Por Jorge Carrasco
El oficial Palomares la llevó a un pequeño closet y apagó la luz para que nadie los viera. Se bajó los pantalones y le ordenó que hiciera lo mismo. Karen Watson obedeció. Que la violara, pensó, era preferible a correr el riesgo de negarse y ser transferida a otra prisión donde su madre y su hijo de 6 años no pudieran visitarla.
Después de penetrarla, Palomares la obligó a practicarle sexo oral y tragarse su semen. Cuando hubo terminado, le dijo que no tenía mucho talento para lo que acaba de hacer y añadió que debía estar agradecida de que un guardia le prestara tanta atención a una reclusa.
Watson, de 37 años, había llegado a Estados Unidos desde Panamá en 1992 con su familia. Logró la residencia permanente, pero en 2002 fue condenada por fraude bancario a nueve años en prisión. En 2017, poco antes de cumplir su pena, pidió el traslado al centro correccional Coleman, en un área rural a 45 millas de Orlando (Florida), para estar más cerca de su familia (su madre se había hecho cargo del niño mientras ella estaba entre rejas).
Todo lo que hoy está mal en su vida —su salud mental, la separación de su hijo, el regreso al cigarro, el miedo a cerrar los ojos por la noche— lo achaca a esa decisión.
“Cuando entré a Coleman todo se fue a la mierda”, dijo Watson a Noticias Telemundo el 17 de diciembre de 2019, en la primera de varias entrevistas telefónicas. Inmediatamente después se disculpó por no ser capaz de encontrar una mejor expresión.
“Un día llegué a mi cuarto y él me había dejado un mapa señalándome la casa de mi mamá y mi hijo. Me advertía que los accidentes pasan. No lo denuncié porque sé lo que sucede cuando hablas. Te mueven [de prisión], te ponen en confinamiento en solitario y te quitan los privilegios de todo. Las personas que nos tienen que cuidar ahí dentro no nos cuidan. Ninguno de ellos nos cuida”, lamentó.
Watson, junto con otras 13 mujeres de entre 30 y 56 años, ha denunciado al Gobierno por los presuntos abusos sufridos a manos de ocho oficiales en ese centro correccional, el más grande del país operado por el Buró Federal de Prisiones (BOP, en inglés), y uno de los mayores empleadores en el condado Sumter, con aproximadamente 1,300 trabajadores.
La demanda culpa al BOP, dependiente del Departamento de Justicia, de permitir que la prisión se convirtiera en un “santuario” para depredadores sexuales con uniforme.
“El abuso sexual en estas cárceles es rampante”, indica, “pero no se controla en gran medida como resultado de la tolerancia cultural, los encubrimientos orquestados y las represalias organizacionales a las reclusas que se atreven a quejarse o denunciar".
En sus casi 80 páginas, la demanda describe en detalle la impunidad con la que actuaban presuntamente los guardias, acorralando a sus víctimas en espacios sin cámaras de seguridad o llevándolas a áreas boscosas en los límites del campo de trabajo para violarlas. En muchos casos aprovechaban su acceso a los registros personales de las reclusas para amenazarlas con hacer daño a sus familiares si se negaban a complacerlos.
La demanda resalta por sus gráficos y crudos detalles de cómo cada reclusa fue atacada. Describe así la vez en que uno de los oficiales obligó a otra reclusa a mirar cómo violaba a su compañera detrás de unos tractores cuando hacían labores de jardinería. Otra, a punto de ser abusada, pidió al oficial que no lo hiciera y explicó que tenía el período. Él le aconsejó que comenzara a tomar píldoras de control natal.
Muchas de ellas eran acosadas en sus propios dormitorios, donde los guardias las visitaban de madrugada. Luego algunas recibían cigarrillos, postres, cremas, drogas y otros regalos para premiar su discreción.
Actualmente la mitad de las mujeres que presentaron la demanda permanecen en Coleman bajo la supervisión de algunos de los mismos oficiales a los que denunciaron.
Karen fue deportada a Panamá en 2018, luego de que las autoridades migratorias revocaran su estatus de residente legal.
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“Me forzó a darle…
…a darle…
…a darle sexo oral…”
Cuando recuerda lo sufrido, las palabras salen de la boca de Watson con esfuerzo. Esta frase no tiene más que seis palabras, pero no puede terminarla sin atorarse.
