WASHINGTON.— Las prisiones están “bajo asedio” del coronavirus, que ha enfermado a cerca de 200 prisioneros y ha causado la muerte de ocho de ellos, por lo que la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU, por su sigla en inglés) lidera una batalla legal para lograr la puesta en libertad de los reos más vulnerables.
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Hasta la fecha, 195 presos federales y 63 empleados del Buró de Prisiones han dado positivo al COVID-19. Ocho presos han fallecido de complicaciones de salud, entre éstos Patrick Jones, quien en octubre pasado envió una carta a un juez federal, en la que pidió una reducción de su sentencia.
Desde la semana pasada, el fiscal general, Bill Barr, ha emitido varias directrices a favor del confinamiento domiciliar de ciertos presos federales y otras medidas prevención y mitigación pero, según expertos consultados este martes por Noticias Telemundo, llegan tarde y son “insuficientes”.
“No es una exageración decir que las prisiones están bajo asedio; se han convertido en una caja de Petri del coronavirus. Lo que queremos es que las autoridades desarrollen un plan detallado para la puesta en libertad del mayor número posible de presos“, dijo Somil Trivedi, principal abogado en la demanda de ACLU.
“Los expertos en salud pública nos dicen que las prisiones son hervideros del virus. Por lo tanto, lo único que tiene sentido, desde un punto de vista médico -además de que es anticonstitucional que los dejen morir allí- es que los pongan en libertad”, subrayó Trivedi.
Aunque la demanda de ACLU afecta únicamente a los 1,800 prisioneros en Oakdale, Trivedi dijo que su organización entablará las que sean necesarias para ayudar a los reos.
“El virus no discrimina y si cualquiera puede ser un vector del virus, lo único sensible es buscar soluciones que funcionen para todos, o al menos reducir la población carcelaria. Las soluciones tienen que tener en cuenta la ciencia y la geometría”, enfatizó.
Según Triverdi, las autoridades deben dar prioridad “de inmediato” a los presos de mayor edad, y a los que tienen condiciones médicas subyacentes, como asma, diabetes, fallo renal, afectaciones respiratorias y problemas del corazón.
“Queremos que los tribunales designen a un experto de salud pública para esclarecer cómo corregir la situación y cómo proteger a los que queden… estos presos son personas y merecen un trato humano; si se enferman, la gente afuera también se contagiará” por los guardias y el personal que allí trabajan, advirtió.
Barr ha pedido un plan sobre el manejo de los presos, pero, a juicio de Triverdi, sus órdenes requieren más claridad y contundencia para que el BOP las implemente rápido.
No hay un sector ni tema en la vida nacional que no impacte a los latinos y la pandemia en las prisiones tampoco será la excepción, observó Triverdi. De los 173,879 presos en prisiones federales, el 31,8%, o un total de 55,370, es de origen latino.
Mayor riesgo en las cárceles
Las prácticas de “distanciamiento social” son casi imposibles en las cárceles locales, estatales y federales, muchas de las cuales ya antes del embate de la pandemia registraban hacinamiento y condiciones insalubres, incluyendo escasa ventilación en las celdas, poco acceso a artículos de higiene personal, y atención médica inadecuada.
Bajo el paraguas de la coalición "Cooperativa por la Justicia", activistas de grupos cívicos y expertos en salud pública, enviaron una carta al presidente, Donald Trump, la semana pasada, en la que pidieron "una respuesta estratégica" para aliviar las condiciones en las cárceles y centros de detención de inmigrantes.
"Estas instalaciones carecen de la capacidad para separar a enfermos del resto de los presos o de poner en cuarentena a los que han estado expuestos. Son un polvorín, listo para estallar y poner en peligro a nuestro país entero", advirtieron en la carta.
Los activistas solicitaron a Trump que conmute la sentencia de los presos de mayor edad y los que padecen enfermedades, de las mujeres embarazadas, y de los que tienen hasta un año más en su sentencia.
También lo instaron a que ordene la puesta en libertad de los que están en centros de detención de inmigrantes, y suspenda las detenciones del Servicio de Inmigración y Aduanas.
Suma de muertos
Mientras, las cárceles federales siguen sumando muertos, a la vez que continúan procesando prisioneros. En un día promedio, alrededor de 400,000 personas son arrestadas y trasladadas a prisión de forma temporal antes de su juicio o la resolución de sus casos.
