Una propuesta presentada este jueves por el Departamento de Justicia incrementaría casi nueve veces las tarifas que tienen que pagar los inmigrantes para apelar órdenes de deportación, hasta casi 1,000 dólares.
La tarifa actual es de 110 dólares y ascendería a 975 de aprobarse la propuesta.
Varios abogados aseguraron que esta medida reduciría las intenciones de no pocos inmigrantes de apelar sus casos, acelerando de hecho las deportaciones, de acuerdo con un reporte de The New York Times.
En línea con ese objetivo, el gobierno comenzó a probar en octubre un nuevo programa secreto que revisa rápidamente los casos de asilo y acelera las deportaciones de los migrantes que cruzan la frontera.
Conocido como Prompt Asylum Claim Review (Revisión rápida de solicitudes de asilo), el programa piloto agiliza el proceso de quienes buscan refugio para que se tome una decisión en 10 días o menos.
La revisión de los casos de asilos suele demorar meses o años, por lo que el intento de crear “deportaciones exprés” busca disuadir a los migrantes de cruzar la frontera y sacar más rápidamente a otros.
Aun así, Trump, que prometió deportar a "millones" de migrantes, aún no ha superado las 260,000 deportaciones en un solo año, en contraste con su predecesor demócrata, Barack Obama, a quien activistas calificaron de "jefe deportador", por enviar a sus países de origen a 409,849 personas solo en 2012.
Tarifa para llevar un caso ante la corte
Dentro del mismo paquete que contempla cobrar hasta 1000 dólares para apelar una deportación aparece la propuesta de que cada solicitante de asilo pague una tarifa de 50 dólares para que sus casos sean escuchados en la corte.
Hasta el momento, todo aquel que huye de una supuesta persecución y que presenta un recurso de asilo tiene derecho a ser recibido por un juez migratorio, independientemente de su solvencia económica.
En su argumentación, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, rama del Departamento de Justicia, estimó que los fondos colectados luego de que los inmigrantes paguen por recibir servicios jurídicos contribuirían a garantizar que los recursos judiciales estuvieran disponibles y aseguraría “que los contribuyentes estadounidenses no paguen una carga desproporcionada en la financiación del sistema de inmigración”.
Ahora las tarifas propuestas se encuentran en un proceso de debate público por un período de 30 días.
La última vez que estas tarifas migratorias se incrementaron fue en 1986.
La entidad también ha dejado en claro que solicitantes de asilo podrían pedir una exención de pago si no disponen de los fondos necesarios.
Activistas y abogados consideran que la imposición de esas tarifas viola la obligación legal del país de proporcionarles una audiencia completa y justa a los inmigrantes que huyen de condiciones peligrosas en sus países de origen.
“Creo que la nueva regulación propuesta es absolutamente escandalosa y tendrá consecuencias draconianas en la capacidad de los no ciudadanos en los procedimientos de expulsión para poder navegar y acceder al sistema que el Congreso estableció para estos procedimientos", dijo a The New York Times, Trina Realmuto, abogada directora del Consejo Americano de Inmigración.
Recientemente los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS en inglés), también anunciaron un drástico aumento en algunos de los trámites migratorios más populares.
Igualmente se aumentó el precio de las fianzas por la liberación de inmigrantes detenidos.
Y este lunes entró en vigor una regla que dificulta que los inmigrantes busquen un estatus legal permanente si antes han acudido a beneficios públicos, como Medicaid y los cupones de alimentos, conocidos como food stamps.
(editado por Ivette Leyva)