Por Valentina Lares Martiz
Tras años de indicios, especulaciones y sanciones sobre la complicidad de la “revolución bolivariana” con la guerrilla colombiana y el tráfico internacional de drogas, Washington decidió jugar la carta penal contra Nicolás Maduro y otros 14 funcionarios de su régimen. Una movida con millonarias recompensas que además tiene la doble intención de promover su captura —aislándolo dentro y fuera de Venezuela al imputarle cargos criminales— y darle la posible estocada final a su régimen con el fin de iniciar un proceso de transición.
La decisión del Departamento de Justicia es evaluada como una apuesta arriesgada, pero hasta ahora la más astuta para desencadenar fracturas importantes dentro del régimen chavista. “La decisión de fijar recompensas introduce un elemento importante en las relaciones bilaterales”, explica el politólogo y profesor venezolano Miguel Ángel Martínez Meucci, “esto genera una situación que podría desencadenar cambios profundos en la estabilidad que mantiene la cúpula del régimen chavista”.
En cuestión de minutos, la decisión anunciada por el Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, corrió entre los venezolanos como el posible desencadenante de una solución a la situación política del país a partir de una fractura en la coalición militar que sostiene al régimen de Maduro.
Benigno Alarcón, politólogo jefe del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, con sede en Caracas, explicó la claridad de la jugada desde Washington. “Se busca generar un dilema de prisionero dentro del mismo gobierno para que se traicionen y se tumben entre ellos. Si están cohesionados y sienten que la supervivencia de todos depende de la supervivencia de cada uno, no habrá avances, pero si algunos actores clave sienten que se salvan si traicionan a Maduro se fracturaría la alianza que sostiene al régimen”.
Alarcón advierte que, sobre el escenario recién planteado, el tiempo se convierte en una variable fundamental. “Si la jugada fue buena o no depende de que tan buena es la información que tengan en Estados Unidos. Si sirve o no lo veremos en el corto plazo. Esta es una movida en el tablero que no aguanta mucho tiempo de espera. Si la fractura no se produce en horas o días, nos alejamos más de la probabilidad que se produzca”.
Secreto a voces
A pesar de lo impactante de las medidas del Departamento de Justicia, en Venezuela no sorprende la revelación de los vínculos entre el narcotráfico y el régimen chavista, pues durante años han existido indicios y mensajes que refuerzan algo más que una afinidad ideológica. Con su llegada a la Presidencia de Venezuela, en 1999, Hugo Chávez manejó con poco tacto político las simpatías que le generaban los principales grupos de la guerrilla colombiana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), justo en los años de apogeo de su control y distribución de la cocaína que se producía en Colombia.
Los esfuerzos que la Fuerza Armada Nacional venezolana hacía para mantener a raya a estos grupos disminuyeron paulatinamente, aumentando con los años las denuncias de porosidad en la frontera entre Colombia y Venezuela para la realización de actividades ilícitas como el contrabando y el uso del territorio venezolano por parte de las guerrillas como “aliviadero” en pleno recrudecimiento del conflicto armado con los gobiernos de Andrés Pastrana, primero, y luego de Álvaro Uribe.
El tiempo demostraba que, al menos en un plano político, las guerrillas de Colombia mantenían contacto fluido con el gobierno venezolano. Se manejaba abiertamente la figura de un “enlace”, que por parte de Caracas lo representaba Ramón Rodríguez Chacín, un militar experto en operaciones especiales que fue mano derecha de Chávez en los primeros años de su gobierno justamente en el manejo de estas alianzas, que le llevaron incluso a afirmar públicamente que las FARC y el ELN “no son organizaciones terroristas”, a contravía de lo que expresaba el resto de la comunidad internacional.
Por Rodríguez comenzaron las primeras presiones de Estados Unidos al gobierno de Chávez al ser uno de los primeros en ser incluidos en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro por ser “cabecilla” del tráfico de drogas. En Venezuela comenzaba a hablarse con propiedad sobre la existencia del “cartel de los soles” como un grupo dedicado al narcotráfico integrado exclusivamente por militares venezolanos, empoderados políticamente por el gobierno chavista. Los “soles” aluden a las chapas con forma de sol dorado que llevan los militares del Ejército venezolano en sus uniformes, según su rango.
