Se trata de una ironía: mientras en Estados Unidos los casos de coronavirus continúan aumentando y el sistema de salud nacional atraviesa desafíos como la falta de personal médico, unos 27,000 inmigrantes beneficiarios de DACA que trabajan como doctores, enfermeras y paramédicos —y que cumplen roles de primera necesidad frente a la pandemia— enfrentan la posibilidad de ser deportados.
Estos profesionales son parte de los casi 700,000 jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y fueron protegidos en 2012 por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) implementado por el entonces presidente Barack Obama y que ahora su sucesor Donald Trump está presionando para anular.
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En junio se espera que la Corte Suprema, de mayoría conservadora, emita un voto decisivo para sellar el destino del programa, que se renueva cada dos años y permite a los llamados dreamers trabajar legalmente en el país.
Pero las máximas autoridades de salud han advertido que los contagios por coronavirus seguirán subiendo hasta probablemente alcanzar un pico en mayo, con lo que la posibilidad de que miles de trabajadores en la primera línea de respuesta sean sacados de los hospitales podría complicar aún más una emergencia sanitaria que ya ha enfermado a casi 160,000 personas y causado al menos 2,500 muertes en el país.
“Los beneficiarios de DACA son esenciales para proteger a las comunidades en todo el país en peligro por el COVID-19. La terminación del programa durante esta emergencia nacional sería catastrófica”, advirtió este viernes en una carta a la Corte Suprema un grupo de abogados de la Facultad de Derecho de Yale, al exigir a la máxima instancia judicial que reconsidere la idoneidad de la decisión en el contexto actual.
El director de comunicaciones de la organización proinmigrante United We Dream, José Muñoz, dijo a Noticias Telemundo que el pedido no solo trata de interceder por aquellos que están trabajando en hospitales, sino “todos los inmigrantes que tienen o no DACA y que están arriesgando su vida como empleados esenciales en lugares como mercados, restaurantes y otros, asegurándose de que la gente tenga lo que necesita para sobrevivir en este momento”.
La carta recordó a los magistrados la advertencia que la Asociación de Colegios Médicos de Estados Unidos hizo en octubre, previendo un faltante de personal médico en el país si llegaba una emergencia sanitaria como la actual. El organismo advirtió en ese momento que el sistema de salud no estaba preparado para cubrir las carencias si los beneficiarios de DACA fueran excluidos de la fuerza laboral. "Las enfermedades infecciosas pueden propagarse por todo el mundo en cuestión de días debido al aumento de la urbanización y los viajes internacionales", alertó.
Aunque Trump ha dicho en el pasado que los dreamers son “jóvenes buenos, educados y talentosos”, luego de que la pelea llegara a la Corte Suprema en noviembre, adoptó una posición más agresiva al decir que muchos de sus beneficiarios “están lejos de ser ángeles” y que “algunos son criminales muy duros y reincidentes".
Cuando en noviembre los máximos jueces escucharon argumentos a favor y en contra del programa, la mayoría pareció inclinada a concederle la cancelación al presidente, citando que así como Obama tuvo el derecho de crearlo, el actual ocupante de la Casa Blanca puede revertirlo.
La actual administración considera que la iniciativa de Obama fue “ilegal”, aunque una serie de cortes inferiores ha rechazado esta posición. Una de ellas, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco, llegó a cuestionar "la crueldad y el despropósito de deportar a jóvenes productivos a países con los que no tienen vínculos".
“Lo único que pido es permanecer en el país”
Mientras tanto, decenas de miles de médicos protegidos por DACA lidian con el peligro y el estrés de la pandemia, a la vez que se preocupan porque sus permisos de trabajo expirarán pronto y no saben cuál será su futuro.
"Estoy tratando a personas sospechosas de tener COVID-19, y lo único que estoy pidiendo es permanecer en este país y brindar esa atención", dijo a USA Today Verónica Velasquez, una terapista física de 27 años que trabaja en un hospital comunitario de Los Ángeles y cuyos documentos están a punto de expirar.
Otro médico de 26 años, Jesús Contreras, dijo al noticiario que Estados Unidos “no ha visto todo el potencial del coronavirus aún”, pero que contagiarse con no es la única cosa en su mente. “No solo nos preocupamos por esta pandemia, sino por nuestro estatus migratorio y la deportación".