De los ocho muertos registrados hasta la fecha, cinco ocurrieron en Oakdale, y tres en Elkton, localizada en Lisbon (Ohio). Las de Oakdale, Danbury, y Elkton son las que registran los mayores brotes del coronavirus.
Entre los muertos figura Jones, de 49 años y cuyo encierro en 2007 por posesión de “crack” y cocaína lo privó de ver crecer a su hijo.
Jones purgaba una sentencia de 27 años en Oakdale, en Louisiana, y en octubre pasado le envió una carta al juez, Alan Albright, pidiéndole una reducción bajo una ley federal que así lo permite para delitos de droga menores.
Jones dijo en la carta que poder ver a su hijo convertirse en padre le daría “sentido” a su existencia, más allá de su número de prisionero “83582-180”, e insistió en que la dura experiencia en la cárcel le había dado sabiduría y “una perspectiva equilibrada de la vida”.
Pero Albright le negó la solicitud el pasado 26 de febrero y, 22 días después, Jones se convirtió en el primer preso federal en morir del COVID-19.
También está Frank McCoy, quien falleció el jueves pasado por complicaciones del COVID-19. McCoy, de 76 años, purgaba una sentencia de 121 meses por posesión de pornografía infantil en la prisión de Elkton, y padecía numerosas condiciones médicas.
Según las propias guías de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), el coronavirus se ceba especialmente en personas con factores de alto riesgo, incluyendo ancianos y aquellos con enfermedades crónicas, y hay que evitar congregaciones masivas.
La respuesta del Buró de Prisiones
El Buró de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés) tiene a su cargo a más de 173,000 presos en 122 instalaciones federales, y ha implementado medidas para ralentizar la propagación del coronavirus, incluyendo un cierre absoluto de 14 días.
En declaraciones a Noticias Telemundo, Emery Nelson, una portavoz del BOP, dijo que las medidas incluyen cuarentenas y aislamiento de presos contagiados; la suspensión de visitas de familiares y abogados, y la coordinación con cárceles locales y estatales.
“Hemos restringido el movimiento de los presos en las cárceles, y permitimos que pequeños grupos a la vez tengan acceso a la cafetería, la lavandería, las regaderas, a teléfonos y dispositivos electrónicos, y atención médica”, precisó.
Debido a la veda a las visitas, las autoridades han aumentado de 300 a 500 minutos para las llamadas telefónicas mensuales, mientras se ha incrementado la producción y distribución de mascarillas, agregó Nelson.
La agencia ha transferido a arresto domiciliar a 3,468 reos federales, 615 de ellos desde la semana pasada, y está centrando sus esfuerzos de contención en las cárceles de Danbury, Elkton y Oakton.
Los presos en esas tres cárceles, “no necesitan llenar formularios para el confinamiento domiciliar, y el personal está revisando quiénes reúnen los criterios” para recibir ese beneficio lo antes posible, subrayó Nelson.
Para los que ya han contraído el COVID-19, las autoridades carcelarias también han abastecido sus farmacias con tabletas de sulfato de cloroquina, un fármaco utilizado ampliamente para tratar la malaria pero no ha demostrado su eficacia en esta pandemia.
Medidas llegan tarde y mal
Sin embargo, Sakira Cook, directora del Programa de Reforma Judicial del grupo “The Leadership Conference on Civil and Human Rights”, dijo que las medidas del BOP “llegan tarde y mal”, sobre todo para los grupos demográficos de mayor riesgo de enfermarse.
“Hay mucho que puede hacer el gobierno federal, la Administración Trump, para reducir la población carcelaria, porque una vez que se introduce un virus a una instalación, se propaga por la aglomeración en las celdas y por la falta de infraestructura de cuidado de salud en la mayoría de las cárceles”, explicó.
Cook recordó que el Congreso dio al BOP la flexibilidad para transferir a presos a confinamiento domiciliar, especialmente a los de mayor edad, los que tengan enfermedades crónicas, y los que se acerquen al final de sus sentencias.
Por ello, Cook consideró que el transferir a poco más de 3,000 prisioneros fuera de las celdas es magro consuelo ante la magnitud de un problema que hace presa fácil de personas mayores, y “no es lo suficientemente significativo para combatir un eventual brote en las prisiones”.
“Es como si esto llega tarde y mal, no es suficiente para limitar el impacto que podría tener el virus en las prisiones ya afectadas… las prisiones no fueron hechas para cuidar de personas enfermas de forma regular, y desde luego no son aptas para cuidar de personas en una pandemia”, puntualizó Cook.
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