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Conservadores de la Corte Suprema dudan si deben permitir más audiencias a solicitantes de asilo

La Corte Suprema emitirá un fallo para junio próximo sobre si los solicitantes de asilo tienen derecho a una revisión de sus casos en un tribunal federal.
Migrantes hondureños esperan en Tijuana, en el cruce El Caparral, para solicitar asilo en Estados Unidos.
Migrantes hondureños esperan en Tijuana, en el cruce El Caparral, para solicitar asilo en Estados Unidos. Getty Images,

Por María Peña

WASHINGTON.— Al evaluar la política sobre la deportación expedita de inmigrantes indocumentados, los jueces conservadores que dominan la Corte Suprema de Estados Unidos han expresado dudas este lunes sobre si los solicitantes de asilo merecen o no una audiencia ante tribunales federales para defender sus casos.

Durante una audiencia de una hora, los nueve jueces vitalicios escucharon los argumentos a favor y en contra de otorgar nuevas audiencias para solicitantes de asilo, un asunto que nuevamente mostró el abismo ideológico entre los jueces conservadores y los de corte progresista.

El caso en cuestión tiene que ver con Vijayakumar Thuraissigiam, un campesino de Sri Lanka que se coló por la frontera sur de Estados Unidos en 2017, pero fue detenido por agentes fronterizos cerca de San Ysidro (California), cuando solo le faltaban 25 yardas para pisar el lado estadounidense.

Una ley de 2004 permite la “deportación expedita” de personas detenidas dentro de una franja de 100 millas en la zona fronteriza en un plazo de 14 días, y la Administración Trump quiere expandir esa práctica a nivel nacional.

Thuraissigiam fue colocado en trámites de “deportación expedita” porque en su entrevista preliminar con oficial de asilo, no pudo identificar a sus atacantes ni explicar sus motivos.

Durante la audiencia de una hora, el presidente de la Corte Suprema, el conservador John Roberts, pareció respaldar el argumento de la Administración de que el caso podría provocar una “expansión significativa” de nuevos reclamos de audiencias una vez que los migrantes logren llegar a un punto de entrada al país.

Tampoco el juez Samuel A. Alito pareció convencido sobre los méritos del caso en cuestión porque, a su juicio, Thuraissigiam no mostró un caso sólido, más allá de indicar que fue golpeado. 

Pero las juezas Elena Kagan y Sonia Sotomayor, ambas de corte progresista, consideraron que los solicitantes de asilo deberían tener derecho a una revisión judicial, independientemente de la eventual resolución de sus casos.

Thursaissigiam “tiene derecho al asilo si logra demostrarlo, y lo que intenta es tener una audiencia en la que pueda demostrarlo”, precisó Kagan.

Por su parte, Sotomayor indicó que la ley claramente establecer que los solicitantes de asilo “tienen derecho a quedarse si reúnen los requisitos”.

“Una cosa es cuando un extranjero viene y no tiene protección para quedarse acá, no tiene derecho legal a quedarse y en ese caso se permiten los procedimientos expeditos… pero cuando alguien pide asilo, tienen derecho legal a quedarse si reúnen los elementos del estatuto”, afirmó Sotomayor.

Uno de los abogados de la Administración Trump ante la Corte Suprema, Edwin Kneedler, repitió lo que el Departamento de Justicia ha dicho ante la máxima corte: que los inmigrantes no tienen derechos constitucionales respecto a sus solicitudes de ingreso al país, y que basta con lo que estableció el Congreso cuando dio luz verde a los procedimientos de deportación sumaria.

Según Kneedler, si la Corte Suprema falla a favor del demandante, eso aumentará el “potencial de una inundación” de casos similares.

Pero Lee Gelernt, el abogado de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por su sigla en inglés) que representa a Thuraissigiam, replicó que su cliente, al igual que otros inmigrantes, merece –bajo la Constitución– que un tribunal federal revise su caso.

Ante una pregunta de Roberts, Gelernt explicó que nadie disputa que un inmigrante indocumentado no tiene derecho "absoluto" a quedarse en el país,  pero el caso ante la corte es si éste tiene derecho a una audiencia de "habeas corpus". 

Gelernt señaló además que el testimonio de su cliente coincide con el de otras personas de la minoría tamil que han sufrido persecución y abusos en Sri Lanka, pero éste tuvo problemas de comunicación que posiblemente afectaron su caso.

Asimismo, Gelernt refutó el argumento de que los solicitantes de asilo inundarán los tribunales con peticiones de audiencia, conocidas en la jerga legal como peticiones de 'habeas corpus': de los 9,000 casos de asilo que el gobierno ha rechazado, sólo unos 30 solicitantes han iniciado esos trámites ante el Noveno Circuito de Apelaciones en el último año.

Kneedler replicó que el número de solicitantes en esa categoría en realidad se aproxima al centenar.

Desde que salió de Sri Lanka, Thuraissigiam tardó siete meses en llegar hasta la frontera sur, donde tenía previsto solicitar asilo argumentando que, como miembro de la minoría tamil en su país, fue secuestrado, vendado y golpeado, al punto que pasó 11 días internado en un hospital.

Sólo que su llegada a la frontera en febrero de 2017 coincidió con el inicio de la Administración Trump, que ha impuesto severas restricciones al proceso de asilo, y ha dicho que los “resquicios legales” están alentando la inmigración ilegal.

Las autoridades negaron su solicitud de asilo en una revisión preliminar de su caso –en la que los solicitantes deben mostraron “miedo creíble” a la persecución si son expulsados– y lo colocaron en la vía hacia la “deportación expedita”.  

La ACLU tomó el caso de Thuraissigiam, quien reside en la ciudad de Nueva York a la espera de una resolución favorable en su caso.

En declaraciones a Noticias Telemundo, Gelernt dijo que hay mucho en juego para los solicitantes de asilo, y negó el argumento del gobierno de que una audiencia ante un juez federal vaya a provocar el flujo masivo de inmigrantes indocumentados en la frontera.

Según Gelernt, la Corte Suprema jamás ha permitido la expulsión de un inmigrante sin darle primero la oportunidad de una revisión judicial, y este no es el momento para hacerlo.

"Nuestra Constitución establece el principio de que las personas privadas de libertad tienen acceso a un tribunal, y eso incluye a solicitantes de asilo" que huyen del peligro, argumentó.

Por ello, el dictamen que emita la Corte Suprema, previsiblemente para junio próximo, cuando concluye la sesión actual, podría afectar a miles de solicitantes de asilo que buscan una audiencia en un tribunal federal.

El caso llegó hasta la Corte Suprema después de que el Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en California, determinó en 2019 que la práctica de la “deportación expedita” de solicitantes de asilo –sin audiencias ante un tribunal federal, como lo permite una ley migratoria de 1996– viola sus derechos constitucionales.

Para llegar a ese dictamen, el tribunal de San Francisco se apoyó en un fallo de la Corte Suprema de 2008, que efectivamente respaldó el derecho al debido proceso de los detenidos en la base naval estadounidense en Guantánamo (Cuba) bajo cargos de terrorismo.

Para Gelernt, si la Corte Suprema falla a favor del gobierno, estaría revirtiendo el historial de justicia para los migrantes.

"Los fundadores del país valoraron mucho la figura del 'habeas corpus', tanto que la codificaron en la Constitución incluso antes que la Carta de Derechos", dijo Gelernt. 

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