Esta latina fue enviada a la cárcel por votar sin ser ciudadana. Ahora está libre pero puede ser deportada

La mexicana Rosa Maria Ortega participó en cinco elecciones en Texas e incluso votó al fiscal general que luego luchó por condenarla.
La mexicana Rosa Maria Ortega junto a sus cautro hijos, en una foto de 2017.
La mexicana Rosa Maria Ortega junto a sus cautro hijos, en una foto de 2017.Tribune News Service via Getty Images

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Una mujer latina que fue condenada en 2017 en Texas a ocho años de prisión por participar en varias elecciones pese a no ser ciudadana ha sido puesta en libertad tras pasar nueve meses en la cártel, pero ahora puede ser deportada a México.

Tras salir de prisión, Rosa María Ortega, de 40 años y madre de cuatro hijos, fue detenida de nuevo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). Una corte migratoria le concedió la libertad bajo fianza en enero, según informa el diario USA Today.

Su caso, sin embargo, no está resuelto, y según Jean Reisz, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad del Sur de California, sólo el perdón de un gobernador o del presidente podrían evitar que fuera deportada.

“Cualquier extranjero que haya votado en violación a la legislación federal, estatal o disposición local, es sujeto de deportación”, dijo Reisz al citado diario. 

Ortega llegó a Estados Unidos con 13 años proveniente de Monterrey. Tenía la residencia permanente, y según su abogado, Clark Birdsall, sintió que tenía el deber de participar en las elecciones por el hecho de vivir en el país.

La green card permite obtener la ciudadanía en tres (por matrimonio) o cinco años, pero no da derecho a votar. Ortega, sin embargo, se registró como republicana y participó en cinco elecciones entre 2004 y 2014, asegurando en el formulario de registro que era ciudadana.

“Ella no sabe. Tiene la tarjeta (green card) que dice ‘residente’, así que no marcó que no era una ciudadana”, explicó el abogado al diario The Washington Post, “no tenía un motivo oculto, otro que creer erróneamente que tenía un deber cívico que cumplir”.

Sin embargo, en una elección en el condado de Tarrant, en 2015, Ortega marcó que no era ciudadana. Su solicitud de voto fue entonces rechazada. Cinco meses después intentó votar nuevamente, ahora marcado que sí tenía la ciudadanía.

Algunos meses más tarde, dos detectives llegaron a su domicilio y la arrestaron.

El caso de Ortega no es el único. La ciudadana peruana Margarita Fitzpatrick fue deportada en 2017 a su país de origen. Un error al momento de solicitar su licencia de conducir la dejó registrada como votante y, sin saber que estaba cometiendo un ilícito, participó en las elecciones locales en Wichita, Kansas en 2005 y 2006. Tras dos décadas viviendo en Estados Unidos, hoy trata de rehacer su vida en Perú. 

Eligió al abogado que luego determinó su condena

En la elección presidencial de 2012, Ortega votó por el republicano Mitt Romney. Dos años después, su preferencia fue a favor de Ken Paxton como fiscal general de Texas. Paxton ganó y tres años más tarde participó en el juicio en contra de la mexicana, que terminó con el castigo de ocho años de cárcel.

“Este caso muestra cuán serio es para el estado de Texas mantener sus elecciones seguras, y el resultado es un mensaje para quienes violan la ley electoral de que serán procesados al máximo”, dijo Paxton en 2017 cuando se dio a conocer la condena.

Según el abogado de la mexicana, el castigo fue demasiado duro debido, en parte, a “la histeria de [el presidente, Donald] Trump que trataba de encontrar una explicación a por qué había perdido en cantidad de votos populares”, contra la demócrata Hillary Clinton en 2016.

En aquella oportunidad, el presidente afirmó, sin ninguna prueba, que si se eliminaban entre 3 y 5 millones de votos ilegales, él habría ganado la elección popular.