La Corte Suprema ha determinado que el gobierno de Donald Trump puede continuar con el programa Quédate en México, el cual tiene en incertidumbre a unos 25,000 migrantes que esperan en estados fronterizos de México para solicitar asilo en Estados Unidos.
La decisión revierte lo declarado por un panel de la Corte de Apelaciones que había ordenado la suspensión del programa.
Quédate en México estuvo legalmente suspendido por unas horas el pasado viernes, por lo que cientos de migrantes acudieron a los pasos fronterizos con la orden de la corte impresa para exigir entrar, aunque no se les permitió el ingreso.
Los migrantes que son obligados a permanecer en México se quejan del difícil acceso a ayuda legal y las duras condiciones de supervivencia —pobreza, extorsiones, lejanía de las cortes— que han obligado a muchos a regresar a los países de los que huyeron.
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El gobierno de Trump argumentó ante la corte que la suspensión del programa haría que los 25,000 migrantes que esperan en México "corran de inmediato para ingresar a Estados Unidos", en palabras del procurador general Noel Francisco.
"Una oleada de esa magnitud, impodría cargas extraordinarias (en la frontera) y dañaría nuestras relaciones diplomáticas con el gobierno de México", agregó.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que ha luchado en contra del establecimiento del programa criticó la decisión de la Suprema. "La Corte de Apelaciones declaró inequívocamente la ilegalidad de esta política. La Corte Suprema debería hacer lo mismo", dijo la consejera especial Judy Rabinovitz.
"Los migrantes que buscan asilo enfrentan un grave peligro y daño irreversible cada día que esta perversa política sigue en efecto", agregó.
El programa federal denominado Migrant Protection Protocols (MPP), Remain in Mexico o Quédate en México fue aprobado a finales de 2018 por la administración Trump, bajo la sombrilla de medidas migratorias de ‘tolerancia cero’.
Entró en vigor en enero de 2019 y se implementó para frenar la llegada de solicitantes de asilo.
El grupo humanitario Human Rights First calcula que hasta el momento el programa ha obligado a unas 60,000 personas a esperar en el lado mexicano por una cita en los tribunales de Inmigración.