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La Corte de Apelaciones de Nueva York permite a Trump negar fondos federales a las ciudades santuario

El Gobierno puede retener cientos de millones de dólares de subvenciones contra el crimen en castigo por no colaborar con ICE.

Un tribunal de apelaciones dictaminó este miércoles favor del gobierno de Trump, alegando que este puede retener millones de dólares en subvenciones a fin de obligar a los estados a cooperar con las autoridades migratorias, en un golpe a las ciudades santuarios.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos en Manhattan revocó la decisión de un juez de la corte de distrito de que el Fiscal General carecía de la autoridad para imponer condiciones relacionadas con la inmigración en ciertos fondos.

El tribunal del Segundo Circuito anuló así el fallo que ordenaba a la administración liberar fondos del Programa de Subsidios de Asistencia de Justicia Edward Byrne Memorial a la ciudad de Nueva York y a siete estados: Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Washington, Massachusetts, Virginia y Rhode Island.

“El Fiscal General estaba legalmente autorizado para imponer las tres condiciones impugnadas en las solicitudes de subvención de Byrne”, escribió en su decisión de 77 páginas el panel de tres jueces. “El Fiscal General no pasó por alto importantes efectos perjudiciales de las condiciones cuestionadas para hacen su imposición arbitraria y caprichosa”.

Los siete estados y la ciudad de Nueva York demandaron al Departamento de Justicia alegando que la coerción del fiscal general era inconstitucional.

"El Departamento de Justicia ha forzado a los Estados a una posición insostenible: aceptar condiciones ilegales e inconstitucionales que disminuyen nuestra capacidad soberana de establecer nuestras propias prioridades de aplicación de la ley y proteger a nuestras comunidades, o perder la financiación de Byrne, socavando los programas vitales que dicha financiación respalda", escribieron los abogados de los estados y la ciudad en su demanda.

Las subvenciones Byrne, creadas en 2006, entregan a través del Congreso más de 250 millones de dólares anuales en fondos federales para los esfuerzos de justicia penal estatales y locales.

El Departamento de Justicia anunció a fines de julio de 2017 que más de 200 ciudades santuario serían descalificadas para recibir subvenciones Byrne si continuaban su incumplimiento con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En los últimos dos años, los tribunales federales de apelaciones en Chicago, Filadelfia y San Francisco se habían pronunciado contra el gobierno federal; el tribunal de Nueva York es el primero en fallar a favor del gobierno.

El caso podría pasar ante la Corte Suprema.

(editado por Ivette Leyva con información de Associated Press)