Por Juan Cooper
Tres semanas después de que la Casa Blanca declarara la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus y de que el país rebase ya los 400,000 contagios, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) sostiene que solo ha identificado 32 casos positivos del virus en 11 centros de detención de inmigrantes. 71 trabajadores de ICE también están contagiados, 11 de ellos asignados a centros de detención.
Sin embargo, Noticias Telemundo ha recibido llamadas de inmigrantes latinos desde varios centros de detención en distintos estados que no aparecen en la contabilidad de ICE. Aseguran que están siendo testigos de movimientos en las instalaciones que les hacen sospechar de posibles casos positivos de COVID-19.
“Siguen saliendo personas de acá en ambulancia, y uno ya murió, según nos dijo una abogada. Ya no nos dejan salir al comedor, ni al patio, pero supuestamente no estamos en cuarentena”, asegura Jesús Rodríguez, un cubano recluido en Stewart (Georgia).
“Los guardias no quieren hablar con nosotros, nos traen la comida en carritos de metal hasta las habitaciones, sabemos que el virus se queda ahí pegado por muchas horas, y tenemos miedo de contagiarnos”, añade.
Según las cifras publicadas por ICE, hay seis casos confirmados en tres centros de Nueva Jersey, otros seis en dos centros de Pensilvania, dos casos en Arizona, dos en Louisiana, uno en Michigan y otro en California. Sin más detalles, ICE asegura que algunos de esos detenidos contagiados de COVID-19 ya no están en su custodia.
Las organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes ponen en duda que solo haya 32 inmigrantes y 11 trabajadores contagiados en los centros de detención de ICE
"Las cifras que nos están dando no reflejan la realidad. No contienen ninguna cifra sobre los contratistas", señala Laura Rivera, del Southern Poverty Law Center (SPLC), en referencia al personal de las empresas que gestionan las prisiones de ICE.
"No nos dan ninguna información sobre cuántos detenidos pudieron haber estado en contacto con los contratistas, ni qué medidas han tomado ellos para aislar esas personas y darle cuidado médico", añade.
Southern Poverty Law Center (SPLC) y American Civil Liberties Union (ACLU), acusan a las empresas privadas que gestionan los centros de ICE, GEO Group y LaSalle Corrections, de “negarse a realizar tests” a los inmigrantes que presentan síntomas.
Además, estos gestores contratados por ICE “tienen poco entrenamiento en tratar enfermedades infecciosas”, señala la petición judicial que SPLC y ACLU presentaron el 31 de marzo para pedir la liberación de los solicitantes de asilo de Louisiana ante la emergencia del coronavirus.
El martes por la tarde, ICE anunció que, en consonancia con las recomendaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), está estudiando liberar a 600 inmigrantes "vulnerables al virus", entre ellos, mayores de 60 años y mujeres embarazadas. Hasta el 30 de marzo, ICE había liberado a 160, aseguró en un comunicado.
[ICE alista la puesta en libertad de 600 inmigrantes vulnerables a la pandemia del COVID-19]
Antes del anuncio de ICE, un juez federal en Pensilvania había ordenado la liberación de 22 inmigrantes que padecen enfermedades crónicas advirtiendo de “consecuencias catastróficas” para su salud en caso de que no fueran liberados.
“Vulnerando las directrices de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), ICE al parecer ha ocultado información vital sobre posibles brotes de COVID-19 a las personas detenidas, sus abogados y abogadas y sus seres queridos, y también al público en general”, señala un informe de Amnistía Internacional publicado el martes.
Luz Mary Pedraza, una hondureña detenida en Basile (Louisiana), asegura que vio cómo una compañera que tenía fiebre y mucha tos se desmayó, la sacaron del centro, y nunca más la volvieron a ver.
“Estamos viviendo una situación de terror, tememos mucho por nuestras vidas, aquí no le importamos a nadie, acá hay una señora embarazada y otras enfermas. A los oficiales de ICE no les importamos. Las guardias entran y salen del centro de detención y acá no andan con mascarilla ni nada. ¿Qué será de nosotras de si se da un contagio de coronavirus aquí?”, se pregunta.
En el mismo centro de detención de Louisiana, desde donde ya se han reportado otras denuncias, está ingresada la cubana Libia Lizeth Reyes Vásquez, de 32 años y enferma de lupus. En una llamada telefónica, relató que los agentes de inmigración le decomisaron los medicamentos que traía.
