Las autoridades estadounidenses apenas tardan 96 minutos en expulsar a México a todos los migrantes que intentan entrar ilegalmente en el país merced a los nuevos protocolos introducidos por el Gobierno para enfrentar la crisis sanitaria por el coronavirus, según informa el diario The Washington Post.
Desde que se implementaron estas nuevas disposiciones el pasado 21 de marzo, los cruces fronterizos se desplomaron; los agentes fronterizos han empezado a rechazar de inmediato también a menores no acompañados, un hecho que representa un cambio drástico respecto a las políticas migratorias del pasado, reportan varios medios.
Los migrantes interceptados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) no son sometidos a controles sanitarios antes de ser inmediatamente trasladados al otro lado de la frontera, según el citado diario.
Por la rapidez de este proceso de expulsión, las personas que cruzan la frontera en la gran mayoría de los casos no tienen la posibilidad de expresar un temor argumentado sólidamente a sufrir violencias o persecuciones en su país de origen y pedir asilo, algo garantizado en la ley de inmigración estadounidense, de acuerdo con la web periodística ProPublica, que cita un documento interno de CBP donde se explican los procedimientos a seguir en la adopción de las medidas de precaución por el avance del virus.
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Defensores de los migrantes consideran que esta gestión de la frontera en la emergencia sanitaria refleja la intención de la Administración presidida por Donald Trump de obstaculizar el acceso a personas de otros países.
Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC, en inglés), emitieron el 20 de marzo una orden en vigencia por 30 días para impedir el acceso a Estados Unidos a cualquier persona que cruce ilegalmente la frontera.
La medida se justificó como necesaria para evitar que individuos cuyas condiciones de salud se desconocen entren en contacto con agentes fronterizos y otras personas en Estados Unidos y posiblemente contribuyan a la propagación de la epidemia.
En estas condiciones, mientras que los agentes migratorios pueden tardar de media 96 minutos para devolver en caliente a los migrantes interceptados en la frontera, los cruces de la misma se han desplomado un 40%, según el diario.
Los agentes tienen la orden de expulsar a los migrantes atrapados de inmediato una vez les hayan tomado datos biométricos para verificar sus antecedentes penales: tras aplicar este procedimiento de reconocimiento en puestos fronterizos al aire libre, los suben a camionetas y los trasladan a territorio mexicano, según aseguran.
Cuando se anunciaron las restricciones fronterizas, México informó de que solo aceptaría hacerse cargo de ciudadanos propios y de migrantes centroamericanos que no estaban previamente bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses, y que tampoco recibiría a menores de edad y persona mayores.
Cerca de un 85% de los migrantes interceptados en la frontera son mexicanos o centroamericanos, y prácticamente todos los que se detectan son aceptados en el país vecino, según funcionarios fronterizos.
Abogados de inmigración aseguran que en los últimos días los migrantes han sido recogidos en la frontera y trasladados en autobuses a otras partes de México.
En el caso de los menores no acompañados rechazados, Estados Unidos trabaja para devolverlos a los países de origen, según una nota de CBP citada por la web informativa BuzzFeed News.
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ProPublica informa de que el documento de la CBP que encontró asegura que solo si un migrante expresa “de forma espontánea” que tiene miedo a ser torturado en su país de origen se puede valorar si darle la posibilidad de solicitar asilo.
Más de 7,000 personas fueron expulsadas desde que las restricciones sanitarias entraron en vigor, según fuentes consultadas por este medio.
CBP no hizo declaraciones oficiales al Post y a ProPublica sobre los detalles de la aplicación de las medidas sanitarias en la gestión del flujo migratorio ilegal.
Mientras tanto, otros miles de migrantes aguardan en la zona fronteriza, en el lado mexicano, que la justicia estadounidense retome las operaciones suspendidas por el coronavirus y analice sus peticiones de asilo, cuya resolución tienen que esperar bajo el programa de la administración Trump Remain in Mexico.