Por Albinson Linares
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en una conferencia de prensa matutina desde Baja California que el exmandatario Enrique Peña Nieto "permitió la corrupción" y aseguró que su gobierno continúa las investigaciones sobre la gestión que lo precedió.
"Todos los expedientes que se encontraron abiertos se les dio continuidad, no se cerraron porque no tenemos relaciones de complicidad con nadie", afirmó López Obrador y volvió a insistir en que su gobierno no va a realizar "ninguna denuncia en contra de los expresidentes", a menos que la ciudadanía se lo exija.
El 20 de febrero, López Obrador había dicho que no tenía información de que existiera una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, como afirmó el diario estadounidense The Wall Street Journal en un reportaje publicado el 19 de febrero. El mandatario aclaró que lo que sí sabe es que la fiscalía lleva adelante un proceso contra Emilio Lozoya, el exdirector general de Petróleos Mexicanos y cercano colaborador de Peña Nieto, pero como se trata de un ente autónomo, no tiene que informarle sobre sus investigaciones.
“Nosotros hemos dicho que solo presentaríamos denuncia contra los expresidentes si los ciudadanos nos lo piden, porque pensamos que debemos de pensar hacia adelante”, aseveró el mandatario. “Solo en el caso de que los ciudadanos reúnan las firmas para que se lleve a cabo una consulta y la gente decida si se presenta denuncia, no solo contra el expresidente Peña, sino contra todos los expresidentes del periodo neoliberal, los que causaron la tragedia nacional”.
Lozoya fue arrestado en España el 13 de febrero y está esperando una audiencia en la que se decidirá la solicitud que México ha hecho para su extradición. Los fiscales mexicanos lo acusaron de recibir millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y la siderúrgica mexicana Altos Hornos.
“La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en Agronitrogenados y Odebrecht llega al más alto nivel”, le dijo un alto funcionario a The Wall Street Journal, refiriéndose a Peña Nieto. “La extradición y [cualquier posible] confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente será acusado en el futuro”.
Aunque López Obrador finalizó 2019 con un alto índice de aprobación (72% según una encuesta nacional), en las últimas semanas ha enfrentado diversas protestas ciudadanas como las de los padres de los niños con cáncer que acusan a su gestión del desabasto de medicinas para los tratamientos médicos y el movimiento de protestas desatado por los asesinatos de dos mujeres.
Se trata de los casos de Ingrid Escamilla, de 25 años, quien fue apuñalada, desollada y desentrañada, y la niña, Fátima Cecilia Aldrighett, de 7 años, que fue secuestrada al salir de la escuela y su cuerpo fue hallado en una bolsa de plástico el 16 de febrero. Estos crímenes han desencadenado una ola de indignación que se ha reflejado en acciones de calle y un intenso movimiento de denuncias en redes sociales y los medios de comunicación con el fin de exigirle al gobierno que tome acciones concretas contra los feminicidios. Según la ONU, el número total de mujeres que mueren de manera violenta en México se ha incrementado: en 2017 se registraban siete homicidios diarios, pero en 2019 la cifra aumentó a diez homicidios por día.
Los feminicidios se están convirtiendo en la prueba más importante para López Obrador en lo que va de su sexenio, y muchos de sus detractores califican sus respuestas ante esa problemática como insensibles y condescendientes.
“Los feminicidios dominan la opinión pública, es un tema que excede al presidente y eso lo saca de sus casillas porque así no puede manejar la agenda mediática”, explica Maria de los Ángeles Estrada González, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey. “Eso está muy vinculado a que empiece a sacar cartas relacionadas con sancionar a los expresidentes pero pareciera ser una cortina de humo para distraer a la gente porque ya nadie está hablando de la rifa del avión, por ejemplo”.
Legitimación política
La propuesta de enjuiciar a los exmandatarios mexicanos se remonta a la campaña electoral de López Obrador, quien suele esgrimir esa idea de tanto en tanto. Luego de ganar las elecciones de 2018 planificó una consulta popular para el 21 de marzo de 2019 con el fin de que la ciudadanía decidiera si debía enjuiciarse a líderes mexicanos como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a quienes el actual mandatario responsabiliza de crear un modelo neoliberal que, según él, ahondó la desigualdad y los problemas de pobreza en el país.
