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Su hijo fue baleado en México por un patrullero fronterizo. No recibirán ni un dólar de indemnización

Con un voto dividido, y tal como lo había solicitado el gobierno de Trump, los jueces determinaron que este tipo de demandas no pueden ser presentadas por extranjeros en tribunales federales de Estados Unidos.

La Corte Suprema dictaminó este martes, con un voto dividido de 5-4, que la familia de un joven mexicano que fue baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza (CBP) en junio de 2010 no puede presentar una demanda en contra del uniformado.

La familia buscaba una compensación por daños y perjuicios por la muerte de Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años, quien recibió dos disparos por parte del agente Jesús Mesa, mientras jugaba con unos amigos cerca de la frontera en Ciudad Juárez, México. El agente se encontraba en El Paso al momento de disparar.

Una corte de Apelaciones había archivado este caso porque el menor era mexicano y se encontraba en suelo extranjero al momento de ser abatido. Pero en 2017 la Corte Suprema ordenó que se repitiera el juicio, ya que el agente Mesa no sabía, al momento de disparar, si la víctima era estadounidense o no.

Tras revisar el proceso, el Departamento de Justicia concluyó que el agente había actuado de forma apropiada con las normas de la CBP al momento de disparar, ya que antes había recibido la agresión con piedras de “unos traficantes que intentaban cruzar la frontera ilegalmente”. También declinó extraditar al agente a México para ser juzgado en ese país.

La familia de Hernández apeló entonces a la Suprema y alegó una compensación por la violación de los derechos acogidos en la Cuarta y Quinta enmiendas de la Constitución, las cuales hacen referencia a los derechos fundamentales a la privacidad, a no sufrir una invasión arbitraria y a tener un juicio justo.

Las víctimas se acogieron a los precedentes del denominado caso Bivens, sentenciado en 1971, y en que el máximo tribunal concluyó que cuando un agente federal viola dichas enmiendas hay lugar para una causa por daños y perjuicios.

Sin embargo, a casi 10 años de ocurridos los hechos, la Suprema determinó este martes lo contrario, negándose a extender el caso Bivens y aplicarlo al proceso contra el agente de la CBP.

Con esta resolución, la corte niega la opción de que extranjeros que no se encuentran en territorio de Estados Unidos en el momento de un incidente transfronterizo puedan presentar demandas de derechos civiles en un tribunal federal.

El juez Samuel Alito, argumentando a favor de la mayoría, afirmó que este caso representa “implicaciones de relaciones internacionales y de seguridad nacional”, según The New York Times, y afirmó que este tipo de demandas no puede ser revisada por tribunales estadounidenses, que es la misma opinión que tiene sobre el tema el gobierno de Donald Trump.

Hernández no es el único menor que ha muerto abatido por un agente fronterizo. En 2012, el agente Lonnie Swart mató al joven José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, luego de dispararle 10 veces en Nogales, Arizona. 

El agente también quedó en libertad aunque enfrenta a una demanda civil interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles en nombre de la madre del joven muerto.