Por Juliana Jiménez J.
BAKERSFIELD, California.-- Una noche hace unos 15 años, la hija de María Elena Martínez la despertó asustada. Estaba sangrando por la nariz y Yesenia no entendía qué le pasaba. Martínez le contuvo el sangrado inclinando su cabeza para atrás y presionando su tabique. “Parecía como si se le hubiera caído un diente”, recuerda.
El episodio se repitió varias veces. Los médicos le decían que eran alergias o resequedad y le daban antihistamínicos o cremas. Hoy, a sus 18 años, los sangrados continúan, aunque no tan seguidos. Pero ya Yesenia no le avisa. María Elena se entera cuando ve el papel higiénico ensangrentado en la basura del baño.
Irritación en los ojos, piel reseca, mareos como “borracheras” que “aunque no haya tomado nada”, dice María Elena, sientes como “que la casa te da muchas vueltas”. Mientras habla, su nieta tose adentro en la casa, donde está viendo televisión. “Ve, ¿sí la oye? Siempre ha estado con esa tos”.
Es difícil encontrar, sin embargo, una única causa, y saber a ciencia cierta si esto les pasa por los pesticidas, por los gases tóxicos en el aire, por el arsénico en el agua o por el pozo petrolero que opera de manera ilegal casi en el patio de su casa.
En el Valle Central, el área entre Sacramento y Bakersfield, dos horas al norte de Los Ángeles, “se cultiva 1/4 de la comida de la nación, incluyendo el 40% de las frutas, nueces y otros alimentos”, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. También se produce el 75% de todo el petróleo que sale de California.
Aquí también es donde una sequía histórica y temperaturas cada vez más altas han llevado a incendios de miles de hectáreas que por semanas hacen el aire irrespirable.
Por eso aquí están en juego los temas centrales en la elección presidencial y en la votación de este Supermartes: un sistema de salud fallido, la crisis migratoria y la emergencia climática. Y los que más pierden, son los latinos.
Una comunidad marginada
Gran parte de la conversación electoral este año gira en torno a las críticas a un sistema migratorio ineficiente, arbitrario y muchas veces cruel, que cada vez criminaliza más el simple acto de migrar, en particular para latinos y pobres. Industrias como la agrícola y la petrolera aprovechan su estatus legal para explotarlos.
Nancy Oropeza, coordinadora para la fundación de los Trabajadores Agrícolas Unidos (United Farm Workers) dice que se unió a la organización en 2005 como estudiante de último año en la secundaria César Chávez cuando vio cómo los trabajadores agrícolas “recogían la uva hincados en sus rodillas en el piso”, dijo, sin carretillas.
“Se me hizo como algo muy discriminante, muy duro, ver cómo todavía en los 2000 tienen personas trabajando en esas condiciones”, dijo Oropeza.
Ha decidido seguir luchando por los derechos de los trabajadores, a pesar de que puede ser descorazonador, por casos de acoso sexual en los campos, “injusticias, esos maltratos, esas amenazas”. Mientras habla, una chica hispana de unos 16 años llega a la histórica sede de UFW en el pueblo de Delano preguntando cómo podía denunciar a su jefe por acoso sexual y por violar las leyes de descanso.
Oropeza cuenta cómo a un año de la toma de posesión de Trump, en 2018, Inmigración y Control de Aduanas (ICE) persiguió en su carro a una pareja de trabajadores del campo indocumentados, Santos y Marcelina García, a pesar de que la ley prohíbe esta práctica. La pareja se estrelló contra un poste y ambos perdieron la vida. Dejaron huérfanos a seis hijos, cinco de ellos menores de 18. Los agentes fueron puestos bajo investigación.
“Marcelina y Santos eran trabajadores que solo querían mantener a su familia. Al igual que muchos otros inmigrantes, eran trabajadores agrícolas, personas que sostienen este país", le dijo en ese entonces Arturo Rodríguez, presidente de UFW al diario LA Times. “Queremos asegurarnos de que las muertes de Marcelina y Santos no sean en vano. Esta tragedia le ha demostrado a este país que la política inhumana de esta administración destruye a las familias".
Pero el impacto que ha tenido el presidente no se ha sentido solamente en la inmigración. También los ha afectado en el agua que beben y el aire que respiran.
“Cambió la actitud de las compañías” al otro día de que ganara Trump, dijo Gustavo Aguirre Jr., director del programa en el condado de Kern para la Red de Justicia Ambiental del Centro de California (CCEJN, en inglés). “Ahora dicen: ‘No gastes tu energía o tiempo’. Como diciendo: ‘Nos vale madre’”.
