Por Marina E. Franco
Genaro García Luna no podrá salir bajo fianza como pidió esta semana, y la fiscalía que lo indaga dio a conocer que su caso contra el mexicano acusado de narcotráfico ahora parece ser una investigación de una "red" de otros políticos "mexicanos corruptos".
Este viernes, en la audiencia sobre si podía salir de prisión preventiva en Nueva York, la fiscalía argumentó que sería un peligro permitirle salir de detención porque cuenta con un círculo de personas poderosas en México que lo ayudarían a esconderse o evadir la ley. La fiscalía reveló que algunos de esos exfuncionarios son considerados "coconspiradores en el caso".
Eso significa que podrían ser llamados a declarar o, tal vez, imputados en el futuro. No obstante, los fiscales no identificaron quiénes son esos políticos.
García Luna impulsó la llamada guerra contra el narcotráfico cuando era ministro de Seguridad Pública de México, durante el gobierno de Felipe Calderón. Vivió varios años en Miami, donde tenía una consultoría de seguridad (con oficinas aparentemente vacías) y desde diciembre está acusado en Nueva York de ayudar al Cártel de Sinaloa a traficar drogas hacia Estados Unidos.
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A inicios de esta semana García Luna solicitó vía sus abogados que le dieran una fianza de un millón de dólares, con el argumento de que no puede preparar su defensa desde el Centro Correccional Metropolitano en Manhattan y con la promesa de no escapar de la justicia si lo dejan llevar su proceso en libertad.
La fiscalía neoyorquina pidió al juez desestimar esa solicitud al considerar que "no se sostiene ni ante el escrutinio más mínimo” la promesa de no huir, tomando en cuenta las conexiones políticas y financieras de García Luna, así como sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El tribunal terminó dándole la razón este viernes a la fiscalía, por lo que García Luna se quedará recluido tras ofrecer hacer un pago con prácticamente todo el valor de sus propiedades y con el respaldo de personas garantes.
Fiadores, coconspiradores y testigos
La decisión de negarle la fianza fue tomada por el juez Robert Levy, un día después de que dejara el tema en suspenso: aplazó las deliberaciones el jueves porque dos de los tres posibles fiadores declararon que ya no estaban dispuestos a cubrir el pago para García Luna.
En esta ocasión, la defensa del mexicano presentó un paquete con diez posibles fiadores; uno de ellos es exagente del FBI y se dijo dispuesto a dar su casa como aval para costear 300,000 dólares del monto. Se reporta que el exagente es Carlos Villar, quien fue hace varios años el agregado legal en la Embajada estadounidense en México (país donde alguna vez recibió disparos) y que ahora encabeza una consultoría de seguridad llamada VR Global Security, con sede en Utah.
Otros de los fiadores identificados incluyen a Linda Pereyra, esposa de García Luna, a sus hijos, y un hombre de apellido Sarmiento, que posiblemente sea un contador en Miami llamado Gabriel Díaz Sarmiento que aparece en varios documentos legales relacionados al exministro mexicano.
Aunque los llamados coconspiradores no fueron identificados este viernes, en la audiencia del día anterior sí fue revelada nueva información sobre el caso que la fiscalía en Nueva York está armando en contra de quien alguna vez dirigió toda la política de seguridad de México.
Los procuradores indicaron, por ejemplo, que han conseguido más testigos para demostrar su acusación de que García Luna aceptó sobornos del cártel y que encontraron bienes raíces y propiedades que el mexicano habría escondido con el uso de paraísos fiscales, empresas fantasma y prestanombres.
"Actores criminales que tienen, como el acusado, acceso a funcionarios mexicanos corruptos y a los recursos del Cártel de Sinaloa han podido evadir la captura o las pesquisas judiciales en México durante años”, sentenciaron los fiscales al exhortar al juez que negara la fianza.
El exsecretario mexicano se ha declarado no culpable de todos los cargos. México ha abierto una investigación por desvío de fondos públicos adicional al caso penal en Estados Unidos.
García Luna enfrenta una posible cadena perpetua si es declarado culpable en un juicio. Todavía no hay fecha establecida para que este inicie, aunque se prevé que el 2 de abril reanuden las comparecencias previas.
El proceso ha sido aplazado por su complejidad (la cantidad de evidencia a ser revisada) y porque la fiscalía pidió más tiempo para negociaciones para un acuerdo con García Luna, posiblemente para que el político mexicano diese información a cambio de una sentencia menor. Sin embargo, los abogados de García Luna aseguran que no están buscando ningún acuerdo.
Estados Unidos castiga a gobernador de Nayarit
García Luna es la persona de más alto rango en México en ser vinculado a grupos de la delincuencia organizada, pero no es el único político o exfuncionario mexicano que ha sido relacionado al narco en los últimos años.
Este viernes, el Departamento de Estado designó al exgobernador Roberto Sandoval Castañeda como una persona corrupta, con lo que le prohibe el ingreso a territorio estadounidense.
Sandoval Castañeda fue el mandatario del estado de Nayarit entre 2011 y 2017 y, según la designación, desvió fondos públicos además de recibir pagos ilegales de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de los Beltrán Leyva. Los familiares de Sandoval Castañeda también fueron designados como persona non grata en la decisión del secretario Mike Pompeo.
De Nayarit ha sido acusado también el anterior fiscal Edgar Veytía, arrestado en San Diego en 2017 por cargos de obstruir investigaciones contra narcotraficantes y de ayudar a transportar droga.
Desde gobernadores, alcaldes o integrantes del Congreso, por lo menos una decena de otros servidores públicos han sido oficialmente investigados por aceptar sobornos de o trabajar junto con cárteles.
La lista incluye a figuras como Lucero Sánchez, exdiputada arrestada que supuestamente fue amante de El Chapo y quien declaró en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera; Tomás Yarrington, acusado de lavado de dinero, tráfico de drogas, extorsión y lazos con el Cártel del Golfo mientras lideró el gobierno de Tamaulipas; y Humberto Moreira, el antiguo líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y antes gobernador de Coahuila que fue investigado por presunto lavado de dinero para los Zetas.
Moreira al final libró la cárcel, aunque el gobierno mexicano actual, de Andrés Manuel López Obrador, ha denunciado que su exoneración fue una "farsa" de la administración previa. En 2018, un reportaje de Telemundo Investiga incluso develó documentos que exhibían una relación entre Moreira y un líder de los Zetas, Juan Manuel Muñoz Luevano, conocido como El Mono y actualmente imputado en Texas.
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