa de la gente en todo el mundo”.
“Tenemos a funcionarios de salud pública en nuestras plantas a diario, y trabajamos horas extra con nuestros miembros y toda la cadena de suministros para resguardar la seguridad de los empleados”, aseguró.
Mientras, el National Chicken Council, que representa a los dueños de las polleras, delineó las medidas similares que sus miembros ha adoptado, con base a las recomendaciones de los CDC y de otros expertos en enfermedades infecciosas.
Son trabajadores “esenciales”
El martes pasado, el vicepresidente, Mike Pence, los ha calificado como trabajadores “vitales” en una “infraestructura crítica” de la cadena de suministros alimentarios.
Pero una empleada de JBS, que pidió el anonimato, fue contundente: “Nunca nos han valorado y ahora, en esta situación, menos”.
Aunque algunas empresas ofrecen bonos como incentivos para retener a sus empleados para deshuesar, cortar y empaquetar animales, pocos toman el riesgo que conlleva compartir estrechos espacios en tiempos de una pandemia.
La mayoría de los trabajadores que permanecen en sus puestos son afroamericanos, latinos e inmigrantes –los hispanos conforman el 35% de esta fuerza laboral– y, según UFCW, las empresas apenas empiecen a proveerles mascarillas.
Es que un reproche de los familiares de las víctimas es precisamente que, aunque los supervisores les digan que ayudan a “alimentar al país”, la industria no puede sostener su nivel de producción -ni sus ganancias- con trabajadores enfermos o ausentes.
Riesgo de despidos
Ante la propagación de la pandemia, algunas plantas procesadoras han comenzado a paralizar sus operaciones temporalmente.
La de Smithfield Foods, en Dakota del Sur, confirmó que más de 80 de sus empleados dieron positivo a la prueba de coronavirus. También ha habido decenas de casos en otras empresas en Alabama, Georgia, Pensilvania, y Tennessee.
Aunque el tercer plan de estímulo económico incluyó días de enfermedad con pago; una expansión de beneficios de desempleo y cheques directos para individuos y familias, los trabajadores indocumentados no califican para esas ayudas.
“Con el COVID-19, comenzamos a ver la falta de protección para los trabajadores… ahora muchos preguntan qué va a pasar si se enferman y faltan al trabajo, viven con el temor de perder sus trabajos”, advirtió Liccoli.
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