Fue Palomares (cuyo nombre completo no se divulga en la denuncia) quien hizo algo reprochable, pero extrañamente es ella quien siente bochorno. “Yo traté de no meterme en problemas. Yo solo estaba ahí porque quería ver a mi hijo. Nunca me puse en el medio del fuego, ¿me entiendes?”, se justifica.
Cuenta la impotencia que sentía cada vez que ella le preguntaba, “¿por qué yo?”, y él respondía: “Ustedes no nos escogen, somos nosotros quienes las escogemos a ustedes”.
En una ocasión, dice, escribió un anónimo para que investigaran su caso. No sabe lo que sucedió con ese papel, que dejó en la oficina de un funcionario, pero no hubo respuesta: “Él me lo dijo, me dijo que nadie me iba a creer porque quién confiaría en alguien que ni quieren en este país”.
Watson habla desde su cuarto de alquiler a las afueras de Ciudad de Panamá, un lugar que abandonó a los 9 años y al que nunca pensó tener que regresar a vivir.
Si todas las mujeres en la demanda sufrieron, ella fue castigada por partida doble: tras denunciar abusos sexuales por un empleado del Gobierno, el propio Gobierno la deportó. Las autoridades migratorias la devolvieron en 2018 a su país, tras completar su condena, al considerar que su crimen era suficientemente grave como para revocar su green card.
“Panamá para mí es otra prisión, pero con libertad. No tengo a mi familia, no tengo a los que quiero alrededor mío”, lamenta. Su madre y su hijo se quedaron en Florida. Los pocos parientes que tiene en su país no le hablan porque estuvo en prisión.
En la mano derecha sostiene un cigarro humeante, que ondea con movimientos nerviosos. Un panel de psicólogos que la evaluó tras su salida de Coleman le diagnosticó con estrés post-traumático, depresión y tendencias suicidas por los abusos sexuales.
“Hay días que no duermo por miedo a que alguien me haga eso de nuevo y yo no pueda defenderme. Y así tengo que ir al trabajo todos los días y sonreír como si nada estuviera pasando”, explica.
Noticias Telemundo buscó sin éxito conocer la versión de Palomares, quien según la demanda abusó de 10 de las 14 mujeres que presentaron la queja antes de ser forzado a jubilarse en 2018 con todos los beneficios de retiro. El BOP comunicó que no puede ofrecer información sobre este oficial o ningún otro, ni discutir detalles del caso aún bajo litigación.
“El Buró de Prisiones se toma en serio las denuncias de mala conducta del personal y, de conformidad con la política nacional, remite todas las denuncias para su investigación. Las acusaciones sobre mala conducta del personal en Coleman se remitieron y abordaron de manera adecuada de conformidad con la política del Buró y las regulaciones federales aplicables”, añadió.
Funcionarios del correccional se negaron también a ofrecer información, aduciendo que Palomares ya no trabaja en el centro. Su silencio se extendió a las acusaciones de violencia sexual contra reclusas y la conducta de ocultamiento achacada al propio centro.
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En 2003, bajo la Administración del republicano George W. Bush, el Congreso aprobó la Ley de Eliminación del Abuso Sexual en Prisión (PREA Act, en inglés). Debería haber instaurado una política de tolerancia cero ante el abuso sexual, pero las denunciantes aseguran que no significó mucho más que algunos letreros en las paredes de Coleman.
Ser mujeres y reclusas bajo la supervisión de guardias hombres las convirtió en vulnerables. Para Watson, la experiencia fue peor por su condición de inmigrante.
“Muchos no ciudadanos sufren abusos bastante serios en estas prisiones federales durante el curso de su sentencia”, explica Eunice Cho, abogada del Proyecto Nacional para Prisiones de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, en inglés). “Hay casos documentados de denegación de ayuda médica, psicológica y violación de derechos humanos básicos”, añade.
Ese trato, y la falta de interés en cuidar y rehabilitar a los presos extranjeros, responde en su opinión a la lógica de que, tras cumplir condena, serán deportados.
Quienes reportan abusos sexuales en cárceles, ya sea por parte de guardias o de los otros reclusos, también son ignorados en muchos casos, pese a que un preso no tiene nada que ganar cuando hace un reporte de este tipo.
En 2015, por ejemplo, hubo casi 25,000 reportes de abusos: el 42% fue calificado como 'no corroborado', otro 41% como 'infundado', y solo un 6% se consideró 'con fundamento'. Solo ese 6% supone sin embargo 1,500 casos.