“Muchos no quieren creer que vivimos así”
El Valle Central está en la intersección de las industrias que más destruyen el medioambiente y contribuyen a la crisis climática: la petrolera y la agrícola. Esto incluye los lácteos y la industria de trenes y camiones diesel que transportan esta carga pesada.
Enormes compañías como Wonderful (conocida por sus Wonderful Pistachios y Pom Juice), o Bronco Wine Co. que cultivan uvas, Halo de las mandarinas, o Grimmway de las zanahorias, entre muchos otros, basan sus operaciones y sus campos de siembra aquí, donde rocían toneladas de pesticidas todos los días, año tras año.
Los trabajadores de estas industrias están expuestos a estos químicos de manera concentrada y prolongada y los efectos en su salud pueden ser devastadores, dice Aguirre.
Entre los químicos que contienen estos pesticidas está el 1,2,3-tricloropropano, o TCP, clasificado por el Programa Nacional de Toxicología como "que se puede esperar razonablemente" que cause cáncer, de estómago, hígado y otros. La Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California ha dicho que "no hay absolutamente ninguna duda de que es un carcinógeno genotóxico". La EPA dice que la exposición a largo plazo al TCP está relacionada con daño al hígado y los riñones.
“Muchas personas de afuera piensan que California es como una utopía, pero no ven las personas que viven con agua que no se puede beber ni bañar, con aire que es peligroso para la salud, con pozos que tienen ahí detrás. Son muchas cosas que bajan la calidad de la vida de las personas. Muchos no quieren creer que vivimos así, pero es nuestra vida”, dijo César Aguirre, organizador comunitario en CCEJN y hermano de Gustavo. Los padres de ambos eran trabajadores agrícolas en la comunidad.
Lo que muchas personas de afuera quizá no sepan tampoco es que en ciudades como Arvin los campos de siembra y los de extracción de petróleo están esparcidos entre las unidades residenciales, donde viven los latinos. Los pesticidas que se rocían en un sembradío cruzan la calle con una simple brisa.
Esto es lo que se conoce como injusticias ambientales: cuando los peligros ecológicos y los desastres climáticos tienen los impactos más severos en las personas de color, las tribus nativas y las personas de bajos ingresos.
Ejemplos atroces de esto son la crisis de envenenamiento por plomo en Flint, Michigan, la contaminación petroquímica en el Callejón del Cáncer de Louisiana (ambas comunidades de mayoría negra), y cómo el Río Colorado es represado en la frontera entre Estados Unidos y México que deja a los mexicanos del común sin agua.
Los químicos de los pesticidas que se rocían por todo el Valle Central además terminan en el suministro de agua. Más de 8 millones de californianos consumen agua desde 2001 en la que se ha detectado TCP, según encontró la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos de California. Un 60% de los 562 pozos contaminados están en el Valle de San Joaquín, en Kern, Fresno y Tulare, los tres condados agrícolas más importantes del estado.
El agua potable de la zona también está contaminada con los químicos que usan las compañías petroleras para extraer el combustible por medio del fracking, la extracción de petróleo inyectando a presión agua mezclada con químicos en el subsuelo.
“Muchos no saben (y es a propósito, verdad, todo lo que pasa aquí no se hace disponible al público, por razones obvias, si no, vas a tener miles de personas protestando por todo lo que está pasando)”, dice Gustavo, “es que todo el desagüe que sale de este campo petrolero se lo venden a una compañía-- Wonderful, los de los pistachos”, y con esa agua riegan sus campos. "Para ellos, este es su reino".
Las compañías petroleras usan 8 millones de barriles de agua al mes para el fracking, dice Gustavo, agua que toman del Río Kern, hoy represado.
Las refinerías gigantes, como Exxon o Shell, operan bajo regulaciones estatales, “pero en las comunidades, como son operaciones pequeñas, por ley no tienen que seguir las mismas regulaciones”, explica Gustavo.
Las compañías “pequeñas” (que igual hacen ganancias millonarias) no solo instalan pozos de petróleo en grandes terrenos como el del noreste de Bakersfield, un área de unas 30 millas cuadradas con unos 10,000 pozos colina abajo de Panorama Park. También los instalan frente a escuelas, al lado de clínicas y hasta en el patio trasero de personas como Manuel y María Elena Martínez.
“Una vez sí aventó el aceite hacia arriba”, dijo Manuel. “Oí el ruido y salí para atrás, y estaba todo el aceite prieto alrededor de la máquina”. La compañía, Sun Mountain Oil, cercó la bomba con una cerca.
CCEJN instaló un monitor de gases allí y cada vez que prenden el pozo se disparan los niveles de metano y de partículas, dijo César. Pero como Sun Mountain Oil está clasificada como “productor pequeño”, está exento de las regulaciones ambientales del estado.