Sin embargo, el 13 de marzo de 2019 canceló esa consulta diciendo que antes debía reformarse el artículo 35 de la Constitución mexicana que establece, entre otras condiciones, que ese tipo de actos deben ser convocados por el congreso, contar con al menos el equivalente al 33% de los integrantes de las cámaras legislativas o los ciudadanos, en un número equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Además deben realizarse el mismo día de la jornada electoral federal.
“No es sencillo convocar esas consultas, pero lo más resaltante de eso es que en México nunca un presidente ha encarcelado a otro, eso no ha pasado aquí”, explica Carlos Illades, académico de la de la UAM-Cuajimalpa. “López Obrador siempre dice eso como para ver cuál es la reacción de la opinión pública pero realmente dudo que haya una investigación sobre Peña Nieto”.
Según diversos investigadores, el enjuiciamiento de los expresidentes se ha convertido en una suerte de espada de Damocles que el mandatario esgrime cuando cree necesario. Illades cree que un proceso judicial de ese tipo sería un acto sin precedentes que reforzaría la popularidad del mandatario en momentos de crisis, además de que podría asegurar la sucesión presidencial del próximo candidato de Morena, el partido gobernante fundado por López Obrador.
“La posibilidad de que sea el pueblo de México quien demande o exija que se enjuicie al expresidente Peña Nieto es más un tema de legitimación política y social”, asevera Luis Pérez de Acha, exmiembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. “Creo que la aproximación de López Obrador es interesante porque parece que no quiere meter las manos en ese caso, sino más bien dejar que la fiscalía y el Poder Judicial actúen para que se determine a los responsables”.
Pérez de Acha fue uno de los impulsores de las investigaciones por corrupción durante la presidencia de Peña Nieto con casos como la Estafa Maestra, la Casa Blanca y los desfalcos de gobernantes regionales como Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua y Mario López Valdez en Sinaloa, y no vacila en afirmar que “por acción o por omisión” el exmandatario está relacionado con los mayores casos de corrupción del país.
“El caso de la Casa Blanca, la residencia privada de Peña Nieto, marcó una pauta de tropiezo, de descrédito pero además era una especie de justificación para la administración pública porque si el presidente estaba implicado en temas de esa naturaleza, pues todos los demás tenía legitimación para incurrir en prácticas corruptas de gran envergadura”, asevera Pérez de Acha. “El resultado fue la comisión de delitos de corrupción que son sancionables conforme a las leyes mexicanas y que, en varios casos, apuntan directamente al expresidente”.
¿Puede enjuiciarse a los expresidentes de México?
López Obrador dijo en su conferencia de prensa que, según el artículo 108 de la Constitución mexicana, “no se puede juzgar a los presidentes de México más que por delitos de traición a la patria, no se puede juzgar por delitos de corrupción, bueno hasta hace poco la corrupción en México no era delito grave”.
Varios expertos difieren de ese argumento del mandatario y afirman que el artículo le otorga una suerte de inmunidad temporal al cargo presidencial, con el fin de mantener la consecución del Estado y su funcionamiento, pero eso se acaba cuando finaliza el mandato.
“Las autoridades mexicanas dependientes del presidente como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal y la Secretaría de la Función Pública pueden actuar por su cuenta, sin necesidad de que se haga una consulta popular”, asevera Pérez de Acha.
Según Estrada González, la académica del Tec de Monterrey, todo se trata de una mala interpretación del artículo constitucional: “Según el presidente pareciera que el 108 incluye a los exmandatarios pero eso nunca ha sido así, ni en la Constitución de 1857 ni en la de 1917. Los expresidentes son ciudadanos comunes y corrientes. Si la fiscalía empieza a investigar y consigue elementos suficientes por actos de corrupción, homicidios, robos o cualquier otra actividad delictiva incluida en el código penal, claro que pueden ser enjuiciados”.
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