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Miles de migrantes en la incertidumbre: ¿qué se sabe de la disputa jurídica sobre el futuro de 'Quédate en México'?

Una Corte de Apelaciones bloqueó el programa el viernes y solo horas después lo restauró. Unos 25,000 migrantes se mantienen a la espera de una resolución a esta caótica disputa jurídica, que podría llegar hasta la Corte Suprema. Explicamos cómo se llegó hasta aquí y lo que está en juego.

Unos 25,000 migrantes que esperan en estados fronterizos de México para solicitar asilo en Estados Unidos aguardan en la incertidumbre y la confusión.

Este viernes, un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emitió una contradictoria decisión: solo horas después de haber bloqueado la continuidad del programa ‘Quédate en México’, los mismos jueces suspendieron su propia orden a pedido de la administración del presidente Donald Trump.

El programa estuvo legalmente suspendido por unas horas, por lo que cientos de migrantes acudieron a los pasos fronterizos con la orden de la corte impresa para exigir entrar, aunque no se les permitió el ingreso.

Este lunes se cumple el límite establecido por el panel de tres jueces para que la administración Trump presente los argumentos para defender su posición de que el programa causa “perjuicios importantes e irreparables a la seguridad fronteriza, la seguridad pública, la salud pública, y las relaciones diplomáticas”.

Desde la entrada en vigor del programa, se calcula que unos 60,000 migrantes han sido devueltos a México a esperar mientras se resuelven sus peticiones de asilo. AFP via Getty Images

Mientras tanto, los demandantes tendrán hasta el martes para refutar esta versión y exponer el difícil escenario que enfrentan los migrantes obligados a permanecer en México: el difícil acceso a ayuda legal y las duras condiciones de supervivencia —pobreza, extorsiones, lejanía de las cortes— que han obligado a muchos a regresar a los países de los que huyeron.

Los abogados civiles y las organizaciones proinmigrantes se mantienen a la espera de una resolución a esta caótica disputa jurídica, que podría llegar hasta la Corte Suprema.

Explicamos cómo se llegó hasta aquí y lo que está en juego:

¿Cuál fue el dictamen inicial?

En un primer momento el viernes, el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito votó 2-1 para declarar “nula en su totalidad” la aplicación del programa ‘Quédate en México’.

Al emitir la opinión en nombre de la mayoría, el juez federal William Fletcher dijo que hay pruebas irrefutables de que los migrantes que son devueltos a México a esperar la resolución de sus peticiones de asilo corren riesgo de “daño sustancial, y hasta la muerte”.

Según la decisión, el gobierno no tiene autoridad para enviar solicitantes de asilo a un país vecino bajo los estatutos de inmigración, y tampoco basado en una práctica de larga data. El tribunal también determinó que el programa violaba las obligaciones internacionales de Estados Unidos (contempladas bajo el Refugee Act o Ley de Refugiados) de no devolver a migrantes a países donde podrían enfrentar persecución.

¿Qué significaba el primer dictamen?

Desde el punto de vista legal, el dictamen significaba que la administración Trump no podría aplicar el programa en los cuatro estados fronterizos donde se implementó. Como consecuencia, unos 25,000 migrantes que esperan en México podrían acudir a los puestos fronterizos a solicitar su entrada a Estados Unidos, para esperar allí a la solución de sus solicitudes.

Los migrantes que llegaran en el futuro hasta la frontera sur no podrían ser regresados a México.

¿Por qué la Corte dio marcha atrás?

Solo horas después de su primer voto, la misma Corte suspendió por unanimidad la orden de suspender el programa, luego de recibir un recurso de emergencia del Departamento de Seguridad Nacional.

Con la decisión, el programa quedó restituido en su totalidad.

¿Qué sucedió en la frontera tras el dictamen?

Al enterarse de la orden de la Corte de suspender el programa, los activistas proinmigrantes ayudaron a cientos de ellos a presentarse en la frontera el mismo viernes y llevar el fallo de la corte a las autoridades fronterizas para exigir su ingreso.

