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Una corte anuncia que suspenderá la política ‘Quédate en México’ en California y Arizona en una semana y si la Corte Suprema no interviene antes

La política está en el centro de una disputa juridica que deja en la incertidumbre a miles de solicitantes de asilo devueltos a México a esperar la resolución de sus casos

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos anunció este miércoles que va a suspender el programa Remain in Mexico (traducible como Quédate en México), una de las políticas de inmigración clave de la administración del presidente, Donald Trump, a partir del 12 de marzo solo en California y Arizona, los estados incluidos en su jurisdicción. 

La orden de este tribunal, que tiene sede en San Francisco, tendrá efecto a no ser que la Corte Suprema intervenga antes de esa fecha en materia, según informó el tribunal. 

El Gobierno Trump afirma que está solicitando la intervención de la alta corte y ha pedido que la política permanezca vigente hasta la próxima semana para darle tiempo a este tribunal a tomar una decisión al respecto. La Corte Suprema ha fallado sistemáticamente a favor de la administración en cuestiones de inmigración y control fronterizo.

Una enrevesada situación judicial

Las indicaciones de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito representan el último giro judicial respecto a esta polémica política, que desde enero del año pasado obliga a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar en el país vecino la resolución de sus peticiones. 

Esta situación puede exponerlos a la inseguridad de varias peligrosas ciudades fronterizas mexicanas, entre otras graves dificultades denunciadas repetidamente por activistas y abogados que defienden los derechos de los migrantes. 

El programa ha sido desafiado en los tribunales por organizaciones civiles y jueces de inmigración contrarios a esta política.

El pasado viernes, la misma Corte de Apelaciones del Noveno Circuito primero dictaminó el bloqueo temporal de la política en toda la frontera sur al considerarla no conforme a las leyes del país. Como consecuencia, los solicitantes que esperan en México podrían acudir a los puestos fronterizos a solicitar su entrada a Estados Unidos, para esperar allí a la solución de sus solicitudes.

Horas después, la misma corte suspendió los efectos de su propia orden tras un un recurso de emergencia del Departamento de Seguridad Nacional, que alertó de graves consecuencias para la gestión del orden público si Remain in Mexico hubiera sido bloqueado de repente. 

De hecho, al enterarse de la primera orden del viernes emitida por la Corte, activistas proinmigrantes ayudaron a cientos de ellos a presentarse en la frontera y llevar el fallo de la corte a las autoridades fronterizas para exigir su ingreso. Los que se presentaron fueron enviados de vuelta, en medio de la confusión.

La incertidumbre también se hizo latente en las propias cortes de inmigración, donde los casos de asilo de varios migrantes fueron aplazados hasta tener más claridad de bajo qué reglas proceder.

La suspensión no se aplicaría en parte de la frontera

La decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de este miércoles determina que su orden de suspensión de la política no se aplicaría en Nuevo México y Texas, dos de los cuatro estados que comparten frontera con México. 

Los jueces William Fletcher y Richard Páez, ambos nombrados por el presidente Bill Clinton, dijeron que ello se debe a que las órdenes nacionales aplicadas a lugares fuera de la jurisdicción de un tribunal son "un tema de intensa y activa controversia".

Asímismo, reafirmaron que, en su opinión, la política Remain in Mexico es ilegal porque pone en riesgo a los migrantes. Según escribieron ambos, no hay dudas sobre "el peligro extremo para los solicitantes de asilo devueltos a México".

Ferdinand Fernández, un tercer juez llamado a decidir este miércoles sobre el programa, manifestó que no estaba de acuerdo con bloquear la política. El juez fue designado por el presidente George H.W. Bush. 

El Departamento de Justicia ha declinado por el momento hacer comentarios. En una argumentación judicial presentada este martes, reiteró la advertencia de la administración Trump de que bloquear la política conllevaría "una interrupción masiva de las operaciones de inmigración del Gobierno” y “confusión inmediata para miles de migrantes sobre su posibilidad de ingresar a Estados Unidos". 

El grupo humanitario Human Rights First calcula que hasta el momento el programa ha obligado a unas 60,000 personas a esperar en el lado mexicano por una cita en los tribunales de Inmigración. Al menos 25,000 se encuentran actualmente en la frontera a la espera de conocer su destino. 

Editado por Francesco Rodella con información de AP.