Para Bryan Busch, el abogado que representa a las 14 mujeres en la demanda colectiva, este no es el primer caso en el que defiende a mujeres que aseguran haber sufrido abusos en prisiones del Gobierno. Busch asegura haber encontrado un patrón de encubrimiento por parte de las autoridades, llegando a trazar un paralelismo entre el BOP y cómo la Iglesia Católica encubrió casos de abuso sexual de sus curas durante años, trasladándolos de una parroquia a otra, donde encontraban nuevas víctimas.
“La analogía con los curas es apropiada en este caso”, afirma . “Los encubrimientos del Buró son francamente repugnantes”.
“He revisado información y la mayoría de los oficiales tienen un historial de denuncias de este tipo”, asegura el abogado, “el BOP los pasa de un lugar a otro en vez de lidiar con el problema”. Noticias Telemundo ha requerido documentos internos para comprobar si los oficiales, como asegura Busch, habían sido acusados anteriormente de abusos.
El abogado dice que, tras presentarse la denuncia, Palomares y otros oficiales fueron forzaron a retirarse antes de tiempo, aunque con todos los beneficios de la agencia. Eran depredadores sexuales, añade, cuya conducta era conocida por las autoridades del centro penitenciario y por la agencia que supervisa las prisiones federales. Aun así, se les permitió acceso sin restricciones ni supervisión a las reclusas, incluyendo visitas a sus dormitorios.
Un informe reciente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes relató los actos impropios de oficiales del BOP, y asegura que “individuos considerados responsables de mala conducta fueron elogiados, premiados, promovidos o incluso se les permitió retirarse con un registro limpio y beneficios completos antes de que se les pudieron aplicar alguna medida disciplinaria".
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El calor en Ciudad Panamá es intenso. Karen habla a través de Skype con Noticias Telemundo, mientras gruesas gotas de sudor bajan por su rostro desmaquillado donde se advierten unas pecas casi infantiles. “Aquí no todas las casas tienen aire acondicionado”, explica en tono de disculpa. Ella no puede costearlo con el modesto empleo empleo que consiguió en un centro de llamadas. Tampoco tiene dinero para un abogado que le ayude a recuperar el orden en su vida.
Ese orden tiene en la cabecera de prioridades reingresar a Estados Unidos y poder criar a su hijo, que no tenía ni un mes de nacido cuando lo dejó en manos de su madre para cumplir su sentencia.
“Yo quería correr, agarrar mi niño y huir. Pero no era justo que él pagara por mis cosas”, asegura que pensó entonces. Su hijo tiene nacionalidad estadounidense.
Su esperanza ahora es obtener una visa U, un recurso creado por Estados Unidos para víctimas de abusos que colaboran con el Gobierno para atrapar a los criminales. Sin embargo, sólo se conceden 10,000 al año. “Es difícil de obtener y puede no proveer un alivio inmediato. En este momento hay un retraso de entre siete y ocho años en su otorgamiento”, indica Eunice Cho, abogada de ACLU.
Aunque la demanda solo incluye 14 mujeres, Watson asegura que muchas más tienen relaciones sexuales con los guardias; no todas la consideran un abuso, aunque por ley es siempre ilegal. “Algunas hablaban de lo que les pasaba e incluso sentían que era lo más bonito que les podía tocar. Los guardias las dejaban hacer lo que quisieran y les traían contrabando: cigarrillos, droga, alcohol, maquillaje, comida, un celular”, explica.
“Es una cosa de poder. Eso es injusto, porque quiera la mujer o no, el guardia está utilizando su poder”, añade, “hay muchachas ahí que son drogadictas o han sido abusadas. Entonces cuando les das un poco de cariño, eso es amor para ellas. Todo el mundo tiene su definición de amor, pero yo sé que eso no es amor”.
En prisión, veía a su hijo cada cinco semanas. Ahora apenas. En Navidades, su madre viajó con él a Panamá y él le preguntó por qué están separados: “Me porté mal”, dice que le explicó. Los detalles del resto no los conoce ni su mamá: "Tú sabes cómo son las madres. Se preocupan por todo".
“Te lo juro por dios”, explica a Noticias Telemundo, “yo entiendo que hice algo malo, que cometí un crimen que tenía que pagar. Pero no me merecí lo demás”.
“En la prisión nos dicen que somos los criminales, pero cuando ellos hacen algo, se lavan las manos”, concluye, “¿Cuál es la diferencia entre ellos y yo?”.
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