A esta imagen “colaboracionista” con la guerrilla y el narcotráfico contribuyó la orden de Chávez, en 2005, de ordenar el cierre de la oficina de la DEA en Venezuela con la respectiva expulsión de todo el personal de la agencia. Ese mismo año, y según un informe de la DEA publicado por diarios estadounidenses y españoles a finales de 2019, el propio presidente Chávez reunió a funcionarios de su máxima confianza —como Diosdado Cabello y Tareck El Aissami— para ordenarles “combatir a Estados Unidos inundando el país con cocaína”.
De aquellas relaciones hoy queda más que un rastro, pues diplomáticos venezolanos como Marco Tarre Briceño, hasta hace poco embajador de Juan Guaidó en Colombia, asegura que la disidencia en la jefatura de las FARC que no se acogió al proceso de paz pactado con el gobierno de Juan Manuel Santos se encuentran en territorio venezolano. Grandes porciones del mismo, también en la zona del Arco Minero del Orinoco, rica en oro y otro minerales, son controladas en cambio por facciones del ELN con anuencia de la Fuerza Armada venezolana comandada por Maduro.
La lista “narco”
El descubrimiento paulatino de nexos cada vez más constantes entre funcionarios del alto gobierno venezolano, primero de Chávez y luego de Nicolás Maduro, con el tráfico de drogas se convirtió en la primera razón que fue congelando las relaciones entre ambos países. Poco a poco, a la lista de sancionados por nexos con el narcotráfico se fue añadiendo a funcionarios de alto calado dentro del régimen venezolano entre los años 2007 y 2012 y militares como Hugo Carvajal, jefe de inteligencia, Henry Rangel Silva, líder del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada y Néstor Reverol, jefe de la Oficina Nacional Antidrogas y luego Ministro de Interior.
A cada sanción, el oficialismo venezolano respondía con ascensos y premiaciones para los aludidos, asegurando que estos eran verdaderos soldados “contra el imperialismo”.
La mayor ofensiva ocurrió cuando en 2017 se incluye entre los sancionados por nexos con narcotráfico al entonces Vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, nada menos que el segundo “hombre fuerte” de la “revolución bolivariana”. Dos años después, en julio del año pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo incluyó en la lista de sus 10 prófugos más buscados, asegurando que El Aissami supervisó personalmente “cargamentos de drogas de más de mil kilogramos que salieron de Venezuela (…) incluyendo aquellos que tenían como destino final México y Estados Unidos”.
Entre estas dos decisiones, en 2018, el sancionado fue Diosdado Cabello por “tráfico de drogas y lavado de dinero”, otro de los militares más poderosos de Venezuela, ex vicepresidente, expresidente del parlamento venezolano y hoy presidente de la Asamblea Constituyente. Tres años antes uno de sus escoltas, Leamsy Salazar, huyó hacia Estados Unidos y aseguró en una entrevista a The Wall Street Journal que Cabello era uno de los jefes del cartel de los soles.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe de 2019 concluyó que “hay indicios de que, en la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el ‘Cártel de los Soles’ para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales”. El informe destaca que los dos países de donde se incautó mayor cantidad de clorhidrato de cocaína en 2018 fueron Colombia, con 414 toneladas y Venezuela, con 35,3 toneladas.
Por la vía de sanciones económicas decretadas entre enero y agosto del año pasado —congelación de bienes de funcionarios de Maduro en territorio estadounidense y prohibición expresa a bancos y empresas de hacer negocios con el régimen venezolano—, además del apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó, la apuesta del gobierno de Donald Trump se ha intensificado para tratar de poner fin a la “revolución bolivariana”, cuya impronta ha dejado a Venezuela como el país con peor desempeño económico de la región y de respeto a las libertades democráticas.
De los cinco millones de venezolanos que se han marchado del país escapando de la crisis, se cuentan algunos de los que eran sus más cercanos aliados y que han colaborado con las autoridades estadounidenses en las investigaciones por narcotráfico. Uno de los últimos y más notorios es Christopher Figuera, jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela hasta marzo del año pasado y quien asegura que “Maduro es la cabeza de una empresa criminal (refiriéndose al Cartel de los Soles) y su propia familia está involucrada”.
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