“Si yo no estoy medicada me duele todo, me siento muy mal. Ahorita estamos en cuarentena y yo no soy una persona normal, a mí las enfermedades me agravan mucho más. En estos momentos todo lo que como lo vomito, si sigo así, no voy a alcanzar a llegar allá afuera, me voy a morir acá adentro”, explica con la voz quebrantada.
Libia asegura que, antes de llegar a Louisiana, estuvo en un centro de detención en Montana, donde llegó con una infección en los riñones. Denuncia que no le dieron asistencia médica. Ahora pide que la dejen salir para poder tomar sus medicinas y estar con su familia, lejos del riesgo de contraer COVID-19.
Una amenaza para la salud pública
En su informe, Amnistía Internacional asegura que el Gobierno de Donald Trump está fallando en proteger a los más de 36,000 inmigrantes recluidos en 200 centros de detención durante esta crisis sanitaria.
“La detención innecesaria por parte de ICE de decenas de miles de personas es una gran amenaza a la salud pública. Es cruel, peligroso y mortal detener alguien exclusivamente por razones migratorias durante esta pandemia. ICE debe proveer alternativas a la detención, y dar libertad condicional humanitaria a los detenidos, excepto en casos extraordinarios donde se requiera la detención”, aseguró Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El reporte asegura que el número de detenidos infectados de COVID-19 que presenta ICE no es el real, y que la agencia federal ha estado ocultando a la opinión pública información importante de posibles brotes del virus en algunos de sus centros de detención.
“Amnistía Internacional ha recibido múltiples reportes por parte de abogados que aseguran que hay detenidos con síntomas de COVID-19. Sin embargo, ICE en muchos casos no ha querido comentar sobre la salud de esos detenidos”, asegura el informe.
En algunos centros de detención se han llevado a cabo huelgas de hambre exponiendo las malas condiciones higiénicas y sanitarias en los centros donde están confinados. Jaimila Guerra, una cubana que también está en Basile (Louisiana), asegura que tiene cuatro meses de embarazo y no le han dado ni productos ni condiciones especiales para protegerla de la pandemia.
Esto coincide con el informe de Amnistía Internacional donde se asegura que en los centros de detención de inmigración no se ha proporcionado jabón, desinfectante de manos ni tampoco se ha instaurado el distanciamiento social. Todo lo contrario, varios migrantes que se comunicaron con Noticias Telemundo aseguraron que se encuentran confinados en lugares sobrepoblados.
Carlos Marroquín, un guatemalteco de 32 años que está detenido en Catahoula, Louisiana, contó que está compartiendo habitación con más de 100 personas, muchas con síntomas de gripa, y no les dan medicina. “Hay gente que tiene calentura, y mal de cuerpo, estamos preocupados por nuestras vidas”, relata.
En el centro de detención de Karnes, Texas, por ejemplo, “no hay ni siquiera medicinas para tratar un dolor de cabeza o síntomas del resfriado común”, asegura el reporte.
El traslado de detenidos aumenta el riesgo de contagio
El informe de Amnistía Internacional dice que también se ha continuado con el traslado de detenidos de un centro a otro, aumentando las posibilidades de contagio y poniendo en riesgo la vida de miles de personas innecesariamente.
Eso mismo le pasó a Carlos, quien ya estaba en proceso de deportación para Guatemala pero ICE decidió trasladarlo desde Texas a Mississippi con otras 125 personas, y luego a Louisiana. “No entiendo qué está pasando con mi caso”, dice.
[ICE: “No hacemos operativos en instalaciones médicas”]
Amnistía Internacional también asegura que no se han realizado suficientes pruebas dentro de los centros, y que dado el caso de que los propios agentes de inmigración se infecten, ponen en riesgo a sus propias familias y comunidades.
El informe agrega que en el centro de detención familiar de Dilley (Texas), donde conviven decenas de madres con sus pequeños hijos, han llegado más personas con síntomas de COVID-19, y no les han dado instrucciones ni suministros de aseo personal para desinfectarse. Muchas de estas familias tienen miembros con condiciones de salud preexistentes que aumentan su riesgo caer en condiciones de salud crítica en caso de contraer el virus.
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