Miles de migrantes esperan en el lado mexicano, bajo el programa Quédate en México implementado por la administración Trump en enero de 2019.AFP via Getty Images

Los que se presentaron fueron enviados de vuelta, en medio de la confusión.

La incertidumbre también se hizo latente en las propias cortes de inmigración, donde los casos de asilo de varios migrantes fueron aplazados hasta tener más claridad de bajo qué reglas proceder.

¿Qué pasará ahora?

El panel de tres jueces indicó al gobierno que presente argumentos escritos a más tardar el lunes y a los demandantes que respondan a más tardar el martes.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna respuesta del gobierno.

Entre los demandantes se encuentran el Central American Resource Center of Northern California, el Innovation Law Center y la Escuela de Leyes de la Universidad de San Francisco.

¿Acudirá Trump a la Corte Suprema?

La Casa Blanca no ha dicho si apelará el dictamen, pero a juzgar por otras acciones que ha tomado en el pasado, es más que probable que Trump lleve el caso hasta la Corte Suprema.

En otras demandas de grupos cívicos para impugnar su política migratoria, la actual administración se ha saltado a los tribunales de apelaciones en busca de dictámenes más expeditos en la máxima Corte.

La administración podría recurrir a los canales normales mientras continúa el proceso de apelaciones, o tramitar su apelación por la “vía rápida” y exigir una revisión de “emergencia” para reanudar el programa.

Recientemente la Corte Suprema le dio una victoria al presidente en el litigio en torno al nuevo reglamento de “carga pública”, pues permitió su entrada en vigor aun cuando continúan las demandas en los tribunales.

¿Qué es el programa ‘Quédate en México’?

El programa federal denominado Migrant Protection Protocols (MPP), Remain in Mexico o 'Quédate en México' fue aprobado a finales de 2018 por la administración Trump, bajo la sombrilla de medidas migratorias de ‘tolerancia cero’.

Entró en vigor en enero de 2019 y se implementó para frenar la llegada de solicitantes de asilo.

El grupo humanitario Human Rights First calcula que hasta el momento el programa ha obligado a unas 60,000 personas a esperar en el lado mexicano por una cita en los tribunales de Inmigración.

¿Cómo el gobierno ha defendido el programa?

La primera decisión de suspender el programa fue atacada por la administración Trump. La Casa Blanca la describió en un comunicado como “un mandato imprudente” que “amenaza nuestra estructura constitucional, impide que el Poder Ejecutivo ejecute fielmente las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso y proteja a los ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales”.

El Departamento de Justicia arremetió contra el fallo señalando que “no sólo ignora la autoridad constitucional del Congreso y el gobierno en cuanto a una política que ha estado vigente más de un año, sino que además extiende la asistencia a más allá de las partes ante la corte”.

Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional, dijo que la decisión era “grave e irresponsable”.

La administración Trump ha defendido que 'Quédate en México' es una de las razones por las que los cruces fronterizos ilegales disminuyeron aproximadamente 80%, en comparación con los detectados en mayo, cuando registraron su nivel máximo en 13 años.

Trump sostiene que el programa ha tenido “un gran éxito”, ayudando a “reducir la carga sobre las comunidades de Estados Unidos y aliviar la crisis humanitaria en la frontera sur”.

¿Qué dicen los defensores de los migrantes?

Los activistas y los abogados de inmigrantes consideran al programa como un desastre humanitario que somete a cientos de migrantes a la violencia, secuestros y extorsiones en ciudades fronterizas peligrosas en México.

Cientos han estado viviendo en tiendas de campaña justo al otro lado de la frontera mientras aguardan su fecha para comparecer ante la corte.

Washington también les ha dificultado las cosas a estos migrantes, al no proporcionarles suficiente tiempo para preparase para las entrevistas o consultar abogados.

Los activistas también argumentan que el programa viola las obligaciones de tratados internacionales contra el envío de personas de regreso a un país en donde probablemente sean perseguidas o torturadas por motivos de raza, religión, etnia, creencias políticas o pertenencia a un grupo social particular.

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