Contreras, quien llegó de México en 1999, se graduó como paramédico y ha trabajado respondiendo llamadas de emergencia en un centro del 911. Basado en su experiencia en el sector de salud,
“Es absurdo invitar aún más caos a una situación ya caótica”, dijo a The New York Times Aldo Martínez, un paramédico que trabaja largas horas en un hospital de Fort Myers, Florida. “Tenemos una situación en la que todos estamos trabajando juntos”, agregó Martínez, de 26 años, quien vino a Estados Unidos desde México cuando tenía 12.
Para José Muñoz, de United We Dream, el tema de la permanencia de DACA llegará a la Corte Suprema en un momento muy distinto al del pasado noviembre, por lo que se muestra esperanzado en el futuro. La necesidad de mantener estos inmigrantes en el país, acotó, ha quedado demostrada con su respuesta al coronavirus.
“DACA ha sido muy exitoso. Trump trató de terminarlo en 2017 y múltiples cortes lo detuvieron. Estamos en 2020 y todavía seguimos hablando del programa”, comentó a Noticias Telemundo.
Joe Biden: Los dreamers "se merecen nuestra gratitud"
El sábado —un día después de publicarse el reclamo de los migrantes—, el exvicepresidente y aspirante demócrata a la presidencia Joe Biden dijo en un comunicado que si la Corte Suprema confirma la terminación de DACA en medio de la pandemia, dejaría un "agujero enorme en nuestro sistema de atención médica que puede costar vidas estadounidenses".
“Me enorgullece agregar mi voz a quienes piden a la Corte Suprema que invalide la terminación ilícita, legal y moral del presidente Trump al programa de Acción Diferida que establecimos el presidente Obama y yo, y protejamos a estos jóvenes brillantes y dedicados”, escribió. “Ellos se merecen nuestra gratitud, y el Congreso debe tomar medidas para garantizar que reciban la plena protección de la ley que se han ganado, como ciudadanos”.
El precandidato demócrata describió a los 'dreamers' como "estadounidenses en todo lo que importa".
"Nunca debemos poner en peligro o cuestionar su capacidad de contribuir a nuestra nación, pero hacerlo en un momento de crisis nacional es mucho más que un error", agregó.
Su principal rival de cara a la nominación del Partido Demócrata, el senador por Vermont, Bernie Sanders, también se comprometió el mes pasado a "restablecer y expandir el programa DACA para los 1.8 millones de jóvenes elegibles y sus padres". Al hablar de los esfuerzos de Trump para anularlo, Sanders describió las ordenes ejecutivas del presidente en temas de inmigración como “racistas” y “llenas de odio”.
Los beneficiarios de DACA aportan US$24,100 millones a la economía y pagan US$5,700 millones de dólares en impuestos federales
Según la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), hasta el pasado 30 de junio había aproximadamente 660,880 beneficiarios amparados a DACA.
La mayoría proviene de México (529,760), El Salvador (25,350), Guatemala (17,260), y Honduras (15,810), aunque también hay dreamers del resto de América Latina, y de países de Europa, Asia, Africa y el Medio Oriente.
Los diez estados con los mayores números de dreamers son California (188,420), Texas (109,090), Illinois (34,890), Nueva York (29,390), Florida (25,500), Arizona (24,700), Carolina del Norte (24,480), Georgia (21,110), Nueva Jersey (16,830), y Washington (16,360).
La mayoría de los dreamers llegó a EEUU entre 1997 y 2002, a la edad promedio de 7 años, muchos llevan más de dos décadas en este país, y han tenido en su conjunto alrededor de 256,000 niños nacidos acá.
Más de un tercio de los dreamers continúan sus estudios, incluyendo 190 que cursan programas de medicina en hospitales universitarios, y decenas más que estudian leyes.
El resto trabaja en todos los sectores de la economía, incluyendo: 66,000 en preparación de alimentos, e igual cifra en apoyo administrativo; 61,000 en ventas; 2,800 en gerencia y administración de empresas; 27,000 como médicos, enfermeros, dentistas, personal auxiliar y de apoyo administrativo, y 16,000 en el campo de educación.
Hay alrededor de 6,000 emprendedores independientes, 25,000 en organizaciones sin fines de lucro, y 22,000 en el sector público. Alrededor de 900 se inscribieron en las Fuerzas Armadas a través de “MAVNI”, un programa del Pentágono para extranjeros con conocimientos médicos o destrezas lingüísticas, que fue suspendido para nuevos reclutas en agosto de 2016.
Respecto al impacto económico anual de este grupo, tienen un poder de compra de 24,100 millones y pagan 5,700 millones de dólares en impuestos federales y 3,100 millones en impuestos locales, además de 613,8 millones en préstamos hipotecarios, y 2,300 millones en contratos de alquiler.
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