Altos funcionarios de la administración del presidente, Donald Trump, desoyeron las advertencias de su propio gobierno sobre la aplicación de la política de separación de familias en la frontera de Estados Unidos y México.
Además, las agencias encargadas de implementar la política de separación se enteraron de esta por la prensa, según el informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud que se presentó este jueves.
A mediados de abril de 2018, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni el Departamento de Justicia (DOJ) le habían avisado al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que el entonces fiscal general Jeff Sessions había ordenado hacía dos semanas que comenzaran a implementar la polémica medida.
Para cuando HHS fue notificado ya se habían separado a 2,654 familias. HHS es la responsable de cuidar a los niños mientras les consigue alojamiento con otros familiares en el país o una familia de acogida, pero tiene reglas muy estrictas sobre cuánto tiempo y bajo qué condiciones puede retener a los menores.
Las autoridades federales también fallaron en llevar el registro de las familias que eran separadas después de haber sido detenidas en la frontera, indica el infomre.
La administración creó el sistema de seguimiento de los casos en el marco de su política de "tolerancia cero", que comenzó a aplicarse en 2018 y bajo la que cientos de niños fueron separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México, aunque el informe estima que esa cifra podría ser mucho mayor debido a las incongruencias en el protocolo de recopilación de datos.
Según el informe, ese sistema de seguimiento es deficente porque los detalles de la separación de padres e hijos en la frontera no se transmiten automáticamente desde el servicio de Aduanas y Proteccón Fronteriza de Estados Unidos. Además en muchos casos se hace de forma manual que es "inherentemente vulnerable al error, lo que plantea dudas sobre la precisión de los datos actuales sobre niños separados".
Del mismo modo, el HHS detectó que para calcular la cifra de separaciones se recurrió a informes de medios de comunicación, en parte por la ausencia de comunicacion entre las agencias, lo que derivó en niños encerrados durante meses en centros de detención. Más allá del límite legal, que es de 72 horas.
Otros niños estuvieron en manos de proveedores de atención médica que no sabían cuándo serían devueltos a los padres o esperando en camionetas durante horas en estacionamientos por demoras en el proceso de reunificación.
"No saber lo que les sucedió a sus padres angustió a los niños", dijo un proveedor de atención a los investigadores, según el informe, que precisó que "no pudimos decirles si finalmente se reunirían. Fue un reto. No se nos notificó inicialmente sobre cómo conectar a los padres con sus hijos. Los niños tenían muchas preguntas, pero no teníamos respuestas para ellos".
Pero una vez que se conoció la política, altos funcionarios del HHS ignoraron las advertencias de los empleados de menor rango, quienes mostraron preocupación por los efectos de la política.
"Funcionarios claves de HHS no actuaron ante las repetidas advertencias de su personal sobre la ocurrencia de la separación de familias y el posible aumento de los casos", indica el informe.
Incluso fueron más allá y llegaron a pedir que no se dejara nada por escrito. Funcionarios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) fueron advertidos de que no podían enviar correos electrónicos con información sobre la política de separación.
"Por ejemplo, un empleado de ORR recordó que inmediatamente después de enviar un correo electrónico que incluía preocupaciones sobre la separación de familias, un superior dentro de ORR verbalmente le advirtió que esas preocupaciones no deberían haberse puesto en un correo electrónico", indica el informe.
Los funcionarios de Salud y Servicios Humanos justificaron en una carta las denuncias del informe alegando que estaban comprometidos a mejorar el proceso, pero la política de separación familiar es un tema espinoso que involucra al Departamento de Justicia, Seguridad Nacional y HHS, y no existe una solución simple para sus deficiencias.
En la misiva también se quejaron de que el informe no especifica que las separaciones fueron el resultado de otras políticas destinadas a gestionar casos penales, no del programa de separación de familias.
"El HHS no tiene un papel directo en la configuración de la política de aplicación de la ley de inmigración aguas arriba", porque la agencia "no tiene ninguna autoridad legal sobre la política o implementación de la aplicación de la ley de inmigración", escribió Lynn Johnson, subsecretaria de la Administración de Niños y Familias.
El informe del inspector general se compiló a partir de entrevistas y respuestas escritas de altos funcionarios de salud, entrevistas con personal de 45 proveedores de atención, revisiones de casos de niños separados y más de 5,000 documentos.
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