“Antes lo prendían a diario, ahora lo prenden unos tres días a la semana”, dice Manuel. No deberían prenderlo para nada, pues no han instalado una medida de seguridad y sin ella las autoridades no les dan el permiso, explica César.
El peor aire de Estados Unidos
El Valle Central tiene el peor aire de Estados Unidos. Ciudades como Bakersfield, Fresno, Visalia y Arvin están año tras año entre las cinco primeras ciudades con peor calidad del aire, según el informe del Estado del Aire de la Asociación Americana de los Pulmones (ALA).
En el Panorama Park de Bakersfield, la gente sale a trotar por el borde de la montaña y en el fondo del valle, donde solo los separa un canal sucio de los miles de pozos activos. Allí se asientan las emisiones de gases cancerígenos que no se pueden ver a simple vista, como el metano, el cromo y la bencina-6, explica Gustavo.
Mientras habla, llega el olor a gas y a exosto: esos miles de pozos funcionan gracias a bombas que a su vez están operadas con motores que queman gasolina diesel.
La emergencia climática hace que todo esto sea peor. El calor excesivo empeora la contaminación por ozono, y los incendios forestales, exacerbados por condiciones inusualmente calientes y secas, causan picos en la contaminación de partículas pequeñas (conocidas como PM2.5).
De hecho, la contaminación del aire en todo el país está empeorando: se registraron más días que nunca en que la contaminación del aire llegó a niveles de "emergencia". En 2015-2017, a comparación con los dos años anteriores, 7.2 millones de personas más estuvieron expuestas a niveles récord de contaminación, según el último reporte de la ALA. Estos fueron los años más calientes desde que se lleva la cuenta.
Ocho ciudades en la lista de las más contaminadas incluso rompieron sus propios récords de picos peligrosos. De las cuatro peores, tres están en el Valle Central: 1. Fresno-Madera-Hanford, 2. Bakersfield, 4. Visalia.
Por eso no es de extrañarse que en el Valle de San Joaquín uno de cada cinco niños sufra de asma y más de 350,000 personas hayan sido diagnosticadas con esta enfermedad, en su mayoría latinos.
Solo si “estamos ya casi muriéndonos”
Cómo cuidar de estos pacientes es un reto. Estados Unidos es el único país industrializado que no ofrece días libres pagos por salud. Para muchos faltar al trabajo para ir al médico, así sea unas horas o sea una emergencia, significa ser despedido y reemplazado. Es un sistema de salud cada vez más criticado por ineficiente, enrevesado, que deja a muchos sin cobertura, y tan caro que aun quienes tienen seguro prefieren no atenderse por miedo a las cuentas.
Cuando Yesenia, la hija de los Martínez, estaba pequeña, le dolía constantemente la espalda, lloraba en las noches y le daba fiebre, cuenta María Elena. Una noche no paró de llorar y la tenían que llevar al hospital. En Arvin, donde viven, solo hay una clínica, sin especialistas. Tuvieron que manejar hasta Fresno, a dos horas de allí. Yesenia resultó tener una infección renal.
“Luego para ir al doctor aquí es carísimo”, dice María Elena, “nosotros solo vamos si de veras”, --”estamos ya casi muriéndonos”-- interrumpe su esposo Manuel. Ella se ríe y añade, “como con algún dolor que de veras no aguante uno … si les da una fiebre un día, como uno es de rancho, uno le hace remedios caseros. Ya si son tres días sí los lleva uno”.
Precisamente el tema del cuidado de salud, y la propuesta de ‘Medicare para todos’ de progresistas como Bernie Sanders (quien la propuso) y Elizabeth Warren, son de los que más dominan los debates presidenciales demócratas en esta elección. Para los inmigrantes latinos, este sistema de salud es aún más hostil. Muchos no dominan el inglés, desconocen el complejo sistema de pago y les resulta muy difícil lidiar con las compañías de seguros.
Tener un pozo bombeando petróleo a pocos pasos de su ventana tiene muchas ramificaciones para los Martínez, no solo por los gases que expele, o el petróleo que podría volver a salir disparado en cualquier momento.
“Nos afecta la salud”, dice María Elena, “solo el ruido: de tener 30 años viviendo aquí y no dormirte una noche siquiera unas 7 horas a gusto.”
“(Los pozos petroleros) están mero aquí en medio del pueblo”, en medio de escuelas, de un parque, una clínica, un centro de diálisis, dice.
A la pregunta de si le daría más paz que el pozo no estuviera, María Elena responde: “Pues sí”.