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Una nueva medida en su política migratoria le permitirá al gobierno de Donald Trump remover la ciudadanía a aquellos migrantes que consiguieron la ciudadanía en Estados Unidos pese a que en su pasado fueron condenados por cometer delitos como crímenes de guerra, agresiones sexuales, terrorismo o estafas.
La Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia (DOJ) establecerá una sección especial que estará a cargo de revisar los formularios N-400 dentro del proceso de obtención de la nacionalidad estadounidense y determinar en qué casos algún extranjero mintió sobre las actividades criminales en las que estuvo envuelto, según informó Fox News.
Si se logra demostrar que la ciudadanía fue conseguida con el “encubrimiento de un hecho material o la tergiversación intencional”, el gobierno estará facultado para revocarla.
La puesta en marcha de la nueva oficina fue posteriormente anunciada en un comunicado por el DOJ.
Algunas de las preguntas del mencionado formulario cuestionan si el aplicante estuvo involucrado en crímenes de genocidio y tortura, si fue parte de alguna organización terrorista o totalitaria, si estuvo asociado al gobierno Nazi en Alemania, o si fue condenado por algún delito y pasó tiempo en la cárcel.
“Cuando un terrorista o un agresor sexual se transforma en ciudadano estadounidense bajo falsas pretensiones, eso es una afrenta a nuestro sistema, y es especialmente ofensivo para quienes fueron víctimas de esos actos criminales”, explicó el asistente de fiscal general Jody Hunt.
El DOJ ha visto un aumento en la cantidad de fraudes de este tipo, según Fox News, en parte por la llamada Operación Segundo Vistazo (o Janus), que nació bajo la administración de Barack Obama, pero que bajo Trump cobró más fuerza identificando a miles de inmigrantes cuyas huellas dactilares no fueron ingresadas al sistema centralizado, por lo que podrían haber conseguido la nacionalidad haciéndose pasar por otra persona.
Un ciudadano estadounidense no puede ser deportado, pero aquellos a los que les revocan la naturalización vuelven a su estado anterior de residencia permanente, lo que abre la puerta a las autoridades para determinar su expulsión o la prohibición de entrada al país.
Esta nueva medida del Gobierno de Trump se suma a otras que el presidente ha promovido durante su mandato todas tendientes a endurecer las barreras de entrada de inmigrantes.
Este lunes entró en vigencia la regla de la carga pública, por la cual el gobierno puede negar la residencia permanente (Green Card) a los inmigrantes que reciban ciertos beneficios públicos.
Dos días después, un tribunal de apelaciones dictaminó a favor del gobierno de Trump, al permitirle retener millones de dólares en subvenciones con el objetivo de obligar a los estados a cooperar con las autoridades migratorias, en un golpe a las llamadas ciudades santuarios.
Otras leyes migratorias sufrirán cambios durante este año, como el incremento en las tarifas de los trámites de visa, el aumento en el costo de la residencia para inversionistas extranjeros o nuevos obstáculos para los solicitantes de asilos.